Vallecas: La participación apaleada

Un grupo de vecinos acude al Pleno de la Junta de Distrito a expresar sus quejas porque el Ayuntamiento de Madrid no les permite celebrar unas fiestas populares en un solar libre. Y el “tolerante” Gallardón, por medio de su delegada en el distrito, Eva Durán, decide desalojarlos a palos, con detenciones incluso.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de su reglamento de participación ciudadana, ofrece a los vecinos participar en unos órganos que no tienen competencia ninguna, los consejos de participación del distrito. Fuera de este cauce, nada de nada.

Es el dogma de la democracia representativa llevada a su máxima expresión: Como han sido elegidos (aunque sea con irregularidades, como ocurrió en la Comunidad de Madrid en 2003), usurpan la voluntad de sus representados en todos y cada uno de los aspectos de la gestión pública. Y quien quiera expresar su opinión fuera de los cauces establecidos, lo que le espera es la represión, como han experimentado en sus carnes los vallecanos.

No hace muchos años ocurrió algo parecido en la Elipa (Ciudad Lineal), en cuyo pleno también fue detenido con cargos el presidente de una Asociación de Vecinos. Son varios los vecinos que han sufrido sanciones injustas, incluso condenas de cárcel, por protestar contra la implantación de parquímetros absurdos en la periferia. Y recientemente fueron detenidos 52 activistas por desplegar una pancarta en un edificio madrileño. La cosa se está poniendo seria.
El episodio podría haber pasado como un hecho aislado o anecdótico, si no fuera por los antecedentes mencionados y el contexto en el que se inscribe.

Falsa apariencia de participación.- El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, con Gallardón a la cabeza, trata de dar una imagen tolerante, de buen rollo, incluso progresista, y cercana a los agentes sociales. Es verdad que ciertas cúpulas de algunas organizaciones sociales (favorecidas por cierta financiación institucional) están avalando con su actitud esta imagen que tiene mucho de propaganda y muy poco de realidad. La prueba palpable es el Reglamento de Participación Ciudadana mencionado antes, que sólo se aplica cuando no existen competencias sobre las que decidir, y en cambio no sirve cuando se trata de compartir las decisiones importantes, o simplemente no se cumple cuando se trata de la gestión de los centros municipales.

Centralización absoluta de la vida municipal.- Que no sólo vacía de competencias a las Juntas de Distrito, sino que conlleva también la privatización y la eliminación de ciertos acontecimientos populares como las fiestas de barrio, que fueron rescatadas tras la larga noche del franquismo, y que este Ayuntamiento las está suprimiendo con la excusa de la crisis (más bien su ruina presupuestaria), desapareciendo así uno de los elementos más importantes en la creación del tejido social en los barrios.

Criminalización de los movimientos sociales alternativos.- La llamada guerra contra el terror iniciada por Bush, a la que se han apuntado la mayoría de poderes mundiales, ha instaurado la doctrina del “conmigo o contra mí”, estigmatizando a las personas o colectivos que no quieren participar del pensamiento único y que además deciden mostrar sus opiniones con acciones críticas contra los abusos del poder económico y político. En el caso de Vallecas, ciertos medios de comunicación y representantes municipales han querido estigmatizar a algunos dirigentes de la protesta por el simple hecho de haber formado parte de una candidatura electoral, perfectamente legal pero que a algunos no les gustaba. Una vez experimentado con cierto éxito en otros lugares, se abre en Madrid la veda para que cualquier persona o grupo protestón pueda ser inculpado como terrorista, tratando de alejarlo de su base social y aplicando la represión por medio de los cuerpos de seguridad y del código penal.

Estado policial.- Vivimos una oleada represiva en la que Estado trata de controlar todos los movimientos y pensamientos de los ciudadanos, vigilados constantemente y a los que se les identifica por cualquier motivo o sin él, en particular si presentan rasgos diferenciados. Entre este estado de cosas y una dictadura, no hay mucha distancia. Los vecinos y ciudadanos deberíamos prestar más atención a estos procesos anti-democráticos, mostrando una mayor resistencia en lugar de refugiarnos en nuestra vida privada, que también está vigilada. Porque lo que pretende este dispositivo represor es desactivar los focos de resistencia popular para que los poderes económicos tengan mayor facilidad para obtener unos mayores márgenes de beneficio a costa del deterioro imparable de los servicios y las condiciones de vida de los ciudadanos, en el trabajo, en el barrio o en el centro de estudios. Nuestra vida mejorará en la medida en que nos preocupemos por el bienestar colectivo, ya que así podremos alcanzar niveles satisfactorios de bienestar particular. Y para ello debemos organizarnos y luchar.

La financiación local y el gasto social

En febrero de 2006 el PSOE anunció la reforma de la financiación local y que se iba a llevar a cabo de forma paralela a la reforma de la financiación autonómica, con el fin de reforzar el papel de las corporaciones locales.

Recientemente ha culminado el proceso de reuniones y negociaciones de la reforma del sistema de financiación de las autonomías con un aumento de los recursos. Ríos de tinta han polemizado sobre las bondades o maldades de este nuevo sistema, sobre todo del reparto de los Fondos Adicionales que sólo representan el 10% de todo el sistema, sin embargo, el gran olvidado, un vez más, ha sido el nuevo modelo de financiación local. Pero no es exactamente un olvido, sino que se ha congelado conscientemente, con la excusa de la crisis. Manuel Chaves, vicepresidente del Gobierno y ministro de Política Territorial, anunció el pasado 21 de julio que “el nuevo modelo de financiación local no saldrá adelante hasta 2011”. Esto representa un aplazamiento de cinco años, y veremos cuántos más, respecto al anuncio de la reforma de un sistema que fue implantado por el PP.

