El Cabanyal es un barrio de Valencia que fue municipio independiente hasta finales del siglo XIX.
Las típicas construcciones de barraca fueron destruidas por el fuego, lo que llevó a reconstruirlo a principios del siglo XX, con nuevas casas, la mayoría de dos plantas, que reflejan una arquitectura popular de gran riqueza, al combinar diversos elementos. Algunos edificios tienen protección como patrimonio cultural.
Este barrio junto al mar está amenazado por un proyecto de prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez que, en su intención de llegar hasta el mar, partiría en dos el barrio. Este proyecto destruiría directamente centenares de viviendas y afectaría a otras muchas más, pues cambiaría por completo la fisonomía urbanística y la vida del barrio de gran tradición popular, afectando a otros edificios protegidos como la centenaria lonja del pescado.
Desde hace 11 años una plataforma vecinal denominada Salvemos el Cabanyal trata por todos los medios de paralizar el proyecto destructor, habiendo realizado multitud de actos y exposiciones, consiguiendo en este tiempo el apoyo de todos los partidos e instituciones a excepción del PP y el Ayuntamiento de Valencia, impulsor del proyecto. Además han conseguido sentencias judiciales que, al menos, han paralizado hasta el momento la destrucción del barrio.
Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Valencia está tratando de comprar a bajo precio algunas de las viviendas afectadas por el proyecto, y, lo que es peor, dejando que se degraden al máximo esas viviendas de su propiedad, consintiendo la ocupación por parte de personas que se dedican al tráfico de drogas, lo que persigue el deterioro de la vida social para conseguir el abandono de otras capas sociales.
La batalla legal se ha recrudecido en las últimas semanas, con un dictamen del Ministerio de Cultura que, a instancias de una sentencia del Tribunal Supremo, ha declarado que el proyecto supone un expolio de bien cultural, lo que va contra la legalidad.
Como al parecer la operación urbanística destructiva y especulativa no se ajusta a la ley, las autoridades del Ayuntamiento y Comunidad Valenciana no se les ha ocurrido otra cosa que ajustar la ley a la operación, y así se han apresurado a aprobar un decreto ley que anula la protección del barrio.
El pasado 31 de enero 30.000 vecinos salieron a la calle en defensa de un barrio que no están dispuestos a dejar destruir, ya que es donde han vivido toda su vida.
A primeros de abril el Ayuntamiento derribó algunas viviendas con la oposición frontal de los vecinos, que fueron salvajemente reprimidos por policía local y nacional.
Los vecinos de Madrid han mostrado su apoyo a esta lucha, organizando un acto informativo en el Ateneo de Madrid y una concentración frente al ministerio de Cultura y en la sede del PP, que contó con centenares de asistentes, entre los que se encontraban decenas de vecinos llegados de el Cabanyal. Y está previsto realizar un viaje solidario al propio barrio que partirá de la capital el viernes 19 de junio.
En estos momentos se encuentran paralizados los derribos por la admisión a trámite, por parte del Tribunal Constitucional, de un recurso presentado por el Gobierno contra el decreto valenciano.
miércoles, 26 de mayo de 2010
miércoles, 19 de mayo de 2010
El copago-repago sanitario
Parece ser que le ha llegado la hora al copago-repago de los servicios sanitarios. Decimos “repago” porque la Sanidad ya se financia con nuestros impuestos pero se pretende que la paguemos otra vez con una nueva tasa en el momento de utilizar ciertos de los servicios de la sanidad pública. Según algunas informaciones periodísticas el presidente Zapatero y su círculo más cercano estuvieron debatiendo si en el plan de ajuste del gasto público anunciado el 11 de mayo se incluía la congelación de las pensiones o el copago sanitario. De momento, se inclinaron por lo primero, pero el coro que pide que se implante el “repago” aumenta día a día.
En la reunión que mantuvo la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, con los consejeros de salud de las 17 Comunidades autónomas en marzo, y en la que se acordó un recorte del gasto sanitario, todos los presidentes de comunidades gobernadas por el PP, más la catalana y la asturiana, pidieron la implantación del copago.
El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha defendido la necesidad del debate del copago “en un futuro no muy lejano”.
