Vallecas: La participación apaleada

Un grupo de vecinos acude al Pleno de la Junta de Distrito a expresar sus quejas porque el Ayuntamiento de Madrid no les permite celebrar unas fiestas populares en un solar libre. Y el “tolerante” Gallardón, por medio de su delegada en el distrito, Eva Durán, decide desalojarlos a palos, con detenciones incluso.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de su reglamento de participación ciudadana, ofrece a los vecinos participar en unos órganos que no tienen competencia ninguna, los consejos de participación del distrito. Fuera de este cauce, nada de nada.

Es el dogma de la democracia representativa llevada a su máxima expresión: Como han sido elegidos (aunque sea con irregularidades, como ocurrió en la Comunidad de Madrid en 2003), usurpan la voluntad de sus representados en todos y cada uno de los aspectos de la gestión pública. Y quien quiera expresar su opinión fuera de los cauces establecidos, lo que le espera es la represión, como han experimentado en sus carnes los vallecanos.

No hace muchos años ocurrió algo parecido en la Elipa (Ciudad Lineal), en cuyo pleno también fue detenido con cargos el presidente de una Asociación de Vecinos. Son varios los vecinos que han sufrido sanciones injustas, incluso condenas de cárcel, por protestar contra la implantación de parquímetros absurdos en la periferia. Y recientemente fueron detenidos 52 activistas por desplegar una pancarta en un edificio madrileño. La cosa se está poniendo seria.
El episodio podría haber pasado como un hecho aislado o anecdótico, si no fuera por los antecedentes mencionados y el contexto en el que se inscribe.

Falsa apariencia de participación.- El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, con Gallardón a la cabeza, trata de dar una imagen tolerante, de buen rollo, incluso progresista, y cercana a los agentes sociales. Es verdad que ciertas cúpulas de algunas organizaciones sociales (favorecidas por cierta financiación institucional) están avalando con su actitud esta imagen que tiene mucho de propaganda y muy poco de realidad. La prueba palpable es el Reglamento de Participación Ciudadana mencionado antes, que sólo se aplica cuando no existen competencias sobre las que decidir, y en cambio no sirve cuando se trata de compartir las decisiones importantes, o simplemente no se cumple cuando se trata de la gestión de los centros municipales.

Centralización absoluta de la vida municipal.- Que no sólo vacía de competencias a las Juntas de Distrito, sino que conlleva también la privatización y la eliminación de ciertos acontecimientos populares como las fiestas de barrio, que fueron rescatadas tras la larga noche del franquismo, y que este Ayuntamiento las está suprimiendo con la excusa de la crisis (más bien su ruina presupuestaria), desapareciendo así uno de los elementos más importantes en la creación del tejido social en los barrios.

Criminalización de los movimientos sociales alternativos.- La llamada guerra contra el terror iniciada por Bush, a la que se han apuntado la mayoría de poderes mundiales, ha instaurado la doctrina del “conmigo o contra mí”, estigmatizando a las personas o colectivos que no quieren participar del pensamiento único y que además deciden mostrar sus opiniones con acciones críticas contra los abusos del poder económico y político. En el caso de Vallecas, ciertos medios de comunicación y representantes municipales han querido estigmatizar a algunos dirigentes de la protesta por el simple hecho de haber formado parte de una candidatura electoral, perfectamente legal pero que a algunos no les gustaba. Una vez experimentado con cierto éxito en otros lugares, se abre en Madrid la veda para que cualquier persona o grupo protestón pueda ser inculpado como terrorista, tratando de alejarlo de su base social y aplicando la represión por medio de los cuerpos de seguridad y del código penal.

Estado policial.- Vivimos una oleada represiva en la que Estado trata de controlar todos los movimientos y pensamientos de los ciudadanos, vigilados constantemente y a los que se les identifica por cualquier motivo o sin él, en particular si presentan rasgos diferenciados. Entre este estado de cosas y una dictadura, no hay mucha distancia. Los vecinos y ciudadanos deberíamos prestar más atención a estos procesos anti-democráticos, mostrando una mayor resistencia en lugar de refugiarnos en nuestra vida privada, que también está vigilada. Porque lo que pretende este dispositivo represor es desactivar los focos de resistencia popular para que los poderes económicos tengan mayor facilidad para obtener unos mayores márgenes de beneficio a costa del deterioro imparable de los servicios y las condiciones de vida de los ciudadanos, en el trabajo, en el barrio o en el centro de estudios. Nuestra vida mejorará en la medida en que nos preocupemos por el bienestar colectivo, ya que así podremos alcanzar niveles satisfactorios de bienestar particular. Y para ello debemos organizarnos y luchar.

