La financiación local y el gasto social

En febrero de 2006 el PSOE anunció la reforma de la financiación local y que se iba a llevar a cabo de forma paralela a la reforma de la financiación autonómica, con el fin de reforzar el papel de las corporaciones locales.

Recientemente ha culminado el proceso de reuniones y negociaciones de la reforma del sistema de financiación de las autonomías con un aumento de los recursos. Ríos de tinta han polemizado sobre las bondades o maldades de este nuevo sistema, sobre todo del reparto de los Fondos Adicionales que sólo representan el 10% de todo el sistema, sin embargo, el gran olvidado, un vez más, ha sido el nuevo modelo de financiación local. Pero no es exactamente un olvido, sino que se ha congelado conscientemente, con la excusa de la crisis. Manuel Chaves, vicepresidente del Gobierno y ministro de Política Territorial, anunció el pasado 21 de julio que “el nuevo modelo de financiación local no saldrá adelante hasta 2011”. Esto representa un aplazamiento de cinco años, y veremos cuántos más, respecto al anuncio de la reforma de un sistema que fue implantado por el PP.

Las reacciones, incluso desde el entorno del PSOE, no se han hecho esperar. La Federación Asturiana de Concejos (FACC) respondió que “el anuncio es una noticia decepcionante”. El alcalde socialista de Siero dijo que “es una malísima noticia y un varapalo en toda regla. No sé que quieren hacer con los Ayuntamientos”.

Chavez incluso dejó claro que no entra en los planes del Gobierno acceder a la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), encabezada por el alcalde socialista de Getafe, Pedro Castro, sobre la ampliación con 3.000 millones de euros el fondo de 5.000 millones destinados a las administraciones locales en 2010.

Pero, como afirmó el profesor Subirats hace unos meses en El País, en un artículo sobre las ciudades y los vecinos frente a la crisis: “el problema de las ciudades y de los ciudadanos no es sólo coyuntural, es estructural”. Explicaba en ese mismo artículo que “mientras las comunidades autónomas han pasado de no existir a controlar más de una tercera parte del gasto público, los municipios siguen anclados en cifras que rondan el 15% de ese gasto público total, lejos del 24% en que sitúa la media comunitaria. Para gastar, hay que recibir transferencias y recaudar”.
El problema estructural al que se refiere Subirats, es que, después de más de 30 años de democracia, la descentralización de recursos no ha llegado a los Ayuntamientos. La administración municipal es la más cercana a los vecinos y habitantes de un territorio, sin embargo, no cuentan con los recursos necesarios para garantizar de forma universal la prestación de los servicios públicos, ya sean “propios” o “impropios”.

La FEMP se queja amargamente de que los gastos “impropios” (es decir, aquellos que no son su competencia ni cuentan con transferencias de fondos para hacerles frente) representan el 30% del gasto total de todos los ayuntamientos (el 35% si se contabilizan las aportaciones de los propios usuarios). (Informe FEMP 2007).

Un ejemplo de lo que esto supone nos lo ofrece de forma cristalina la financiación de los servicios sociales. “Los municipios siguen aportando el 60% del presupuesto para servicios sociales, alrededor de un 30% las comunidades autónomas y el Gobierno apenas asume el 10%” (Carmen Morán. El País. 20.7.09). El porcentaje no sería el mayor problema si las cantidades reales fueran suficientes para respaldar un sistema social bien desarrollado. Pero, por ejemplo, el Plan Concertado para la financiación de los servicios sociales en ayuntamientos y diputaciones, aprobado en 1987, contaba en 2005 con 829 millones de euros, de los que el Gobierno aportó tan solo 96, lo mismo que ha costado el fichaje de Cristiano Ronaldo, y a años luz del dinero destinado a salvar los bancos.

La infradotación de los municipios ha tenido como primera consecuencia el arrastre de una situación de gran subdesarrollo social, que no se reduce, frente a los principales países europeos. Además, los ayuntamientos se han visto obligados a buscar otras fuentes de financiación para tratar de ampliar sus exiguos presupuestos. Los que han podido, han recurrido al endeudamiento, y muchos, han llegado a depender de los ingresos obtenidos de la actividad urbanística. Según fuentes de investigación universitaria en 2004 “el 43,8% de las inversiones de los Ayuntamientos se financiaron con recursos procedentes del urbanismo”. (Manuel Esteban y José Sánchez). Los ayuntamientos han vendido su patrimonio, colaborando en el incremento de la espiral especulativa durante años, no sólo para pagar inversiones y servicios “impropios”, sino incluso para cubrir gastos corrientes. Factores como la dependencia del urbanismo y la venta de patrimonio municipal, unidos a la cultura del pelotazo a través de las recalificaciones del suelo, han sido el caldo de cultivo en el que han proliferado las tramas de corrupción por toda la geografía española.

Si al hecho de que los ayuntamientos cuenten con escasos recursos le añadimos el paupérrimo porcentaje de sus presupuestos que algunos dedican a gasto social, como ocurre con el de Madrid que dedica poco más del 5% de su presupuesto total, pues nos encontramos con que los recursos que se destinan a gasto social son la última prioridad de las administraciones, y, además, con la excusa de la crisis, en proceso de recorte y retroceso como demuestran las medidas adoptadas por el ayuntamiento madrileño respecto a la atención a domicilio o a la subasta de las escuelas infantiles públicas de gestión indirecta al “mejor postor” (el más barato para la administración).
No tendremos ni siquiera la opción de tener unos servicios sociales universales y, en conjunto, un sistema de servicios públicos dignos de tal nombre, mientras la financiación de las administraciones sea tan centralista. El debate de en qué se gastan los recursos públicos es vital, pero de nada sirven todas las propuestas de las Agendas 21, las propuestas en los Consejos Territoriales, en las Juntas de Distrito o en los propios Ayuntamientos si los recursos llegan a las administraciones públicas más próximas a las personas con cuentagotas mientras vemos cómo se derrochan, una y otra vez, en gastos que sólo benefician a una pequeña minoría social.