Las reacciones, incluso desde el entorno del PSOE, no se han hecho esperar. La Federación Asturiana de Concejos (FACC) respondió que “el anuncio es una noticia decepcionante”. El alcalde socialista de Siero dijo que “es una malísima noticia y un varapalo en toda regla. No sé que quieren hacer con los Ayuntamientos”.

Chavez incluso dejó claro que no entra en los planes del Gobierno acceder a la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), encabezada por el alcalde socialista de Getafe, Pedro Castro, sobre la ampliación con 3.000 millones de euros el fondo de 5.000 millones destinados a las administraciones locales en 2010.

Pero, como afirmó el profesor Subirats hace unos meses en El País, en un artículo sobre las ciudades y los vecinos frente a la crisis: “el problema de las ciudades y de los ciudadanos no es sólo coyuntural, es estructural”. Explicaba en ese mismo artículo que “mientras las comunidades autónomas han pasado de no existir a controlar más de una tercera parte del gasto público, los municipios siguen anclados en cifras que rondan el 15% de ese gasto público total, lejos del 24% en que sitúa la media comunitaria. Para gastar, hay que recibir transferencias y recaudar”.
El problema estructural al que se refiere Subirats, es que, después de más de 30 años de democracia, la descentralización de recursos no ha llegado a los Ayuntamientos. La administración municipal es la más cercana a los vecinos y habitantes de un territorio, sin embargo, no cuentan con los recursos necesarios para garantizar de forma universal la prestación de los servicios públicos, ya sean “propios” o “impropios”.

La FEMP se queja amargamente de que los gastos “impropios” (es decir, aquellos que no son su competencia ni cuentan con transferencias de fondos para hacerles frente) representan el 30% del gasto total de todos los ayuntamientos (el 35% si se contabilizan las aportaciones de los propios usuarios). (Informe FEMP 2007).

Un ejemplo de lo que esto supone nos lo ofrece de forma cristalina la financiación de los servicios sociales. “Los municipios siguen aportando el 60% del presupuesto para servicios sociales, alrededor de un 30% las comunidades autónomas y el Gobierno apenas asume el 10%” (Carmen Morán. El País. 20.7.09). El porcentaje no sería el mayor problema si las cantidades reales fueran suficientes para respaldar un sistema social bien desarrollado. Pero, por ejemplo, el Plan Concertado para la financiación de los servicios sociales en ayuntamientos y diputaciones, aprobado en 1987, contaba en 2005 con 829 millones de euros, de los que el Gobierno aportó tan solo 96, lo mismo que ha costado el fichaje de Cristiano Ronaldo, y a años luz del dinero destinado a salvar los bancos.

La infradotación de los municipios ha tenido como primera consecuencia el arrastre de una situación de gran subdesarrollo social, que no se reduce, frente a los principales países europeos. Además, los ayuntamientos se han visto obligados a buscar otras fuentes de financiación para tratar de ampliar sus exiguos presupuestos. Los que han podido, han recurrido al endeudamiento, y muchos, han llegado a depender de los ingresos obtenidos de la actividad urbanística. Según fuentes de investigación universitaria en 2004 “el 43,8% de las inversiones de los Ayuntamientos se financiaron con recursos procedentes del urbanismo”. (Manuel Esteban y José Sánchez). Los ayuntamientos han vendido su patrimonio, colaborando en el incremento de la espiral especulativa durante años, no sólo para pagar inversiones y servicios “impropios”, sino incluso para cubrir gastos corrientes. Factores como la dependencia del urbanismo y la venta de patrimonio municipal, unidos a la cultura del pelotazo a través de las recalificaciones del suelo, han sido el caldo de cultivo en el que han proliferado las tramas de corrupción por toda la geografía española.

Si al hecho de que los ayuntamientos cuenten con escasos recursos le añadimos el paupérrimo porcentaje de sus presupuestos que algunos dedican a gasto social, como ocurre con el de Madrid que dedica poco más del 5% de su presupuesto total, pues nos encontramos con que los recursos que se destinan a gasto social son la última prioridad de las administraciones, y, además, con la excusa de la crisis, en proceso de recorte y retroceso como demuestran las medidas adoptadas por el ayuntamiento madrileño respecto a la atención a domicilio o a la subasta de las escuelas infantiles públicas de gestión indirecta al “mejor postor” (el más barato para la administración).
No tendremos ni siquiera la opción de tener unos servicios sociales universales y, en conjunto, un sistema de servicios públicos dignos de tal nombre, mientras la financiación de las administraciones sea tan centralista. El debate de en qué se gastan los recursos públicos es vital, pero de nada sirven todas las propuestas de las Agendas 21, las propuestas en los Consejos Territoriales, en las Juntas de Distrito o en los propios Ayuntamientos si los recursos llegan a las administraciones públicas más próximas a las personas con cuentagotas mientras vemos cómo se derrochan, una y otra vez, en gastos que sólo benefician a una pequeña minoría social.