La financiación local y el gasto social

En febrero de 2006 el PSOE anunció la reforma de la financiación local y que se iba a llevar a cabo de forma paralela a la reforma de la financiación autonómica, con el fin de reforzar el papel de las corporaciones locales.

Recientemente ha culminado el proceso de reuniones y negociaciones de la reforma del sistema de financiación de las autonomías con un aumento de los recursos. Ríos de tinta han polemizado sobre las bondades o maldades de este nuevo sistema, sobre todo del reparto de los Fondos Adicionales que sólo representan el 10% de todo el sistema, sin embargo, el gran olvidado, un vez más, ha sido el nuevo modelo de financiación local. Pero no es exactamente un olvido, sino que se ha congelado conscientemente, con la excusa de la crisis. Manuel Chaves, vicepresidente del Gobierno y ministro de Política Territorial, anunció el pasado 21 de julio que “el nuevo modelo de financiación local no saldrá adelante hasta 2011”. Esto representa un aplazamiento de cinco años, y veremos cuántos más, respecto al anuncio de la reforma de un sistema que fue implantado por el PP.

Las reacciones, incluso desde el entorno del PSOE, no se han hecho esperar. La Federación Asturiana de Concejos (FACC) respondió que “el anuncio es una noticia decepcionante”. El alcalde socialista de Siero dijo que “es una malísima noticia y un varapalo en toda regla. No sé que quieren hacer con los Ayuntamientos”.

Chavez incluso dejó claro que no entra en los planes del Gobierno acceder a la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), encabezada por el alcalde socialista de Getafe, Pedro Castro, sobre la ampliación con 3.000 millones de euros el fondo de 5.000 millones destinados a las administraciones locales en 2010.

Pero, como afirmó el profesor Subirats hace unos meses en El País, en un artículo sobre las ciudades y los vecinos frente a la crisis: “el problema de las ciudades y de los ciudadanos no es sólo coyuntural, es estructural”. Explicaba en ese mismo artículo que “mientras las comunidades autónomas han pasado de no existir a controlar más de una tercera parte del gasto público, los municipios siguen anclados en cifras que rondan el 15% de ese gasto público total, lejos del 24% en que sitúa la media comunitaria. Para gastar, hay que recibir transferencias y recaudar”.
El problema estructural al que se refiere Subirats, es que, después de más de 30 años de democracia, la descentralización de recursos no ha llegado a los Ayuntamientos. La administración municipal es la más cercana a los vecinos y habitantes de un territorio, sin embargo, no cuentan con los recursos necesarios para garantizar de forma universal la prestación de los servicios públicos, ya sean “propios” o “impropios”.

La FEMP se queja amargamente de que los gastos “impropios” (es decir, aquellos que no son su competencia ni cuentan con transferencias de fondos para hacerles frente) representan el 30% del gasto total de todos los ayuntamientos (el 35% si se contabilizan las aportaciones de los propios usuarios). (Informe FEMP 2007).

Un ejemplo de lo que esto supone nos lo ofrece de forma cristalina la financiación de los servicios sociales. “Los municipios siguen aportando el 60% del presupuesto para servicios sociales, alrededor de un 30% las comunidades autónomas y el Gobierno apenas asume el 10%” (Carmen Morán. El País. 20.7.09). El porcentaje no sería el mayor problema si las cantidades reales fueran suficientes para respaldar un sistema social bien desarrollado. Pero, por ejemplo, el Plan Concertado para la financiación de los servicios sociales en ayuntamientos y diputaciones, aprobado en 1987, contaba en 2005 con 829 millones de euros, de los que el Gobierno aportó tan solo 96, lo mismo que ha costado el fichaje de Cristiano Ronaldo, y a años luz del dinero destinado a salvar los bancos.

