Los trabajadores del Metro han tenido que soportar una rabiosa campaña de desprestigio de casi todos los medios de comunicación por atreverse a ejercitar su derecho democrático a la huelga. Los titulares han machacado reiteradamente con el calificativo de “salvaje” y los altos cargos de Madrid han repetido hasta la saciedad, siempre que les han puesto una “alcachofa” delante, que los 7.000 trabajadores del Metro no se han enfrentado a la dirección de la empresa o al gobierno de la Comunidad, sino “al pueblo de Madrid” que ha sufrido las consecuencias de la huelga.
Ha sido, en palabras de Esperanza Aguirre, “la batalla de los medios”, que ella considera le han ganado a los sindicatos y a los trabajadores del Metro. Han hecho todo lo posible por aislar esa lucha, presentarla como una rabieta gremialista e insolidaria con el resto de los trabajadores de Madrid, con el fin de sofocar cualquier atisbo de simpatía hacia una lucha justa por sus derechos.
La lucha surgió cuando el gobierno de la Comunidad de Madrid rompe el Convenio Colectivo del Metro, que fue refrendado por los trabajadores, aprobado por la Comunidad y firmado por la dirección del Metro y los sindicatos hace poco más de un año (17 de junio de 2009). Y lo rompe al aplicar la reducción del 5% al sueldo de los trabajadores con la falsa excusa de que están obligados a hacerlo pues así lo exige el Plan de Ajuste del Gobierno estatal. De hecho los trabajadores del Metro de Madrid no secundaron la huelga del sector público del 8 de junio pasado en la creencia de que a ellos no les afectaba el recorte salarial al no ser funcionarios. Los dirigentes sindicales, ingenuamente, también pensaban lo mismo pues el Plan de Ajuste aprobado por el gobierno Zapatero no incluye a las empresas públicas. Pero eso a Esperanza Aguirre le da igual.
La razón que provocó que la huelga fuese total durante dos días fue la imposición por parte del Gobierno regional de unos servicios mínimos abusivos, el 50%, que anulaba en la práctica el derecho a la huelga ya que su incidencia sería mínima.
Los mismos trabajadores del Metro, por medio de su Comité de Huelga, denuncian en un comunicado que “la razón que aducen para ‘saltarse’ nuestro convenio es la necesidad de un ahorro de 8 millones de euros en una empresa como ésta en que el despilfarro está a la orden del día en multitud de conceptos: creación de puestos directivos por amiguismo, obras faraónicas que no son necesarias, estaciones en descampados para posibles operaciones inmobiliarias, publicidad innecesaria de un servicio conocido de todos (sólo en esta partida tienen asignado un presupuesto de 10 millones de euros)”.
En otras palabras, se podrían recortar gastos de otros capítulos que no fuesen el salarial pero el gobierno de la Comunidad ni se lo plantea (o se lo planteará sólo como consecuencia de la lucha) dejando de esa forma bien claro que su pretensión es la de que los trabajadores y los servicios públicos sean quienes paguemos la factura de la crisis económica.
Por eso la importancia de la lucha del Metro va mucho más allá de la lucha por sus derechos de 7.000 trabajadores.
Si la lucha del Metro es derrotada será un acicate más para que se aplique la reducción salarial a todas las empresas públicas (EMT, Telemadrid, Canal de Isabel II…), y servirá de referencia para que las privadas también hagan lo mismo, tal y como ya está ocurriendo en muchas de ellas.
Si la Administración se sale con la suya y rompe impunemente este convenio colectivo estará marcando la pauta para que muchas otras empresas (públicas y privadas) pongan en práctica una de las principales reivindicaciones de la patronal y que tanto lamentan que la Reforma Laboral de Zapatero no haya incluido: acabar con la negociación colectiva para dictar los salarios a su antojo.
Si los expedientes abiertos a cientos de trabajadores del Metro, por no respetar los servicios mínimos decretados por el gobierno regional, terminan en algún despido, conseguirán que el miedo siga presidiendo las relaciones laborales. Para el gobierno regional del PP y para la patronal es muy importante dar un escarmiento a quienes se han atrevido a ir contra el mecanismo que han utilizado durante años para cercenar las luchas del movimiento obrero.
Por todas estas razones la lucha del Metro se ha convertido en una lucha en la que todos los trabajadores nos jugamos algo y por eso no sólo tenemos que apoyarla sino que hay que plantear abiertamente que la única forma de aumentar las posibilidades de victoria está en su extensión a todo el sector del transporte, a todo el sector público y, por último, a todos los sectores de la economía y de la sociedad madrileñas: La Huelga General. La huelga general concebida como un instrumento de lucha para favorecer que la clase obrera tome conciencia de su propia fuerza y cambiar la situación en la sociedad, y no como un instrumento de las direcciones sindicales para recuperar su papel de interlocutores sociales.
