Que se «ajusten» los ricos

La historia se repite. Da igual que sea el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad o el Gobierno central, da igual la administración y el partido que la gobierne, cuando se han adoptar medidas que se supone van a ayudarnos a salir de la crisis, se recorta atendiendo las peticiones de los más poderosos, que siempre atacan al bolsillo de los trabajadores y de los vecinos con menos recursos.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha aprobado un drástico recorte del gasto público, fundamentalmente en su capítulo social. Se congelan las pensiones, se reduce el sueldo de los empleados públicos un 5% de media, se dificulta aún más la jubilación, se elimina el cheque bebé, se reduce la inversión pública y la ayuda al desarrollo y se elimina la retroactividad en el cobro de la ley de dependencia.

Tras respaldar a la banca privada con cientos de miles de millones de euros al inicio de la crisis, serán los parados, personas dependientes y funcionarios, así como los usuarios de los servicios públicos, quienes van a pagar los réditos de los bonos de deuda pública que compran bancos y fondos de inversión de todo el planeta.

Es una tomadura de pelo oír hablar de que la UE planta cara a los mercados financieros, cuando lo que realmente hace es rendirse a ellos, poniendo el dinero público a su servicio. Igual que es otra tomadura de pelo que nos digan que esta crisis la tenemos que arreglar entre todos, pues ésta no afecta a todos por igual. No da igual que seas un trabajador que un gran empresario.

Sin ir más lejos, los 584 consejeros ejecutivos y altos directivos de las empresas del Ibex 35 cobraron en 2009 una media de 989.000 euros. Ese nivel es el más alto alcanzado nunca por ese colectivo (¡en pleno año de crisis!). Equivale a 113 veces el salario mínimo, frente a las 97 veces de 2005. El salto es más espectacular entre los consejeros ejecutivos, la élite dentro de la élite. Su coste para las empresas ha pasado de 208 a 313 veces el salario mínimo en sólo cuatro años.

La lista Forbes, que incluye a las personas con fortunas superiores a mil millones de dólares (sí, mil millones…), se eleva a 1.011 privilegiados, 218 más que el año anterior. Éstos atesoraban a finales de 2009, 3,6 billones de dólares (2,6 billones de euros), un 50% más que en 2008. ¡Con la crisis se hacen más ricos! Hay 13 españoles en esa lista. El primero, Amancio Ortega en el puesto 9º, tiene una fortuna de 25.000 millones de dólares.

En el Estado español una pequeña élite de 400 personas, el 0,0035% de la población controla recursos que equivalen al 80% del PIB, más de 800.000 millones de euros. ¿Y tienen que pagar el ajuste los pensionistas y los trabajadores, públicos y privados? Sin embargo, en los últimos años se ha reducido los impuestos a las empresas, a las rentas más altas (reduciendo el tipo máximo del IRPF del 56 al 43%). De hecho, las mayores fortunas españolas tributan al 1% a través de las llamadas SICAV. ¿Por qué no le suben los impuestos a éstas? Si es necesario un plan de ajuste, ¿por qué no se le aplica a las rentas más altas? 15.000 millones de euros es una cantidad irrisoria para las grandes fortunas de este país, como hemos visto. Los beneficios brutos de las empresas en 2009 ascendieron a más de 460.000 millones de euros. El recorte que el Gobierno prevé hacer para los cuatro años (50.000 millones de euros) supone poco más de un 10% de esos beneficios.

La Banca

Es más, a la Banca se le ha brindado 140.000 millones de euros por parte del Estado en compra de bonos de los bancos y avales. ¿Por qué no se emplea ese dinero en atender directamente las necesidades sociales y el crédito a las pequeñas empresas a través de un banco público? De hecho, los cinco grandes bancos españoles declararon en 2009 unos beneficios de 16.000 millones de euros. No es de extrañar, mientras el Banco Central Europeo les presta el dinero al 1%, ellos lo prestan al Estado a más del 3%. De esa forma, así pues, se recorta a los empleados público su salario, a los afectados por la ley de dependencia, etcétera, para que el Estado pueda seguir pagando a los más ricos, que son quienes controlan los grandes fondos financieros, empezando por la Banca.

Y, puestos a recortar, ¿por qué no se recorta del dinero transferido a la sanidad o la educación privada que son decenas de miles de millones de euros? ¿O de lo transferido a la Iglesia, más de 7.000 de euros anuales a cargo de los presupuestos? ¿O los gastos militares? La presencia militar exterior española cuesta 712 millones de euros anuales, la mitad en Afganistán. Así pues, las reducciones de trabajadores públicos vía amortización de puestos, cese de interinos, etc, están a la orden del día.

Nuevas privatizaciones de servicios públicos rentables, como el suministro de aguas o parte de los servicios sanitarios, también cobrarán nuevos bríos. Reducciones de las prestaciones por desempleo, de las pensiones, la introducción de medidas como el copago en Sanidad, etc. ya se están poniendo encima de la mesa. Esto sólo es el principio de una agresión a gran escala contra los derechos sociales que los trabajadores conquistamos en años pasados.

Pues, ¡ya está bien! Además, los defensores de esta medida buscan enfrentar a los trabajadores del sector público con los privados, cuando en realidad, todos somos víctimas de la misma política. A los trabajadores del sector privado
ya se les están aplicando despidos y reducciones salariales desde el inicio de la recesión, pero los trabajadores públicos no tienen ninguna responsabilidad con la crisis y, de hecho, llevan muchos años perdiendo poder adquisitivo. Recortarles el salario o su número no resolverá ningún de los problemas de los trabajadores del sector privado ni de los parados, pero sí agravará la situación del conjunto de la clase trabajadora.

En el plano vecinal, la crisis está sirviendo para retrasar la construcción de los equipamientos necesarios en los barrios (como nuestro hospital en los terrenos de la cárcel) y para justificar privatizaciones y ausencia de nuevas inversiones. Los recortes atacan la educación, la sanidad, los servicios sociales, la cultura y el deporte, mientras continúan los dispendios en grandes actos conmemorativos (como el de la Gran Vía) o no termina de esclarecerse y limpiar responsabilidades en los casos de corrupción que se extienden por la Comunidad de Madrid.

Por eso es especialmente necesario revitalizar al movimiento obrero y vecinal, y ponerlo a la ofensiva. Ya hemos comprobado para qué quiere el “pacto social” la patronal y el Gobierno, que sólo si sirve para hacernos tragar la amarga píldora del ajuste sin protestar. Necesitamos un programa y un plan de lucha capaz de unir a todos los sectores de los trabajadores y luchar por mejorar nuestras condiciones de vida y ofrecer una salida social a la crisis.
Contar con una alternativa a las medidas que se proponen y ejecutan en todos los países europeos se hace fundamental. Es necesario elaborar un programa que se debata ampliamente en los sindicatos, las empresas, los barrios y asociaciones de vecinos, y con los estudiantes y jóvenes. Hay que demostrar que sí existe alternativa a todas las medidas que sufrimos, y que pasan por lograr mejores condiciones laborales, con reducción de la jornada laboral y la edad de jubilación, con el establecimiento de unos salarios dignos para todos, con la eliminación de la precariedad y la temporalidad, incrementando el gasto social y construyendo y poniendo en marcha todos los equipamientos públicos necesarios para garantizar una vida digna a todos los vecinos.

Todas estas medidas permitirían crear millones de puestos de trabajo y combatir realmente el paro, dando prioridad a que todo el mundo tenga unas condiciones de vida adecuadas. Medidas que únicamente serán posibles a través de la organización y movilización de vecinos y trabajadores.

No es un camino fácil, pero es el único posible.