La infradotación de los municipios ha tenido como primera consecuencia el arrastre de una situación de gran subdesarrollo social, que no se reduce, frente a los principales países europeos. Además, los ayuntamientos se han visto obligados a buscar otras fuentes de financiación para tratar de ampliar sus exiguos presupuestos. Los que han podido, han recurrido al endeudamiento, y muchos, han llegado a depender de los ingresos obtenidos de la actividad urbanística. Según fuentes de investigación universitaria en 2004 “el 43,8% de las inversiones de los Ayuntamientos se financiaron con recursos procedentes del urbanismo”. (Manuel Esteban y José Sánchez). Los ayuntamientos han vendido su patrimonio, colaborando en el incremento de la espiral especulativa durante años, no sólo para pagar inversiones y servicios “impropios”, sino incluso para cubrir gastos corrientes. Factores como la dependencia del urbanismo y la venta de patrimonio municipal, unidos a la cultura del pelotazo a través de las recalificaciones del suelo, han sido el caldo de cultivo en el que han proliferado las tramas de corrupción por toda la geografía española.

Si al hecho de que los ayuntamientos cuenten con escasos recursos le añadimos el paupérrimo porcentaje de sus presupuestos que algunos dedican a gasto social, como ocurre con el de Madrid que dedica poco más del 5% de su presupuesto total, pues nos encontramos con que los recursos que se destinan a gasto social son la última prioridad de las administraciones, y, además, con la excusa de la crisis, en proceso de recorte y retroceso como demuestran las medidas adoptadas por el ayuntamiento madrileño respecto a la atención a domicilio o a la subasta de las escuelas infantiles públicas de gestión indirecta al “mejor postor” (el más barato para la administración).
No tendremos ni siquiera la opción de tener unos servicios sociales universales y, en conjunto, un sistema de servicios públicos dignos de tal nombre, mientras la financiación de las administraciones sea tan centralista. El debate de en qué se gastan los recursos públicos es vital, pero de nada sirven todas las propuestas de las Agendas 21, las propuestas en los Consejos Territoriales, en las Juntas de Distrito o en los propios Ayuntamientos si los recursos llegan a las administraciones públicas más próximas a las personas con cuentagotas mientras vemos cómo se derrochan, una y otra vez, en gastos que sólo benefician a una pequeña minoría social.

¿Qué papel debe jugar el movimiento vecinal ante la crisis?

Atravesamos una grave crisis, cuyo alcance y desenlace ha sumido en la incertidumbre a todo el planeta. Es preciso conocer su naturaleza, y el papel que deben desempeñar ante ella los movimientos sociales, en particular el vecinal.

El capitalismo es el sistema que domina las relaciones económicas en el mundo actual. Está basado en la búsqueda del lucro de unos pocos a costa de la explotación de la mayoría de la humanidad y del planeta. Este fundamento individualista e insolidario provoca unos desajustes que desembocan en crisis cíclicas, como la presente, siendo accidental o secundario el fenómeno concreto que lo desencadena (en este caso las llamadas hipotecas basura).

La crisis produce convulsiones en el sistema financiero (flujo de capitales, bolsas de valores) y destrucción del tejido productivo (cierres de empresas, despidos masivos), aumentando considerablemente el número, ya de por sí elevado, de los excluidos del sistema. El aumento de la pobreza, los desahucios de viviendas, las desestructuraciones familiares, la ruina de pequeños comercios, la competencia por unos recursos (laborales, formativos, servicios sociales) cada vez más escasos, etc. se refleja también en la vida de los barrios, lo que aviva las tensiones entre las comunidades, creando un caldo de cultivo para las actitudes excluyentes y xenófobas.
Se puede observar con claridad que, como en anteriores ocasiones, los responsables que han provocado la crisis (banqueros y grandes propietarios de los medios de producción y distribución) tratan de que el peso y consecuencias de la misma recaiga sobre las víctimas, es decir, los sectores de población explotados.