La huelga del metro es la mejor ocasión para preparar la huelga general de septiembre en Madrid; los sindicatos e IU tendrían que volcarse y poner toda la carne en el asador, generalizando en conflicto y llamando a una huelga general en la Comunidad de Madrid. El éxito del Metro lo sería de la Huelga General del 29 de septiembre; su derrota la pagaríamos cara, todos.
Es necesario plantearse la lucha en común contra los recortes salariales y de plantillas, contra los retrocesos en la defensa de los derechos de los trabajadores y contra las represalias a quienes van a la huelga. Pero hay que ir más allá, y es imprescindible plantear la lucha común por el reparto del trabajo (jornada laboral de 35 horas sin reducción salarial y jubilación a los 60 años con contrato de relevo), única forma de luchar contra la permanencia del paro como amenaza constante y lacra salvaje de un sistema que no es capaz de garantizar los medios de vida y superviviencia de una parte importante de la población.
Los trabajadores del Metro solos no pueden conseguir todo esto. Solos incluso pueden ser derrotados. Pero con el respaldo de los trabajadores y extendiendo esa lucha, no sólo podremos frenar los planes de la patronal y su gobierno en la región, sino que sentaremos las bases de un movimiento que se convierta en referencia de lucha y esperanza en un futuro libre de penurias individuales y colectivas.
miércoles, 7 de julio de 2010
martes, 1 de junio de 2010
Que se «ajusten» los ricos
La historia se repite. Da igual que sea el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad o el Gobierno central, da igual la administración y el partido que la gobierne, cuando se han adoptar medidas que se supone van a ayudarnos a salir de la crisis, se recorta atendiendo las peticiones de los más poderosos, que siempre atacan al bolsillo de los trabajadores y de los vecinos con menos recursos.
El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha aprobado un drástico recorte del gasto público, fundamentalmente en su capítulo social. Se congelan las pensiones, se reduce el sueldo de los empleados públicos un 5% de media, se dificulta aún más la jubilación, se elimina el cheque bebé, se reduce la inversión pública y la ayuda al desarrollo y se elimina la retroactividad en el cobro de la ley de dependencia.
Tras respaldar a la banca privada con cientos de miles de millones de euros al inicio de la crisis, serán los parados, personas dependientes y funcionarios, así como los usuarios de los servicios públicos, quienes van a pagar los réditos de los bonos de deuda pública que compran bancos y fondos de inversión de todo el planeta.
Es una tomadura de pelo oír hablar de que la UE planta cara a los mercados financieros, cuando lo que realmente hace es rendirse a ellos, poniendo el dinero público a su servicio. Igual que es otra tomadura de pelo que nos digan que esta crisis la tenemos que arreglar entre todos, pues ésta no afecta a todos por igual. No da igual que seas un trabajador que un gran empresario.
Sin ir más lejos, los 584 consejeros ejecutivos y altos directivos de las empresas del Ibex 35 cobraron en 2009 una media de 989.000 euros. Ese nivel es el más alto alcanzado nunca por ese colectivo (¡en pleno año de crisis!). Equivale a 113 veces el salario mínimo, frente a las 97 veces de 2005. El salto es más espectacular entre los consejeros ejecutivos, la élite dentro de la élite. Su coste para las empresas ha pasado de 208 a 313 veces el salario mínimo en sólo cuatro años.
La lista Forbes, que incluye a las personas con fortunas superiores a mil millones de dólares (sí, mil millones…), se eleva a 1.011 privilegiados, 218 más que el año anterior. Éstos atesoraban a finales de 2009, 3,6 billones de dólares (2,6 billones de euros), un 50% más que en 2008. ¡Con la crisis se hacen más ricos! Hay 13 españoles en esa lista. El primero, Amancio Ortega en el puesto 9º, tiene una fortuna de 25.000 millones de dólares.
En el Estado español una pequeña élite de 400 personas, el 0,0035% de la población controla recursos que equivalen al 80% del PIB, más de 800.000 millones de euros. ¿Y tienen que pagar el ajuste los pensionistas y los trabajadores, públicos y privados? Sin embargo, en los últimos años se ha reducido los impuestos a las empresas, a las rentas más altas (reduciendo el tipo máximo del IRPF del 56 al 43%). De hecho, las mayores fortunas españolas tributan al 1% a través de las llamadas SICAV. ¿Por qué no le suben los impuestos a éstas? Si es necesario un plan de ajuste, ¿por qué no se le aplica a las rentas más altas? 15.000 millones de euros es una cantidad irrisoria para las grandes fortunas de este país, como hemos visto. Los beneficios brutos de las empresas en 2009 ascendieron a más de 460.000 millones de euros. El recorte que el Gobierno prevé hacer para los cuatro años (50.000 millones de euros) supone poco más de un 10% de esos beneficios.