El Consejero de Castilla-León, Francisco Javier Álvarez, ha declarado que “la región no se cierra al copago si se logra un pacto estatal”.
El Consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, ha reclamado la “segunda parte del ajuste: el copago en la sanidad”.
La Consejera de Sanidad de la Generalitat, Marina Geli, ha publicado en El País (14/04/10) un artículo defendiendo el copago con el argumento de que el coste del Sistema Nacional de Salud “dista mucho del coste asumible por la sociedad”. Además, en el mismo artículo defendía la necesidad de desgravaciones fiscales para fomentar los seguros privados.
A juicio del FMI, un factor clave será estabilizar el gasto público en salud, que en España supera el 6% del PIB, y en ese sentido el organismo aconsejó reducir la cobertura.
Falso punto de partida
La necesidad del copago-repago se basa en la falsa idea de que el sistema sanitario público es insostenible porque los pacientes abusan de él. Para respaldar esta afirmación se utiliza una estadística fraudulenta. Se utiliza el dato de que en España la media de visitas médicas por habitante es de casi 9, mientras en la UE-15 es de 5. Pero, según Viçent Navarro (www.vnavarro.org/?p=3782), la estadística española está inflada en un 45% al incluir trámites administrativos y otras visitas a otros profesionales sanitarios, que en las estadísticas de la UE-15 aparecen por separado. El resultado es que las visitas médicas por habitante en España es igual o menor que la media europea.
Lo que se oculta tratando de culpar a los propios pacientes de los problemas de la sanidad es que el Estado español dedica mucho menos dinero a sanidad que la media de Europa. El déficit comparativo es tremendo pudiéndose hablar de subdesarrollo sanitario respecto a los países más destacados y avanzados de Europa. Según el mismo autor mientras el gasto sanitario medio de la UE-15 es de 2.464 dólares per capita, en España es de 1.917 d.p.c. El gasto público en Sanidad, según su cálculo, debería aumentar un 10,5% para alcanzar el nivel de un Estado con el PIB que tiene España. Pero, además, ese gasto debería incrementarse en un 30% más solo para alcanzar la media europea.
De hecho, ¿hasta qué punto se puede hablar de Sanidad universal y gratuita cuando hay prestaciones tan importantes para la población como la odontología o la podología que no están contempladas en la Seguridad Social?
Pero en vez de estar pensando en la mejora de la sanidad pública, los gestores públicos siguen pensando en cómo privatizarla, en cómo recortar el gasto o en cómo aumentar la parte que pagamos los trabajadores.
¿En qué podría consistir el copago?
En pagar para poder recibir atención sanitaria, convirtiéndola así en una mercancía, en lugar de en un derecho:
-Cada visita al médico de cabecera o pediatra.
-Para ser atendido por un especialista.
-Por ir a Urgencias.
-Pensionistas: un porcentaje en farmacia.
-Por cada día de ingreso en un hospital, o por las pruebas que allí se realicen, o la comida, …
-No cubrir ciertas prestaciones sanitarias (pruebas, tratamientos,...), debiendo pagar para recibirlas (o suscribir una póliza de seguro privado, como actualmente el dentista o el podólogo).
Precedentes
Lo que ya se ha implantado en países vecinos respecto al copago-repago, es un aviso de lo que se nos avecina.
En Portugal, cada visita al médico de cabecera cuesta 2 euros. La entrada en Urgencias supone un pago de 6 euros que son devueltos si se demuestra que realmente era una urgencia. Están exentos de esta tasa niños, embarazadas y crónicos.
En Francia cada consulta médica cuesta 1 euro, excepto a los menores de 16 años y a los indigentes.
En Italia las consultas de ciertos médicos especialistas puede llegar a costar 36 euros.
Razones para no aceptar el copago
Los estudios demuestran que en los países donde se aplica el copago no se ha conseguido disminuir el gasto y ha empeorado la asistencia a las personas con menos recursos, ancianos y pacientes crónicos.
–Afectará negativamente a la población con ingresos más bajos y a la más necesitada de atención sanitaria, incrementando las diferencias de esperanza de vida (que ya es de 16 años entre barrios de una misma ciudad).