El capital, que domina casi todas las esferas de la vida social, controla también las instituciones (aunque estas sean elegidas por sistemas democráticos), bien colocando a sus representantes a través de los partidos de derecha, bien cercenando la capacidad de decisión cuando tratan de aplicar políticas que no se ajusten a sus estrictos intereses. En momentos de crisis como la actual, las instituciones adoptan tres tipos de medidas que son complementarias: 1. Disminución de los servicios y atenciones sociales; 2. aumento de tasas e impuestos indirectos que afectan al conjunto de la ciudadanía (al tiempo que disminuyen los de las grandes fortunas); 3. transferencia de recursos presupuestarios a las arcas de las élites financieras y empresariales.
Ante esta situación, no es sólo el movimiento obrero quien debe articular respuestas frente a la crisis y las políticas que pretenden cargar sobre los trabajadores sus consecuencias, sino que se hace imprescindible la contribución de otros movimientos como el vecinal.

La sociedad expresa un permanente conflicto de intereses entre los diversos grupos o clases sociales. En la actualidad son los intereses particulares de los poderosos los que se imponen al conjunto. Y en tales condiciones, frente a unas instituciones que no son neutrales, los movimientos populares no pueden ser ni colaboradores ni mediadores, sino decididos representantes de los intereses de la base popular de la que nacieron. La política subvencionadora y clientelar que algunas instituciones tienen puesta en marcha, ha cegado la vista a ciertos dirigentes que confunden totalmente su función.

Si en condiciones normales la función principal de las asociaciones de vecinos es la reivindicativa (no la de organización de actividades lúdicas o de ocio), en momentos de crisis su papel tampoco debe reducirse a amortiguar las consecuencias de la crisis, o a mediar en los conflictos que provoca (aunque esto no quiere decir que deban ignorarse estas posibles situaciones) y sus circunstancias. Para eso están otro tipo de asociaciones e instituciones.
El movimiento vecinal debe denunciar, en primer lugar, la naturaleza de la crisis. Debe oponerse, con toda la fuerza de que sea capaz, a los planes que pretenden imponer nuevas cargas a los trabajadores, vía impuestos indirectos, nuevas tasas municipales, subidas de precios, etc., exigiendo que la carga impositiva recaiga sobre las rentas más elevadas. Debe exigir de las instituciones mayores servicios públicos, para paliar los efectos de la crisis.

Pero además el movimiento vecinal, junto con otros movimientos populares, debe actuar con iniciativa y no limitarse a la mera defensa de unas condiciones de vida, ya de por sí precarias, que la crisis puede empeorar aún más. Para ello se precisa de una estrategia ofensiva, con un programa, una organización y métodos de lucha adecuados, para convertir la crisis en una oportunidad de transformación social radical o de mejora de la correlación de fuerzas a la salida de la crisis.

El programa reivindicativo debe contemplar, al menos, el derecho efectivo a una vivienda digna, a una renta básica, a unos servicios sociales universales públicos y gratuitos, a una participación efectiva en la toma de decisiones en los distintos ámbitos de la esfera política y productiva, a una justicia digna de tal nombre, etc. Se trata de condiciones mínimas para avanzar realmente.
Las organizaciones de base local o territorial adquieren gran importancia en la defensa de los intereses populares y la disputa del poder a los sectores dominantes. La lógica del sistema capitalista tiende a igualarnos a todos por lo bajo (disminución de salarios, reducción de la protección social, etc.), pero sus intelectuales diseñan métodos de diferenciación que dificultan la unidad de acción; es lo que fomentan con la gran precariedad y fragmentación de las condiciones laborales, incluso en el interior de una misma empresa, que actualmente alcanza unas dimensiones no conocidas anteriormente. Los barrios, que juntan a la población según su nivel de renta, pueden ser lugares de encuentro, de difusión de la conciencia de clase, de organización y lucha por unas condiciones dignas, no sólo locales sino laborales. En los barrios y pueblos existen también empresas susceptibles de sufrir conflictos laborales, en los que las organizaciones locales pueden jugar un papel importante de apoyo.

Los barrios son también los lugares de encuentro de “esa misma clase obrera, nativa o extranjera”, cuya alianza se ve continuamente amenazada por los mensajes xenófobos fomentados por los medios de comunicación y las instituciones, que buscan enfrentamientos por la disputa de recursos (trabajo, vivienda, servicios en general), cada vez más escasos. Debemos convertir las contradicciones en motor de cambio, superando las actitudes meramente asistencialistas.