La Banca
Es más, a la Banca se le ha brindado 140.000 millones de euros por parte del Estado en compra de bonos de los bancos y avales. ¿Por qué no se emplea ese dinero en atender directamente las necesidades sociales y el crédito a las pequeñas empresas a través de un banco público? De hecho, los cinco grandes bancos españoles declararon en 2009 unos beneficios de 16.000 millones de euros. No es de extrañar, mientras el Banco Central Europeo les presta el dinero al 1%, ellos lo prestan al Estado a más del 3%. De esa forma, así pues, se recorta a los empleados público su salario, a los afectados por la ley de dependencia, etcétera, para que el Estado pueda seguir pagando a los más ricos, que son quienes controlan los grandes fondos financieros, empezando por la Banca.
Y, puestos a recortar, ¿por qué no se recorta del dinero transferido a la sanidad o la educación privada que son decenas de miles de millones de euros? ¿O de lo transferido a la Iglesia, más de 7.000 de euros anuales a cargo de los presupuestos? ¿O los gastos militares? La presencia militar exterior española cuesta 712 millones de euros anuales, la mitad en Afganistán. Así pues, las reducciones de trabajadores públicos vía amortización de puestos, cese de interinos, etc, están a la orden del día.
Nuevas privatizaciones de servicios públicos rentables, como el suministro de aguas o parte de los servicios sanitarios, también cobrarán nuevos bríos. Reducciones de las prestaciones por desempleo, de las pensiones, la introducción de medidas como el copago en Sanidad, etc. ya se están poniendo encima de la mesa. Esto sólo es el principio de una agresión a gran escala contra los derechos sociales que los trabajadores conquistamos en años pasados.
Pues, ¡ya está bien! Además, los defensores de esta medida buscan enfrentar a los trabajadores del sector público con los privados, cuando en realidad, todos somos víctimas de la misma política. A los trabajadores del sector privado
ya se les están aplicando despidos y reducciones salariales desde el inicio de la recesión, pero los trabajadores públicos no tienen ninguna responsabilidad con la crisis y, de hecho, llevan muchos años perdiendo poder adquisitivo. Recortarles el salario o su número no resolverá ningún de los problemas de los trabajadores del sector privado ni de los parados, pero sí agravará la situación del conjunto de la clase trabajadora.
En el plano vecinal, la crisis está sirviendo para retrasar la construcción de los equipamientos necesarios en los barrios (como nuestro hospital en los terrenos de la cárcel) y para justificar privatizaciones y ausencia de nuevas inversiones. Los recortes atacan la educación, la sanidad, los servicios sociales, la cultura y el deporte, mientras continúan los dispendios en grandes actos conmemorativos (como el de la Gran Vía) o no termina de esclarecerse y limpiar responsabilidades en los casos de corrupción que se extienden por la Comunidad de Madrid.
Por eso es especialmente necesario revitalizar al movimiento obrero y vecinal, y ponerlo a la ofensiva. Ya hemos comprobado para qué quiere el “pacto social” la patronal y el Gobierno, que sólo si sirve para hacernos tragar la amarga píldora del ajuste sin protestar. Necesitamos un programa y un plan de lucha capaz de unir a todos los sectores de los trabajadores y luchar por mejorar nuestras condiciones de vida y ofrecer una salida social a la crisis.
Contar con una alternativa a las medidas que se proponen y ejecutan en todos los países europeos se hace fundamental. Es necesario elaborar un programa que se debata ampliamente en los sindicatos, las empresas, los barrios y asociaciones de vecinos, y con los estudiantes y jóvenes. Hay que demostrar que sí existe alternativa a todas las medidas que sufrimos, y que pasan por lograr mejores condiciones laborales, con reducción de la jornada laboral y la edad de jubilación, con el establecimiento de unos salarios dignos para todos, con la eliminación de la precariedad y la temporalidad, incrementando el gasto social y construyendo y poniendo en marcha todos los equipamientos públicos necesarios para garantizar una vida digna a todos los vecinos.
Todas estas medidas permitirían crear millones de puestos de trabajo y combatir realmente el paro, dando prioridad a que todo el mundo tenga unas condiciones de vida adecuadas. Medidas que únicamente serán posibles a través de la organización y movilización de vecinos y trabajadores.
No es un camino fácil, pero es el único posible.
El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha aprobado un drástico recorte del gasto público, fundamentalmente en su capítulo social. Se congelan las pensiones, se reduce el sueldo de los empleados públicos un 5% de media, se dificulta aún más la jubilación, se elimina el cheque bebé, se reduce la inversión pública y la ayuda al desarrollo y se elimina la retroactividad en el cobro de la ley de dependencia.
Tras respaldar a la banca privada con cientos de miles de millones de euros al inicio de la crisis, serán los parados, personas dependientes y funcionarios, así como los usuarios de los servicios públicos, quienes van a pagar los réditos de los bonos de deuda pública que compran bancos y fondos de inversión de todo el planeta.