–Si las personas con bajos ingresos no pagasen (p. ej. las de renta inferior al salario mínimo -633 euros/mes-) aún sería enorme el número de ciudadanos con serios problemas para poder acceder al sistema sanitario. No olvidemos que un 63% de los trabajadores son mileuristas.
–Esto supondría la “clasificación” como pobres de una parte de la población, con las consiguientes consecuencias denigratorias.
–Se tendría que crear una estructura burocrática para realizar los cobros que podría resultar más cara que lo que se pretende recaudar.
–En Urgencias, dejar en manos del médico la decisión de cobrar o no, le convierte en un policía.
Alternativas frente al copago:
• Farmacia:
- Compra centralizada y dispensación en los propios centros de los medicamentes mas prescritos.
- No autorización de medicamentos que no demuestren mejoras.
- Creación de una empresa pública de farmacia que fabrique y comercialice medicamentos genéricos baratos.
- Prohibición de la formación médica por los laboratorios privados.
• Vuelta a manos públicas de los centros ya privatizados.
• Utilización de los recursos públicos al 100%.
- Funcionamiento de Quirófanos y alta tecnología mañana y tarde.
- Reducción/eliminación de los conciertos con la privada.
Copago y privatización son dos caras de la misma moneda. La privatización de centros sanitarios se está produciendo en todas los puntos del Estado; su objetivo: desmontar los sistemas públicos, obligar a los de siempre a pagar de nuevo y traspasar a empresas privadas los servicios rentables de los que no podemos prescindir. Todo ello difundiendo la falsedad de que la sanidad pública es ineficiente para abrir de par en par la puerta a su transformación en un negocio seguro.
Hay dinero suficiente para mantener y mejorar la Sanidad Pública:
Cada año dedicamos unos 60.000 millones de euros para la sanidad pública, mientras que el fraude fiscal, fundamentalmente de los ricos, hace que cada año Hacienda deje de ingresar 90.000 millones de euros, dinero suficiente para financiar otro sistema sanitario.
En un país en el que el fraude fiscal de los que no dependen de una nómina es escandaloso, en el que los empresarios declaran ganar menos que sus asalariados, en el que quienes sostienen los servicios públicos son los trabajadores, el copago-repago es penalizar a los más necesitados.
En la reunión que mantuvo la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, con los consejeros de salud de las 17 Comunidades autónomas en marzo, y en la que se acordó un recorte del gasto sanitario, todos los presidentes de comunidades gobernadas por el PP, más la catalana y la asturiana, pidieron la implantación del copago.
El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha defendido la necesidad del debate del copago “en un futuro no muy lejano”.
El Consejero de Castilla-León, Francisco Javier Álvarez, ha declarado que “la región no se cierra al copago si se logra un pacto estatal”.
El Consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, ha reclamado la “segunda parte del ajuste: el copago en la sanidad”.
La Consejera de Sanidad de la Generalitat, Marina Geli, ha publicado en El País (14/04/10) un artículo defendiendo el copago con el argumento de que el coste del Sistema Nacional de Salud “dista mucho del coste asumible por la sociedad”. Además, en el mismo artículo defendía la necesidad de desgravaciones fiscales para fomentar los seguros privados.
A juicio del FMI, un factor clave será estabilizar el gasto público en salud, que en España supera el 6% del PIB, y en ese sentido el organismo aconsejó reducir la cobertura.
Falso punto de partida
La necesidad del copago-repago se basa en la falsa idea de que el sistema sanitario público es insostenible porque los pacientes abusan de él. Para respaldar esta afirmación se utiliza una estadística fraudulenta. Se utiliza el dato de que en España la media de visitas médicas por habitante es de casi 9, mientras en la UE-15 es de 5. Pero, según Viçent Navarro (www.vnavarro.org/?p=3782), la estadística española está inflada en un 45% al incluir trámites administrativos y otras visitas a otros profesionales sanitarios, que en las estadísticas de la UE-15 aparecen por separado. El resultado es que las visitas médicas por habitante en España es igual o menor que la media europea.