No debe olvidarse tampoco el papel decisivo que han tenido a lo largo de la historia algunos movimientos locales populares, que fueron capaces de provocar caídas de gobiernos e impulsar procesos revolucionarios, como ocurrió con las Juntas Vecinales en Bolivia. En otras ocasiones se han convertido en apoyo a la actividad de gobiernos populares amenazados por sabotajes provocados por las fuerzas reaccionarias (cordones chilenos). Las organizaciones de base territorial, en colaboración con otras organizaciones sectoriales, deben estar preparadas para combates más decisivos, que sin duda llegarán.

Nada extraño en la corrupción de Madrid

Aunque pudiera resultar sorprendente lo que está ocurriendo en la política madrileña durante los últimos meses, lo cierto es que la opinión pública parece permanecer impasibles ante el escandaloso escenario que han dibujado Esperanza Aguirre y Alberto Ruíz-Gallardón en las instituciones y entidades públicas de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

La investigación del caso Gürtel desde la Audiencia Nacional ha desvelado una presunta red de corrupción vinculada a la dirección nacional del Partido Popular y a altos cargos de distintas comunidades autónomas gobernadas por el PP. Esta trama, por la que han sido imputados consejeros, alcaldes y diputados autonómicos del Partido Popular habría establecido un supuesto conglomerado de negocios para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas, como Madrid y Valencia.

Al mismo tiempo, en el seno de Caja Madrid se está librando una dura batalla entre los seguidores del alcalde Ruíz Gallardón, por un lado, y los de la presidenta Aguirre, por otro. Sin el menor pudor, los nombramientos y ceses paulatinos del Consejo de Administración y los cambios arbitrarios de la normativa de elección de los mismos centran sus objetivos en asegurar o tumbar mayorías afines a cada uno de los intereses en liza.

Y como remate, mientras todo esto ocurre, la Consejería del Interior de la Comunidad de Madrid, presidida por Francisco Granados, podría contar con su propio servicio de espionaje encargado de seguir, vigilar y redactar informes sobre los altos cargo del propio Partido Popular y quién sabe de quién más.

Estos hechos dejan al descubierto el verdadero fin y sentido de la acción política de los máximos gobernantes madrileños que, lejos de estar enfocada al servicio público y al interés general, parece tener como único objetivo la satisfacción de intereses privados, tanto personales como de los grupos a los que representan.

Sin embargo, da la sensación de que son muy pocos los ciudadanos a los que les produce estupor el uso en beneficio privado de lo que es público. Tal pasividad e indiferencia no parece justificable desde la desmovilización social, desde el acostumbramiento a los hechos ante similares episodios pasados o desde la peregrina excusa de “qué más da si todos son iguales”. Tiene que haber algo más.

En su definición literal, la corrupción es una práctica en las organizaciones, especialmente públicas, consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores; así lo define la RAE. Es por tanto la práctica de aquellos que utilizan los recursos públicos para su propio enriquecimiento, la de aquellos que se sirven de sus cargos oficiales para el control privado de las instituciones del Estado o la de esos otros que emplean los servicios institucionales para su propio interés o el de un grupo concreto.

Corrupción es por tanto no sólo la sustracción ilegal de fondos públicos sino que es cualquier práctica consistente en el uso de lo público en beneficio privado, sea o no delito. Por ello, hablamos de corrupción en el sistema cuando los representantes políticos actúan en función de intereses particulares, al margen del interés general.

Pero esta forma de actuar desde las instituciones públicas no es otra cosa sino el principio que inspira el sistema de la democracia neoliberal. Al igual que ocurre con el sistema de mercado capitalista, y a su imagen y semejanza, el sistema de la democracia liberal se basa en el convencimiento de que la búsqueda por parte del individuo de la satisfacción de sus necesidades e intereses particulares genera a su vez la satisfacción de necesidades e intereses colectivos. Así pues, nuestros parlamentos, senados, asambleas y plenos son lugares donde diversos intereses privados compiten entre sí por resultar mayoritarios, que no colectivos, eliminando el resto de opciones particulares, emulando de este modo el comportamiento de las empresas en los mercados competitivos.