Es una tomadura de pelo oír hablar de que la UE planta cara a los mercados financieros, cuando lo que realmente hace es rendirse a ellos, poniendo el dinero público a su servicio. Igual que es otra tomadura de pelo que nos digan que esta crisis la tenemos que arreglar entre todos, pues ésta no afecta a todos por igual. No da igual que seas un trabajador que un gran empresario.
Sin ir más lejos, los 584 consejeros ejecutivos y altos directivos de las empresas del Ibex 35 cobraron en 2009 una media de 989.000 euros. Ese nivel es el más alto alcanzado nunca por ese colectivo (¡en pleno año de crisis!). Equivale a 113 veces el salario mínimo, frente a las 97 veces de 2005. El salto es más espectacular entre los consejeros ejecutivos, la élite dentro de la élite. Su coste para las empresas ha pasado de 208 a 313 veces el salario mínimo en sólo cuatro años.
La lista Forbes, que incluye a las personas con fortunas superiores a mil millones de dólares (sí, mil millones…), se eleva a 1.011 privilegiados, 218 más que el año anterior. Éstos atesoraban a finales de 2009, 3,6 billones de dólares (2,6 billones de euros), un 50% más que en 2008. ¡Con la crisis se hacen más ricos! Hay 13 españoles en esa lista. El primero, Amancio Ortega en el puesto 9º, tiene una fortuna de 25.000 millones de dólares.
En el Estado español una pequeña élite de 400 personas, el 0,0035% de la población controla recursos que equivalen al 80% del PIB, más de 800.000 millones de euros. ¿Y tienen que pagar el ajuste los pensionistas y los trabajadores, públicos y privados? Sin embargo, en los últimos años se ha reducido los impuestos a las empresas, a las rentas más altas (reduciendo el tipo máximo del IRPF del 56 al 43%). De hecho, las mayores fortunas españolas tributan al 1% a través de las llamadas SICAV. ¿Por qué no le suben los impuestos a éstas? Si es necesario un plan de ajuste, ¿por qué no se le aplica a las rentas más altas? 15.000 millones de euros es una cantidad irrisoria para las grandes fortunas de este país, como hemos visto. Los beneficios brutos de las empresas en 2009 ascendieron a más de 460.000 millones de euros. El recorte que el Gobierno prevé hacer para los cuatro años (50.000 millones de euros) supone poco más de un 10% de esos beneficios.
La Banca
Es más, a la Banca se le ha brindado 140.000 millones de euros por parte del Estado en compra de bonos de los bancos y avales. ¿Por qué no se emplea ese dinero en atender directamente las necesidades sociales y el crédito a las pequeñas empresas a través de un banco público? De hecho, los cinco grandes bancos españoles declararon en 2009 unos beneficios de 16.000 millones de euros. No es de extrañar, mientras el Banco Central Europeo les presta el dinero al 1%, ellos lo prestan al Estado a más del 3%. De esa forma, así pues, se recorta a los empleados público su salario, a los afectados por la ley de dependencia, etcétera, para que el Estado pueda seguir pagando a los más ricos, que son quienes controlan los grandes fondos financieros, empezando por la Banca.
Y, puestos a recortar, ¿por qué no se recorta del dinero transferido a la sanidad o la educación privada que son decenas de miles de millones de euros? ¿O de lo transferido a la Iglesia, más de 7.000 de euros anuales a cargo de los presupuestos? ¿O los gastos militares? La presencia militar exterior española cuesta 712 millones de euros anuales, la mitad en Afganistán. Así pues, las reducciones de trabajadores públicos vía amortización de puestos, cese de interinos, etc, están a la orden del día.
Nuevas privatizaciones de servicios públicos rentables, como el suministro de aguas o parte de los servicios sanitarios, también cobrarán nuevos bríos. Reducciones de las prestaciones por desempleo, de las pensiones, la introducción de medidas como el copago en Sanidad, etc. ya se están poniendo encima de la mesa. Esto sólo es el principio de una agresión a gran escala contra los derechos sociales que los trabajadores conquistamos en años pasados.
Pues, ¡ya está bien! Además, los defensores de esta medida buscan enfrentar a los trabajadores del sector público con los privados, cuando en realidad, todos somos víctimas de la misma política. A los trabajadores del sector privado
ya se les están aplicando despidos y reducciones salariales desde el inicio de la recesión, pero los trabajadores públicos no tienen ninguna responsabilidad con la crisis y, de hecho, llevan muchos años perdiendo poder adquisitivo. Recortarles el salario o su número no resolverá ningún de los problemas de los trabajadores del sector privado ni de los parados, pero sí agravará la situación del conjunto de la clase trabajadora.
En el plano vecinal, la crisis está sirviendo para retrasar la construcción de los equipamientos necesarios en los barrios (como nuestro hospital en los terrenos de la cárcel) y para justificar privatizaciones y ausencia de nuevas inversiones. Los recortes atacan la educación, la sanidad, los servicios sociales, la cultura y el deporte, mientras continúan los dispendios en grandes actos conmemorativos (como el de la Gran Vía) o no termina de esclarecerse y limpiar responsabilidades en los casos de corrupción que se extienden por la Comunidad de Madrid.