Lo que se oculta tratando de culpar a los propios pacientes de los problemas de la sanidad es que el Estado español dedica mucho menos dinero a sanidad que la media de Europa. El déficit comparativo es tremendo pudiéndose hablar de subdesarrollo sanitario respecto a los países más destacados y avanzados de Europa. Según el mismo autor mientras el gasto sanitario medio de la UE-15 es de 2.464 dólares per capita, en España es de 1.917 d.p.c. El gasto público en Sanidad, según su cálculo, debería aumentar un 10,5% para alcanzar el nivel de un Estado con el PIB que tiene España. Pero, además, ese gasto debería incrementarse en un 30% más solo para alcanzar la media europea.
De hecho, ¿hasta qué punto se puede hablar de Sanidad universal y gratuita cuando hay prestaciones tan importantes para la población como la odontología o la podología que no están contempladas en la Seguridad Social?
Pero en vez de estar pensando en la mejora de la sanidad pública, los gestores públicos siguen pensando en cómo privatizarla, en cómo recortar el gasto o en cómo aumentar la parte que pagamos los trabajadores.
¿En qué podría consistir el copago?
En pagar para poder recibir atención sanitaria, convirtiéndola así en una mercancía, en lugar de en un derecho:
-Cada visita al médico de cabecera o pediatra.
-Para ser atendido por un especialista.
-Por ir a Urgencias.
-Pensionistas: un porcentaje en farmacia.
-Por cada día de ingreso en un hospital, o por las pruebas que allí se realicen, o la comida, …
-No cubrir ciertas prestaciones sanitarias (pruebas, tratamientos,...), debiendo pagar para recibirlas (o suscribir una póliza de seguro privado, como actualmente el dentista o el podólogo).
Precedentes
Lo que ya se ha implantado en países vecinos respecto al copago-repago, es un aviso de lo que se nos avecina.
En Portugal, cada visita al médico de cabecera cuesta 2 euros. La entrada en Urgencias supone un pago de 6 euros que son devueltos si se demuestra que realmente era una urgencia. Están exentos de esta tasa niños, embarazadas y crónicos.
En Francia cada consulta médica cuesta 1 euro, excepto a los menores de 16 años y a los indigentes.
En Italia las consultas de ciertos médicos especialistas puede llegar a costar 36 euros.
Razones para no aceptar el copago
Los estudios demuestran que en los países donde se aplica el copago no se ha conseguido disminuir el gasto y ha empeorado la asistencia a las personas con menos recursos, ancianos y pacientes crónicos.
–Afectará negativamente a la población con ingresos más bajos y a la más necesitada de atención sanitaria, incrementando las diferencias de esperanza de vida (que ya es de 16 años entre barrios de una misma ciudad).
–Si las personas con bajos ingresos no pagasen (p. ej. las de renta inferior al salario mínimo -633 euros/mes-) aún sería enorme el número de ciudadanos con serios problemas para poder acceder al sistema sanitario. No olvidemos que un 63% de los trabajadores son mileuristas.
–Esto supondría la “clasificación” como pobres de una parte de la población, con las consiguientes consecuencias denigratorias.
–Se tendría que crear una estructura burocrática para realizar los cobros que podría resultar más cara que lo que se pretende recaudar.
–En Urgencias, dejar en manos del médico la decisión de cobrar o no, le convierte en un policía.
Alternativas frente al copago:
• Farmacia:
- Compra centralizada y dispensación en los propios centros de los medicamentes mas prescritos.
- No autorización de medicamentos que no demuestren mejoras.
- Creación de una empresa pública de farmacia que fabrique y comercialice medicamentos genéricos baratos.
- Prohibición de la formación médica por los laboratorios privados.
• Vuelta a manos públicas de los centros ya privatizados.
• Utilización de los recursos públicos al 100%.
- Funcionamiento de Quirófanos y alta tecnología mañana y tarde.
- Reducción/eliminación de los conciertos con la privada.
Copago y privatización son dos caras de la misma moneda. La privatización de centros sanitarios se está produciendo en todas los puntos del Estado; su objetivo: desmontar los sistemas públicos, obligar a los de siempre a pagar de nuevo y traspasar a empresas privadas los servicios rentables de los que no podemos prescindir. Todo ello difundiendo la falsedad de que la sanidad pública es ineficiente para abrir de par en par la puerta a su transformación en un negocio seguro.