De hecho, como su propio nombre indica, los partidos se erigen en representantes de parte de una sociedad dividida en clases sociales que compiten entre sí. En una sociedad entendida de esta forma, en la que unos grupos se enfrentan a otros dando al vencedor casi plenas capacidades para obrar en beneficio de su grupo y, generalmente, en perjuicio del resto, hablar de corrupción -del uso privado de lo público- es hablar de lo normal y lo cotidiano, haya o no delito.

Por lo tanto, el caso de Madrid, que es simple ejemplo de lo que ocurre a diario en todo el estado español, no es más que la consecuencia de una sociedad entendida como la suma de individuos particulares y aislados que compiten entre sí, como lobos para los hombres, buscando su propio bienestar en el de los demás, y su expresión materializada en el fondo y forma de sus instituciones públicas.

Paradójicamente, si superar esta sociedad corrupta requiere participar de sus instituciones corruptas, cualquiera que lo intente por esta vía es susceptible a su vez de convertirse en corrupto que legitimará cuando lo sea, y en su beneficio particular, no ya la corrupción del sistema, sino el sistema de la corrupción. Superar esta situación requerirá que las organizaciones transformadoras la denuncien y propongan principios y prácticas que no comprometan o traicionen su esencia.

Debiendo ser objeto de un análisis mucho más profundo, un cambio de la sociedad a través de las instituciones públicas requiere que estás sean sometidas a su democratización real a través de la participación efectiva y directa, en la mayor medida posible, de los ciudadanos en todas las estructuras de poder, ya sean públicas o privadas. Pero, para llegar a ello, es imprescindible afrontar esta tarea desde organizaciones que practiquen en su seno la misma democratización real y participación efectiva de sus miembros en los órganos de toma de decisiones.

De otra forma, y si es que consiguen superar los filtros y garantías impuestos para que formaciones de este tipo no accedan a las instituciones, un sistema concebido y preparado para ello, no tardará en encontrar la manera de pervertir el objetivo de éstas y de sustraer la voluntad transformadora de sus miembros.

Mientras todo esto no ocurra y la concepción neoliberal de la vida pública impregne hasta el último rincón de la sociedad, incluidas las prácticas de las organizaciones que aspiran al cambio, no debiera sorprendernos que la escandalosa situación de la política madrileña no genere una escandalosa respuesta en la ciudadanía madrileña. De extrañar sería que ocurriese lo contrario.

Participación ciudadana: retos, mitos y leyendas

Desde hace un tiempo en nuestra actividad cotidiana venimos escuchando el término “participación ciudadana” como una de las apuestas de la democracia por impulsar la participación, en asuntos públicos, de los vecinos y vecinas. En ese sentido, no son pocos los Ayuntamientos o corporaciones, tanto locales como regionales, que están impulsando métodos y órganos de participación con mayor o menor éxito.

El primer signo de participación ciudadana es el sufragio universal en las elecciones, sin embargo esta modalidad de participación es cada día más baja según muestran, en cada legislatura, los datos.

La participación de la sociedad indica el grado de confianza entre los actores sociales, las normas de comportamiento cívico que se practican en una determinada sociedad y el nivel de asociacionismo que se alcanza. La existencia de importantes redes sociales basadas en criterios de participación y cooperación resulta imprescindible para una sociedad moderna, permitiendo alcanzar objetivos que serían inalcanzables sin ellas.

La participación ciudadana se basa, además de lo ya dicho, en la integración de la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones del gobierno de su ciudad, comunidad o país. O expresado en otros términos, para que una ciudad o un país modernos proporcionen mejores servicios y oportunidades a la población, debe contar con gobiernos abiertos y receptivos, dispuestos a escuchar lo que los ciudadanos y ciudadanas les quieran transmitir para contribuir a mejorar la política y la gestión de los asuntos públicos. Esa es, en esencia, la Participación Ciudadana: la imprescindible participación de todos los hombres y mujeres que quieran implicarse en los problemas que les afectan, aportando puntos de vista, inquietudes y soluciones. Desgraciadamente, como veremos más adelante, la propia legislación limita esa “adopción de decisiones” a un ámbito meramente “consultivo” o “deliberativo”, jamás vinculante en sus decisiones.

