Ante el robo de la sanidad pública, mantengamos la movilización

El pasado 13 de noviembre, miles de madrileños salieron a la calle en defensa del sistema público de salud, que el gobierno regional está desmantelando para entregarlo a la rapiña de unas empresas.

A pesar de que las direcciones de algunas organizaciones mayoritarias no convocaban esta manifestación, y que tampoco fue muy difundida por los grandes medios de comunicación, fue muy importante la respuesta de trabajadores y vecinos, y una buena muestra de su disposición para la lucha en defensa de este servicio público en proceso de liquidación.

Cada vez son más numerosas las pruebas del destrozo que están ocasionando en un servicio que funcionaba razonablemente bien, a pesar de la saturación a que nos tenían sometidos y la dejadez generalizada de los sucesivos gobiernos. Pero el desmantelamiento que están provocando los consejeros de Aguirre, primero Lamela y ahora Güemes, supera el peor de los escenarios imaginados:

- La saturación y listas de espera siguen aumentando, al tener paralizada la construcción de los prometidos y necesarios centros de salud.

- Los nuevos hospitales están infradotados de personal y equipos, incluso sin especialidades tan generales como ginecología en alguno de ellos.

El número total de camas no ha crecido, ya que se están cerrando en los hospitales públicos de referencia.

Nuestra salud está en juego, y no debemos consentir que se deje en manos de los especuladores que sólo buscan el máximo beneficio económico.

El gobierno de Aguirre tiene que rectificar y devolver a los madrileños un sistema que, sólo si es público, podemos entre todos controlar. Si son tan dogmáticamente defensores de la iniciativa privada, ¿por qué no abandonan sus cargos públicos? Están poniendo en juego el futuro de su propio gobierno, pues no podemos aceptar que, en nombre del pueblo, se desmantele y robe lo que al pueblo pertenece.

Junto a la sanidad, otros muchos servicios, como la enseñanza o la gestión del agua, se ofrecen también al sector privado para convertirlos en un gran negocio, con el consiguiente encarecimiento y deterioro en su gestión. Y en el ámbito municipal lo mismo está ocurriendo con los servicios sociales, la cultura o el deporte, tanto en la capital como en otras localidades.

La movilización sostenida y conjunta de trabajadores y vecinos es el único camino para paralizar este desastre. Y esta movilización tiene que seguir creciendo, confluyendo con otros sectores afectados por el mismo saqueo, y sumando y multiplicando el número de apoyos y participantes.

POR UNA SANIDAD PÚBLICA Y DE CALIDAD
- Sin listas de espera
- Con más personal
- Construcción urgente de nuevos centros públicos de salud y especialidades

CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LA SANIDAD PÚBLICA
- Porque la salud no es un negocio

POR UNA LEY ESTATAL QUE IMPIDA LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD
- Derogación de la ley 15/97 y de todas aquellas leyes, autonómicas o estatales, que lo permiten

Llamamiento a l@s madrileños: Nos roban la sanidad pública, defendámosla con una gran movilización

Asistimos en Madrid a un proceso privatizador sin precedentes, por su envergadura, por su celeridad y porque se trata de uno de los bienes más preciados de los ciudadanos, el servicio público de sanidad.

Los intentos de privatización vienen de atrás, y los poderes públicos y empresariales llevan décadas fomentando los seguros privados mientras degradan la pública con la masificación, las listas de espera, la falta de personal, etc. Pero el ritmo resultaba lento, porque incluso las élites, cuando se enfrentan a un problema de salud severo, terminan recurriendo a los hospitales públicos, que son los que disponen de los mejores recursos y profesionales.

El gobierno ultraliberal de Esperanza Aguirre ha declarado la guerra a la sanidad pública, y está dispuesta a acabar con ella en dos legislaturas.

El proceso ideado es el siguiente:

- Desprestigio de la atención pública, incluso acusando a de asesinato a profesionales de reconocido prestigio como el Dr. Montes.

- Incentivos salariales al personal sanitario, que multiplican por 2 o 3 la nómina, y de esta manera neutralizan su posible malestar y protesta ante el cambio.

- Construcción de nuevos hospitales con financiación privada, a cuyas empresas la Comunidad se compromete a pagar un alquiler por 30 años (lo que multiplica por 4 el coste de una construcción realizada con dinero público), y cediendo la gestión y personal a empresas privadas que cobran un canon por cartilla asignada. De esta manera Esperanza Aguirre ha alardeado de la realización de muchas obras, pero con dinero privado que nos costará mucho devolver a los contribuyentes.