Por eso es especialmente necesario revitalizar al movimiento obrero y vecinal, y ponerlo a la ofensiva. Ya hemos comprobado para qué quiere el “pacto social” la patronal y el Gobierno, que sólo si sirve para hacernos tragar la amarga píldora del ajuste sin protestar. Necesitamos un programa y un plan de lucha capaz de unir a todos los sectores de los trabajadores y luchar por mejorar nuestras condiciones de vida y ofrecer una salida social a la crisis.
Contar con una alternativa a las medidas que se proponen y ejecutan en todos los países europeos se hace fundamental. Es necesario elaborar un programa que se debata ampliamente en los sindicatos, las empresas, los barrios y asociaciones de vecinos, y con los estudiantes y jóvenes. Hay que demostrar que sí existe alternativa a todas las medidas que sufrimos, y que pasan por lograr mejores condiciones laborales, con reducción de la jornada laboral y la edad de jubilación, con el establecimiento de unos salarios dignos para todos, con la eliminación de la precariedad y la temporalidad, incrementando el gasto social y construyendo y poniendo en marcha todos los equipamientos públicos necesarios para garantizar una vida digna a todos los vecinos.
Todas estas medidas permitirían crear millones de puestos de trabajo y combatir realmente el paro, dando prioridad a que todo el mundo tenga unas condiciones de vida adecuadas. Medidas que únicamente serán posibles a través de la organización y movilización de vecinos y trabajadores.
No es un camino fácil, pero es el único posible.
miércoles, 26 de mayo de 2010
EL CABANYAL: UN BARRIO DE VALENCIA AMENAZADO POR LA ESPECULACIÓN
El Cabanyal es un barrio de Valencia que fue municipio independiente hasta finales del siglo XIX.
Las típicas construcciones de barraca fueron destruidas por el fuego, lo que llevó a reconstruirlo a principios del siglo XX, con nuevas casas, la mayoría de dos plantas, que reflejan una arquitectura popular de gran riqueza, al combinar diversos elementos. Algunos edificios tienen protección como patrimonio cultural.
Este barrio junto al mar está amenazado por un proyecto de prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez que, en su intención de llegar hasta el mar, partiría en dos el barrio. Este proyecto destruiría directamente centenares de viviendas y afectaría a otras muchas más, pues cambiaría por completo la fisonomía urbanística y la vida del barrio de gran tradición popular, afectando a otros edificios protegidos como la centenaria lonja del pescado.
Desde hace 11 años una plataforma vecinal denominada Salvemos el Cabanyal trata por todos los medios de paralizar el proyecto destructor, habiendo realizado multitud de actos y exposiciones, consiguiendo en este tiempo el apoyo de todos los partidos e instituciones a excepción del PP y el Ayuntamiento de Valencia, impulsor del proyecto. Además han conseguido sentencias judiciales que, al menos, han paralizado hasta el momento la destrucción del barrio.
Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Valencia está tratando de comprar a bajo precio algunas de las viviendas afectadas por el proyecto, y, lo que es peor, dejando que se degraden al máximo esas viviendas de su propiedad, consintiendo la ocupación por parte de personas que se dedican al tráfico de drogas, lo que persigue el deterioro de la vida social para conseguir el abandono de otras capas sociales.
La batalla legal se ha recrudecido en las últimas semanas, con un dictamen del Ministerio de Cultura que, a instancias de una sentencia del Tribunal Supremo, ha declarado que el proyecto supone un expolio de bien cultural, lo que va contra la legalidad.
Como al parecer la operación urbanística destructiva y especulativa no se ajusta a la ley, las autoridades del Ayuntamiento y Comunidad Valenciana no se les ha ocurrido otra cosa que ajustar la ley a la operación, y así se han apresurado a aprobar un decreto ley que anula la protección del barrio.
El pasado 31 de enero 30.000 vecinos salieron a la calle en defensa de un barrio que no están dispuestos a dejar destruir, ya que es donde han vivido toda su vida.
A primeros de abril el Ayuntamiento derribó algunas viviendas con la oposición frontal de los vecinos, que fueron salvajemente reprimidos por policía local y nacional.
Los vecinos de Madrid han mostrado su apoyo a esta lucha, organizando un acto informativo en el Ateneo de Madrid y una concentración frente al ministerio de Cultura y en la sede del PP, que contó con centenares de asistentes, entre los que se encontraban decenas de vecinos llegados de el Cabanyal. Y está previsto realizar un viaje solidario al propio barrio que partirá de la capital el viernes 19 de junio.
En estos momentos se encuentran paralizados los derribos por la admisión a trámite, por parte del Tribunal Constitucional, de un recurso presentado por el Gobierno contra el decreto valenciano.