Además, nos encontramos que las experiencias participativas no se han producido en el centro de la administración local y, por lo tanto, no han afectado sus formas de trabajar. Se han tratado más bien de promover experiencias coyunturales que a menudo se han convertido en ornamentos decorativos sin capacidad de penetrar la coraza del gobierno y la administración, convirtiendo la participación en una moda, en una pasarela donde clarificar las últimas tendencias, metodologías y recetas innovadoras de cara a la galería. Con frecuencia la propia experiencia se ha convertido en el objetivo, banalizando sus métodos, sus finalidades y poniendo de manifiesto su aspecto más coyuntural, superficial y aparente.

La participación no es una forma de legitimar decisiones o actuaciones de los órganos de gobierno. La participación tampoco es solo una herramienta para gestionar el grado de satisfacción/insatisfacción de los usuarios de los servicios públicos, sino una forma de incorporar activamente las voces de los ciudadanos en la toma de decisiones. Hablamos de política y de gestión. Se trata de incorporar a los ciudadanos en el espacio público, no trasladar la política a la esfera privada.

Para regular la intervención de vecinos y vecinas en los respectivos órganos de participación, muchas corporaciones locales han legislado reglamentos copiados unos de otros, con más o menos acierto a la hora de poner cotas de “poder” a sus vecinos y vecinas, por lo que vamos a tratar de centrarnos en el Reglamento Tipo de Participación Ciudadana que la Comisión Ejecutiva de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) aprobó el 26 de abril de 2005, con independencia de los recogido en la Constitución Española, por ejemplo en su artículo Artículo 23.1 que recoge expresamente que “los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente, o mediante representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.”

Es importante reseñar es que, en ningún caso, los Reglamentos Municipales podrán crear órganos de participación ciudadana cuyas decisiones sean vinculantes para el gobierno local, porque lo prohíbe el artículo 69 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del régimen local.
Partiendo de esta premisa fundamental, se puede afirmar que los mecanismos de participación ciudadana, en la Comunidad de Madrid, se encuentran a día de hoy inmaduros, convirtiendo los órganos de participación ciudadana en meros foros de encuentro en el que se mantiene entretenidos a vecinos y vecinas, pues en la mayoría de los casos, sus decisiones no se llevan a cabo. Puede parecer grave, pero no debería sorprendernos cuando, por poner un ejemplo, tampoco se materializan las decisiones adoptadas en los Plenos de las Juntas Municipales de los distritos de la ciudad de Madrid por los representantes políticos que a ellos acuden.

Una muestra de esta participación ciudadana “ficticia” fue denunciada por las entidades sociales del distrito de Villaverde, cuando en septiembre de 2006 abandonaron el “Consejo Territorial” hartos de que, tras pasar más de dos años y medio, no se llevara adelante ninguna de las propuestas acordadas y decididas en ese órgano de participación. Y no es el único caso, ya que se conocen experiencias similares en otros órganos de municipios diferentes donde vecinos y vecinas se sienten defraudadas y hartas de esperar a que sus resoluciones, incluso de índole ínfima, se eternicen en el tiempo sin llevarse a cabo.

Ejemplos no faltan que plasmen esta realidad, cuando los ciudadanos y ciudadanas comienzan movilizaciones para elevar sus reivindicaciones y los gobernantes miran para otro lado, no sólo desoyendo esas voces, sino combatiéndolas en todos los frentes para acallarlas, dando prioridad a otros intereses, muy alejados de los netamente vecinales.

Pero, ¿por qué se necesita la participación ciudadana?. La participación ayuda a tomar las decisiones que mejor se ajustan a los intereses de los ciudadanos. La participación es una forma de crear redes sociales, de educar ciudadanos y despertar la conciencia comunitaria de ciudadanía.

Es muy importante mentalizar a la clase política que la participación no sustituye, sino que complementa, la democracia representativa. La participación puede mejorar, profundizar la democracia, introducir claridad en la gestión pública.

Y es a esto a lo que muchos y muchas nos dedicamos desde nuestros pequeños ámbitos de actuación desde hace muchos años.