Hay dinero suficiente para mantener y mejorar la Sanidad Pública:
Cada año dedicamos unos 60.000 millones de euros para la sanidad pública, mientras que el fraude fiscal, fundamentalmente de los ricos, hace que cada año Hacienda deje de ingresar 90.000 millones de euros, dinero suficiente para financiar otro sistema sanitario.
En un país en el que el fraude fiscal de los que no dependen de una nómina es escandaloso, en el que los empresarios declaran ganar menos que sus asalariados, en el que quienes sostienen los servicios públicos son los trabajadores, el copago-repago es penalizar a los más necesitados.
lunes, 1 de febrero de 2010
Todos somos vecinos del Cabanyal
“Si fuera necesario, procederíamos a modificar la normativa sobre los Bienes de Interés Cultural.” -Paula Sánchez de León, consellera valenciana de Justicia-
Poco ha durado la alegría en el barrio valenciano del Cabanyal. Cuando todavía celebraban la paralización del plan municipal para derribar cientos de casas, el gobierno valenciano se ha apresurado a legislar lo que haga falta para que las demoliciones continúen.
No sé si vieron la cara de medusa furiosa de la alcaldesa, Rita Barberá, cuando conoció la decisión de Cultura de considerar las obras como un expolio del patrimonio histórico y ordenar su suspensión. En privado, la alcaldesa debió de jurar venganza. En público, se mordió la lengua pero anunció que no pensaba envainarse el proyecto.
Pocas cosas más peligrosas que un gobernante que pierde la partida, pues verá su derrota como una humillación. En este país no hay costumbre ni saben encajar los reveses. Pero sobre todo, lo ocurrido era intolerable no ya por el Cabanyal, sino por lo que podría suponer como ejemplo. ¿Dónde íbamos a llegar si unos vecinos humildes consiguieran parar un plan urbanístico? ¿Y si cunde el ejemplo, y da aliento a otras luchas vecinales, en Valencia o donde sea? Hay que aplastar ese brote cuanto antes, más ahora que el movimiento vecinal parece despertar del letargo de tres décadas.
Así que ya saben, vecinos del Cabanyal: si creían que podían desmontar la barricada, ya ven que la artillería de los “modernizadores” municipales sigue dispuesta a dejar en solar hasta la última casa que se resista. Los vecinos del resto del país deberíamos unirnos a su lucha, que no sea sólo cosa de un barrio. Porque el movimiento vecinal tiene en la acción local, de barrio, su principal fortaleza pero también su mayor debilidad. Va siendo hora de montar una internacional vecinal, a ver si así podemos.
Isaac Rosa
http://blogs.publico.es/trabajarcansa/2010/01/08/todos-somos-vecinos-del-cabanyal/
Poco ha durado la alegría en el barrio valenciano del Cabanyal. Cuando todavía celebraban la paralización del plan municipal para derribar cientos de casas, el gobierno valenciano se ha apresurado a legislar lo que haga falta para que las demoliciones continúen.
No sé si vieron la cara de medusa furiosa de la alcaldesa, Rita Barberá, cuando conoció la decisión de Cultura de considerar las obras como un expolio del patrimonio histórico y ordenar su suspensión. En privado, la alcaldesa debió de jurar venganza. En público, se mordió la lengua pero anunció que no pensaba envainarse el proyecto.
Pocas cosas más peligrosas que un gobernante que pierde la partida, pues verá su derrota como una humillación. En este país no hay costumbre ni saben encajar los reveses. Pero sobre todo, lo ocurrido era intolerable no ya por el Cabanyal, sino por lo que podría suponer como ejemplo. ¿Dónde íbamos a llegar si unos vecinos humildes consiguieran parar un plan urbanístico? ¿Y si cunde el ejemplo, y da aliento a otras luchas vecinales, en Valencia o donde sea? Hay que aplastar ese brote cuanto antes, más ahora que el movimiento vecinal parece despertar del letargo de tres décadas.
Así que ya saben, vecinos del Cabanyal: si creían que podían desmontar la barricada, ya ven que la artillería de los “modernizadores” municipales sigue dispuesta a dejar en solar hasta la última casa que se resista. Los vecinos del resto del país deberíamos unirnos a su lucha, que no sea sólo cosa de un barrio. Porque el movimiento vecinal tiene en la acción local, de barrio, su principal fortaleza pero también su mayor debilidad. Va siendo hora de montar una internacional vecinal, a ver si así podemos.