Las típicas construcciones de barraca fueron destruidas por el fuego, lo que llevó a reconstruirlo a principios del siglo XX, con nuevas casas, la mayoría de dos plantas, que reflejan una arquitectura popular de gran riqueza, al combinar diversos elementos. Algunos edificios tienen protección como patrimonio cultural.
Este barrio junto al mar está amenazado por un proyecto de prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez que, en su intención de llegar hasta el mar, partiría en dos el barrio. Este proyecto destruiría directamente centenares de viviendas y afectaría a otras muchas más, pues cambiaría por completo la fisonomía urbanística y la vida del barrio de gran tradición popular, afectando a otros edificios protegidos como la centenaria lonja del pescado.
Desde hace 11 años una plataforma vecinal denominada Salvemos el Cabanyal trata por todos los medios de paralizar el proyecto destructor, habiendo realizado multitud de actos y exposiciones, consiguiendo en este tiempo el apoyo de todos los partidos e instituciones a excepción del PP y el Ayuntamiento de Valencia, impulsor del proyecto. Además han conseguido sentencias judiciales que, al menos, han paralizado hasta el momento la destrucción del barrio.
Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Valencia está tratando de comprar a bajo precio algunas de las viviendas afectadas por el proyecto, y, lo que es peor, dejando que se degraden al máximo esas viviendas de su propiedad, consintiendo la ocupación por parte de personas que se dedican al tráfico de drogas, lo que persigue el deterioro de la vida social para conseguir el abandono de otras capas sociales.
La batalla legal se ha recrudecido en las últimas semanas, con un dictamen del Ministerio de Cultura que, a instancias de una sentencia del Tribunal Supremo, ha declarado que el proyecto supone un expolio de bien cultural, lo que va contra la legalidad.
Como al parecer la operación urbanística destructiva y especulativa no se ajusta a la ley, las autoridades del Ayuntamiento y Comunidad Valenciana no se les ha ocurrido otra cosa que ajustar la ley a la operación, y así se han apresurado a aprobar un decreto ley que anula la protección del barrio.
El pasado 31 de enero 30.000 vecinos salieron a la calle en defensa de un barrio que no están dispuestos a dejar destruir, ya que es donde han vivido toda su vida.
A primeros de abril el Ayuntamiento derribó algunas viviendas con la oposición frontal de los vecinos, que fueron salvajemente reprimidos por policía local y nacional.
Los vecinos de Madrid han mostrado su apoyo a esta lucha, organizando un acto informativo en el Ateneo de Madrid y una concentración frente al ministerio de Cultura y en la sede del PP, que contó con centenares de asistentes, entre los que se encontraban decenas de vecinos llegados de el Cabanyal. Y está previsto realizar un viaje solidario al propio barrio que partirá de la capital el viernes 19 de junio.
En estos momentos se encuentran paralizados los derribos por la admisión a trámite, por parte del Tribunal Constitucional, de un recurso presentado por el Gobierno contra el decreto valenciano.
miércoles, 19 de mayo de 2010
El copago-repago sanitario
Parece ser que le ha llegado la hora al copago-repago de los servicios sanitarios. Decimos “repago” porque la Sanidad ya se financia con nuestros impuestos pero se pretende que la paguemos otra vez con una nueva tasa en el momento de utilizar ciertos de los servicios de la sanidad pública. Según algunas informaciones periodísticas el presidente Zapatero y su círculo más cercano estuvieron debatiendo si en el plan de ajuste del gasto público anunciado el 11 de mayo se incluía la congelación de las pensiones o el copago sanitario. De momento, se inclinaron por lo primero, pero el coro que pide que se implante el “repago” aumenta día a día.
En la reunión que mantuvo la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, con los consejeros de salud de las 17 Comunidades autónomas en marzo, y en la que se acordó un recorte del gasto sanitario, todos los presidentes de comunidades gobernadas por el PP, más la catalana y la asturiana, pidieron la implantación del copago.
El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha defendido la necesidad del debate del copago “en un futuro no muy lejano”.
El Consejero de Castilla-León, Francisco Javier Álvarez, ha declarado que “la región no se cierra al copago si se logra un pacto estatal”.
El Consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, ha reclamado la “segunda parte del ajuste: el copago en la sanidad”.
La Consejera de Sanidad de la Generalitat, Marina Geli, ha publicado en El País (14/04/10) un artículo defendiendo el copago con el argumento de que el coste del Sistema Nacional de Salud “dista mucho del coste asumible por la sociedad”. Además, en el mismo artículo defendía la necesidad de desgravaciones fiscales para fomentar los seguros privados.
A juicio del FMI, un factor clave será estabilizar el gasto público en salud, que en España supera el 6% del PIB, y en ese sentido el organismo aconsejó reducir la cobertura.