- Desmantelamiento de los hospitales públicos de referencia, a través de planes directores que eliminan gran parte de sus camas, y cesión de la prestación de los servicios a empresas privadas. De esta manera no aumenta el número total de camas, sino que se mantiene, con los mismos o mayores déficits, y se transfiere la gestión pública a manos privadas.

Las consecuencias del proceso realizado hasta ahora poco han tardado en notarse:

- Reducción del personal sanitario y administrativo, ocasionado por la suspensión de la contratación temporal

- Derivación de pruebas a hospitales privados

- Insuficiente dotación de los nuevos hospitales, por su reducido tamaño:

o No disponen de todas las especialidades, con lo que la aparente cercanía encubre una lejanía real para el tratamiento de muchas de las enfermedades.

o Personal insuficiente para asegurar una atención las 24 horas del día, lo que produce una situación crítica en la atención de Urgencias.

El plan privatizador tiene su continuidad en las siguientes fases:

- Privatización de la atención primaria y especialista (ambulatoria), haciéndola depender de las mismas empresas que gestionan los hospitales privatizados.

- Incentivos económicos al personal médico que ahorre costes a la empresa, lo que fomentará la reducción de pruebas diagnósticas o derivaciones hospitalarias.

- El retraso de esta fase está provocando que la Comunidad tenga paralizada la construcción de los 55 centros de salud necesarios y que había prometido en esta legislatura, con la saturación de los existentes, en particular en los nuevos desarrollos urbanísticos.

¿Qué se persigue con todo esto?

Quieren convertir la Sanidad en un gran negocio, en el que puedan obtener beneficios los grandes capitales nacionales o extranjeros. Sólo en Madrid la Sanidad Pública mueve 7.000 millones de euros que quieren convertir en un botín para los usureros. Las carencias que producirá el afán de lucro, fomentarán la contratación de seguros privados para mejorar la atención, acabando con la universalización sanitaria que aseguraba una atención de calidad a todos, sin tener que añadir nada a lo que ya pagamos a través de los impuestos.

Este proceso privatizador no es un invento de Esperanza Aguirre. Gobiernos anteriores, en otras comunidades autónomas y países, incluso que se reclaman de izquierdas, han ejecutado políticas privatizadoras en la sanidad y otros sectores hasta entonces públicos. La Unión Europea impulsa estos procesos con directivas que pretenden de obligar a sus Estados miembros. Y en España existe una legislación aprobada por las Cortes (la ley 15/97) que permite este desmantelamiento, lo que convierte en cómplices a todos los partidos que la apoyaron y no la derogan.

¿Cómo podemos parar este atropello y robo?

Las personas responsables que impulsan este proceso, en particular la presidenta de la Comunidad y el consejero de Sanidad, no son dignos del cargo público que ocupan, puesto que si no creen en los servicios públicos lo más coherente es que se vayan a trabajar a la empresa privada y no metan mano en la bolsa que es de todos.

No podemos consentir que desmantelen lo que con tantos años de esfuerzo hemos construido los ciudadanos, para convertir la sanidad en un negocio lucrativo en manos de empresas cuyo único afán es conseguir el mayor beneficio económico.

Muchas son las acciones de protesta que se vienen realizando a lo largo y ancho de Madrid en los últimos años, en las que han participado miles de trabajadores y vecinos afectados por esta privatización; y muchas son las plataformas que se han creado en defensa del patrimonio común de la sanidad pública, tanto de trabajadores como de vecinos y usuarios.

Es urgente dar un paso más en esta lucha, pasar de la resistencia a la ofensiva, hasta conseguir paralizar por completo esta monstruosidad. Las madrileñas y madrileños así lo demandan, pues cada día que pasa el proceso se hace más irreversible.

Hay que realizar una primera GRAN MANIFESTACIÓN en la que salgamos a la calle trabajadores y vecinos, con estos tres objetivos:

POR UNA SANIDAD PÚBLICA Y DE CALIDAD
- Sin listas de espera
- Con más personal
- Construcción urgente de nuevos centros públicos de salud y especialidades

CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LA SANIDAD PÚBLICA
- Porque la salud no es un negocio

POR UNA LEY ESTATAL QUE IMPIDA LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD
- Derogación de la ley 15/97