Isaac Rosa
http://blogs.publico.es/trabajarcansa/2010/01/08/todos-somos-vecinos-del-cabanyal/
sábado, 16 de enero de 2010
LA LUCHA VECINAL CONTRA LA TASA DE BASURA: ALGUNAS ENSEÑANZAS
Como se pudo leer en una pancarta exhibida en alguna de las múltiples manifestaciones vecinales contra la imposición de los parquímetros en los barrios periféricos de Madrid, parece que habría que agradecer a Gallardón el que haya despertado al movimiento vecinal del letargo en que se encontraba sumido desde hace largos años en Madrid.
Si aquella lucha llegó a ser conocida más allá de los límites de la ciudad e incluso traspasó las fronteras, la imposición arbitraria de la nueva tasa de basura, con el único fin de sanear un poco las maltrechas arcas municipales, ha levantado de nuevo a los vecinos madrileños, como no estábamos habituados a ver. De las movilizaciones que se han llevado a cabo semanas atrás podríamos empezar a sacar algunas enseñanzas.
- Frente a las agresiones del poder, sigue existiendo en Madrid una capacidad de movilización y respuesta vecinal, que, sin dejar de reconocer que es manifiestamente mejorable, ha adquirido unos niveles notables: Unos 5.000 manifestantes en cada una de las dos movilizaciones en la calle, muchos miles participando en asambleas informativas; miles de recursos y aplazamientos de pago también; y más de 100.000 firmas recogidas. Es el balance hasta ahora conocido.
- Se ha podido ver que cuando hay decisión y trabajo continuado, sea por convencimiento propio o por tratar de “estar a la altura” de ciertas circunstancias, se multiplica por 10 o más el seguimiento vecinal hacia las campañas que realizamos. Los poderosos medios con que cuenta el poder hacen que los vecinos duden, a menudo, de si la lucha valdrá o no para algo; pero cuando no dudan del fracaso es si observan falta de convencimiento en sus dirigentes, y en estas circunstancias el seguimiento es nulo.
- Abundando en esta idea, hemos podido observar que una veintena de asociaciones vecinales ha logrado similar capacidad de convocatoria que toda la Federación entera, lo que demuestra que lo que mueve a los vecinos cuando hay un problema es la decisión, entrega e ilusión de los activistas que son capaces de involucrar a sus vecinos.
- También se ha constatado que los apoyos que fueron recabados en las últimas semanas por parte de importantes organizaciones sindicales y políticas madrileñas parecían más en la idea de dejar claro que no apoyaban la manifestación del 28 de octubre, que en el apoyo real a la concentración del 15 de noviembre, pues, salvo algún que otro representante aislado, sólo acudieron las bases de las asociaciones de vecinos convocantes.
- Las organizaciones vecinales que estamos impulsando esta lucha y convocamos las recientes movilizaciones, tenemos la responsabilidad de continuar con la lucha, con los medios más acertados que permitan, al menos, mantenerla en los niveles alcanzados, y realizar acciones que obliguen a los responsables municipales a retirar esta tasa injusta. De no hacerlo, los vecinos que nos han seguido se sentirán legítimamente defraudados, y sumiremos en una profunda desmoralización a un movimiento vecinal que parece querer volver al puesto que nunca debió abandonar en la lucha social.
martes, 22 de septiembre de 2009
Vallecas: La participación apaleada
Un grupo de vecinos acude al Pleno de la Junta de Distrito a expresar sus quejas porque el Ayuntamiento de Madrid no les permite celebrar unas fiestas populares en un solar libre. Y el “tolerante” Gallardón, por medio de su delegada en el distrito, Eva Durán, decide desalojarlos a palos, con detenciones incluso.
El Ayuntamiento de Madrid, a través de su reglamento de participación ciudadana, ofrece a los vecinos participar en unos órganos que no tienen competencia ninguna, los consejos de participación del distrito. Fuera de este cauce, nada de nada.