Falso punto de partida
La necesidad del copago-repago se basa en la falsa idea de que el sistema sanitario público es insostenible porque los pacientes abusan de él. Para respaldar esta afirmación se utiliza una estadística fraudulenta. Se utiliza el dato de que en España la media de visitas médicas por habitante es de casi 9, mientras en la UE-15 es de 5. Pero, según Viçent Navarro (www.vnavarro.org/?p=3782), la estadística española está inflada en un 45% al incluir trámites administrativos y otras visitas a otros profesionales sanitarios, que en las estadísticas de la UE-15 aparecen por separado. El resultado es que las visitas médicas por habitante en España es igual o menor que la media europea.
Lo que se oculta tratando de culpar a los propios pacientes de los problemas de la sanidad es que el Estado español dedica mucho menos dinero a sanidad que la media de Europa. El déficit comparativo es tremendo pudiéndose hablar de subdesarrollo sanitario respecto a los países más destacados y avanzados de Europa. Según el mismo autor mientras el gasto sanitario medio de la UE-15 es de 2.464 dólares per capita, en España es de 1.917 d.p.c. El gasto público en Sanidad, según su cálculo, debería aumentar un 10,5% para alcanzar el nivel de un Estado con el PIB que tiene España. Pero, además, ese gasto debería incrementarse en un 30% más solo para alcanzar la media europea.
De hecho, ¿hasta qué punto se puede hablar de Sanidad universal y gratuita cuando hay prestaciones tan importantes para la población como la odontología o la podología que no están contempladas en la Seguridad Social?
Pero en vez de estar pensando en la mejora de la sanidad pública, los gestores públicos siguen pensando en cómo privatizarla, en cómo recortar el gasto o en cómo aumentar la parte que pagamos los trabajadores.
¿En qué podría consistir el copago?
En pagar para poder recibir atención sanitaria, convirtiéndola así en una mercancía, en lugar de en un derecho:
-Cada visita al médico de cabecera o pediatra.
-Para ser atendido por un especialista.
-Por ir a Urgencias.
-Pensionistas: un porcentaje en farmacia.
-Por cada día de ingreso en un hospital, o por las pruebas que allí se realicen, o la comida, …
-No cubrir ciertas prestaciones sanitarias (pruebas, tratamientos,...), debiendo pagar para recibirlas (o suscribir una póliza de seguro privado, como actualmente el dentista o el podólogo).
Precedentes
Lo que ya se ha implantado en países vecinos respecto al copago-repago, es un aviso de lo que se nos avecina.
En Portugal, cada visita al médico de cabecera cuesta 2 euros. La entrada en Urgencias supone un pago de 6 euros que son devueltos si se demuestra que realmente era una urgencia. Están exentos de esta tasa niños, embarazadas y crónicos.
En Francia cada consulta médica cuesta 1 euro, excepto a los menores de 16 años y a los indigentes.
En Italia las consultas de ciertos médicos especialistas puede llegar a costar 36 euros.
Razones para no aceptar el copago
Los estudios demuestran que en los países donde se aplica el copago no se ha conseguido disminuir el gasto y ha empeorado la asistencia a las personas con menos recursos, ancianos y pacientes crónicos.
–Afectará negativamente a la población con ingresos más bajos y a la más necesitada de atención sanitaria, incrementando las diferencias de esperanza de vida (que ya es de 16 años entre barrios de una misma ciudad).
–Si las personas con bajos ingresos no pagasen (p. ej. las de renta inferior al salario mínimo -633 euros/mes-) aún sería enorme el número de ciudadanos con serios problemas para poder acceder al sistema sanitario. No olvidemos que un 63% de los trabajadores son mileuristas.
–Esto supondría la “clasificación” como pobres de una parte de la población, con las consiguientes consecuencias denigratorias.
–Se tendría que crear una estructura burocrática para realizar los cobros que podría resultar más cara que lo que se pretende recaudar.
–En Urgencias, dejar en manos del médico la decisión de cobrar o no, le convierte en un policía.
Alternativas frente al copago:
• Farmacia:
- Compra centralizada y dispensación en los propios centros de los medicamentes mas prescritos.
- No autorización de medicamentos que no demuestren mejoras.
- Creación de una empresa pública de farmacia que fabrique y comercialice medicamentos genéricos baratos.
- Prohibición de la formación médica por los laboratorios privados.
• Vuelta a manos públicas de los centros ya privatizados.
• Utilización de los recursos públicos al 100%.
- Funcionamiento de Quirófanos y alta tecnología mañana y tarde.
- Reducción/eliminación de los conciertos con la privada.
Copago y privatización son dos caras de la misma moneda. La privatización de centros sanitarios se está produciendo en todas los puntos del Estado; su objetivo: desmontar los sistemas públicos, obligar a los de siempre a pagar de nuevo y traspasar a empresas privadas los servicios rentables de los que no podemos prescindir. Todo ello difundiendo la falsedad de que la sanidad pública es ineficiente para abrir de par en par la puerta a su transformación en un negocio seguro.