Es el dogma de la democracia representativa llevada a su máxima expresión: Como han sido elegidos (aunque sea con irregularidades, como ocurrió en la Comunidad de Madrid en 2003), usurpan la voluntad de sus representados en todos y cada uno de los aspectos de la gestión pública. Y quien quiera expresar su opinión fuera de los cauces establecidos, lo que le espera es la represión, como han experimentado en sus carnes los vallecanos.
No hace muchos años ocurrió algo parecido en la Elipa (Ciudad Lineal), en cuyo pleno también fue detenido con cargos el presidente de una Asociación de Vecinos. Son varios los vecinos que han sufrido sanciones injustas, incluso condenas de cárcel, por protestar contra la implantación de parquímetros absurdos en la periferia. Y recientemente fueron detenidos 52 activistas por desplegar una pancarta en un edificio madrileño. La cosa se está poniendo seria.
El episodio podría haber pasado como un hecho aislado o anecdótico, si no fuera por los antecedentes mencionados y el contexto en el que se inscribe.
Falsa apariencia de participación.- El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, con Gallardón a la cabeza, trata de dar una imagen tolerante, de buen rollo, incluso progresista, y cercana a los agentes sociales. Es verdad que ciertas cúpulas de algunas organizaciones sociales (favorecidas por cierta financiación institucional) están avalando con su actitud esta imagen que tiene mucho de propaganda y muy poco de realidad. La prueba palpable es el Reglamento de Participación Ciudadana mencionado antes, que sólo se aplica cuando no existen competencias sobre las que decidir, y en cambio no sirve cuando se trata de compartir las decisiones importantes, o simplemente no se cumple cuando se trata de la gestión de los centros municipales.
Centralización absoluta de la vida municipal.- Que no sólo vacía de competencias a las Juntas de Distrito, sino que conlleva también la privatización y la eliminación de ciertos acontecimientos populares como las fiestas de barrio, que fueron rescatadas tras la larga noche del franquismo, y que este Ayuntamiento las está suprimiendo con la excusa de la crisis (más bien su ruina presupuestaria), desapareciendo así uno de los elementos más importantes en la creación del tejido social en los barrios.
Criminalización de los movimientos sociales alternativos.- La llamada guerra contra el terror iniciada por Bush, a la que se han apuntado la mayoría de poderes mundiales, ha instaurado la doctrina del “conmigo o contra mí”, estigmatizando a las personas o colectivos que no quieren participar del pensamiento único y que además deciden mostrar sus opiniones con acciones críticas contra los abusos del poder económico y político. En el caso de Vallecas, ciertos medios de comunicación y representantes municipales han querido estigmatizar a algunos dirigentes de la protesta por el simple hecho de haber formado parte de una candidatura electoral, perfectamente legal pero que a algunos no les gustaba. Una vez experimentado con cierto éxito en otros lugares, se abre en Madrid la veda para que cualquier persona o grupo protestón pueda ser inculpado como terrorista, tratando de alejarlo de su base social y aplicando la represión por medio de los cuerpos de seguridad y del código penal.
Estado policial.- Vivimos una oleada represiva en la que Estado trata de controlar todos los movimientos y pensamientos de los ciudadanos, vigilados constantemente y a los que se les identifica por cualquier motivo o sin él, en particular si presentan rasgos diferenciados. Entre este estado de cosas y una dictadura, no hay mucha distancia. Los vecinos y ciudadanos deberíamos prestar más atención a estos procesos anti-democráticos, mostrando una mayor resistencia en lugar de refugiarnos en nuestra vida privada, que también está vigilada. Porque lo que pretende este dispositivo represor es desactivar los focos de resistencia popular para que los poderes económicos tengan mayor facilidad para obtener unos mayores márgenes de beneficio a costa del deterioro imparable de los servicios y las condiciones de vida de los ciudadanos, en el trabajo, en el barrio o en el centro de estudios. Nuestra vida mejorará en la medida en que nos preocupemos por el bienestar colectivo, ya que así podremos alcanzar niveles satisfactorios de bienestar particular. Y para ello debemos organizarnos y luchar.
El Ayuntamiento de Madrid, a través de su reglamento de participación ciudadana, ofrece a los vecinos participar en unos órganos que no tienen competencia ninguna, los consejos de participación del distrito. Fuera de este cauce, nada de nada.
Es el dogma de la democracia representativa llevada a su máxima expresión: Como han sido elegidos (aunque sea con irregularidades, como ocurrió en la Comunidad de Madrid en 2003), usurpan la voluntad de sus representados en todos y cada uno de los aspectos de la gestión pública. Y quien quiera expresar su opinión fuera de los cauces establecidos, lo que le espera es la represión, como han experimentado en sus carnes los vallecanos.
No hace muchos años ocurrió algo parecido en la Elipa (Ciudad Lineal), en cuyo pleno también fue detenido con cargos el presidente de una Asociación de Vecinos. Son varios los vecinos que han sufrido sanciones injustas, incluso condenas de cárcel, por protestar contra la implantación de parquímetros absurdos en la periferia. Y recientemente fueron detenidos 52 activistas por desplegar una pancarta en un edificio madrileño. La cosa se está poniendo seria.
El episodio podría haber pasado como un hecho aislado o anecdótico, si no fuera por los antecedentes mencionados y el contexto en el que se inscribe.
Falsa apariencia de participación.- El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, con Gallardón a la cabeza, trata de dar una imagen tolerante, de buen rollo, incluso progresista, y cercana a los agentes sociales. Es verdad que ciertas cúpulas de algunas organizaciones sociales (favorecidas por cierta financiación institucional) están avalando con su actitud esta imagen que tiene mucho de propaganda y muy poco de realidad. La prueba palpable es el Reglamento de Participación Ciudadana mencionado antes, que sólo se aplica cuando no existen competencias sobre las que decidir, y en cambio no sirve cuando se trata de compartir las decisiones importantes, o simplemente no se cumple cuando se trata de la gestión de los centros municipales.
Centralización absoluta de la vida municipal.- Que no sólo vacía de competencias a las Juntas de Distrito, sino que conlleva también la privatización y la eliminación de ciertos acontecimientos populares como las fiestas de barrio, que fueron rescatadas tras la larga noche del franquismo, y que este Ayuntamiento las está suprimiendo con la excusa de la crisis (más bien su ruina presupuestaria), desapareciendo así uno de los elementos más importantes en la creación del tejido social en los barrios.
Criminalización de los movimientos sociales alternativos.- La llamada guerra contra el terror iniciada por Bush, a la que se han apuntado la mayoría de poderes mundiales, ha instaurado la doctrina del “conmigo o contra mí”, estigmatizando a las personas o colectivos que no quieren participar del pensamiento único y que además deciden mostrar sus opiniones con acciones críticas contra los abusos del poder económico y político. En el caso de Vallecas, ciertos medios de comunicación y representantes municipales han querido estigmatizar a algunos dirigentes de la protesta por el simple hecho de haber formado parte de una candidatura electoral, perfectamente legal pero que a algunos no les gustaba. Una vez experimentado con cierto éxito en otros lugares, se abre en Madrid la veda para que cualquier persona o grupo protestón pueda ser inculpado como terrorista, tratando de alejarlo de su base social y aplicando la represión por medio de los cuerpos de seguridad y del código penal.
Estado policial.- Vivimos una oleada represiva en la que Estado trata de controlar todos los movimientos y pensamientos de los ciudadanos, vigilados constantemente y a los que se les identifica por cualquier motivo o sin él, en particular si presentan rasgos diferenciados. Entre este estado de cosas y una dictadura, no hay mucha distancia. Los vecinos y ciudadanos deberíamos prestar más atención a estos procesos anti-democráticos, mostrando una mayor resistencia en lugar de refugiarnos en nuestra vida privada, que también está vigilada. Porque lo que pretende este dispositivo represor es desactivar los focos de resistencia popular para que los poderes económicos tengan mayor facilidad para obtener unos mayores márgenes de beneficio a costa del deterioro imparable de los servicios y las condiciones de vida de los ciudadanos, en el trabajo, en el barrio o en el centro de estudios. Nuestra vida mejorará en la medida en que nos preocupemos por el bienestar colectivo, ya que así podremos alcanzar niveles satisfactorios de bienestar particular. Y para ello debemos organizarnos y luchar.
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