Hay dinero suficiente para mantener y mejorar la Sanidad Pública:
Cada año dedicamos unos 60.000 millones de euros para la sanidad pública, mientras que el fraude fiscal, fundamentalmente de los ricos, hace que cada año Hacienda deje de ingresar 90.000 millones de euros, dinero suficiente para financiar otro sistema sanitario.
En un país en el que el fraude fiscal de los que no dependen de una nómina es escandaloso, en el que los empresarios declaran ganar menos que sus asalariados, en el que quienes sostienen los servicios públicos son los trabajadores, el copago-repago es penalizar a los más necesitados.
En la reunión que mantuvo la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, con los consejeros de salud de las 17 Comunidades autónomas en marzo, y en la que se acordó un recorte del gasto sanitario, todos los presidentes de comunidades gobernadas por el PP, más la catalana y la asturiana, pidieron la implantación del copago.
El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha defendido la necesidad del debate del copago “en un futuro no muy lejano”.
El Consejero de Castilla-León, Francisco Javier Álvarez, ha declarado que “la región no se cierra al copago si se logra un pacto estatal”.
El Consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, ha reclamado la “segunda parte del ajuste: el copago en la sanidad”.
La Consejera de Sanidad de la Generalitat, Marina Geli, ha publicado en El País (14/04/10) un artículo defendiendo el copago con el argumento de que el coste del Sistema Nacional de Salud “dista mucho del coste asumible por la sociedad”. Además, en el mismo artículo defendía la necesidad de desgravaciones fiscales para fomentar los seguros privados.
A juicio del FMI, un factor clave será estabilizar el gasto público en salud, que en España supera el 6% del PIB, y en ese sentido el organismo aconsejó reducir la cobertura.
Falso punto de partida
La necesidad del copago-repago se basa en la falsa idea de que el sistema sanitario público es insostenible porque los pacientes abusan de él. Para respaldar esta afirmación se utiliza una estadística fraudulenta. Se utiliza el dato de que en España la media de visitas médicas por habitante es de casi 9, mientras en la UE-15 es de 5. Pero, según Viçent Navarro (www.vnavarro.org/?p=3782), la estadística española está inflada en un 45% al incluir trámites administrativos y otras visitas a otros profesionales sanitarios, que en las estadísticas de la UE-15 aparecen por separado. El resultado es que las visitas médicas por habitante en España es igual o menor que la media europea.
Lo que se oculta tratando de culpar a los propios pacientes de los problemas de la sanidad es que el Estado español dedica mucho menos dinero a sanidad que la media de Europa. El déficit comparativo es tremendo pudiéndose hablar de subdesarrollo sanitario respecto a los países más destacados y avanzados de Europa. Según el mismo autor mientras el gasto sanitario medio de la UE-15 es de 2.464 dólares per capita, en España es de 1.917 d.p.c. El gasto público en Sanidad, según su cálculo, debería aumentar un 10,5% para alcanzar el nivel de un Estado con el PIB que tiene España. Pero, además, ese gasto debería incrementarse en un 30% más solo para alcanzar la media europea.
De hecho, ¿hasta qué punto se puede hablar de Sanidad universal y gratuita cuando hay prestaciones tan importantes para la población como la odontología o la podología que no están contempladas en la Seguridad Social?
Pero en vez de estar pensando en la mejora de la sanidad pública, los gestores públicos siguen pensando en cómo privatizarla, en cómo recortar el gasto o en cómo aumentar la parte que pagamos los trabajadores.
¿En qué podría consistir el copago?
En pagar para poder recibir atención sanitaria, convirtiéndola así en una mercancía, en lugar de en un derecho:
-Cada visita al médico de cabecera o pediatra.
-Para ser atendido por un especialista.
-Por ir a Urgencias.
-Pensionistas: un porcentaje en farmacia.
-Por cada día de ingreso en un hospital, o por las pruebas que allí se realicen, o la comida, …
-No cubrir ciertas prestaciones sanitarias (pruebas, tratamientos,...), debiendo pagar para recibirlas (o suscribir una póliza de seguro privado, como actualmente el dentista o el podólogo).
Precedentes
Lo que ya se ha implantado en países vecinos respecto al copago-repago, es un aviso de lo que se nos avecina.
En Portugal, cada visita al médico de cabecera cuesta 2 euros. La entrada en Urgencias supone un pago de 6 euros que son devueltos si se demuestra que realmente era una urgencia. Están exentos de esta tasa niños, embarazadas y crónicos.
En Francia cada consulta médica cuesta 1 euro, excepto a los menores de 16 años y a los indigentes.
En Italia las consultas de ciertos médicos especialistas puede llegar a costar 36 euros.
Razones para no aceptar el copago
Los estudios demuestran que en los países donde se aplica el copago no se ha conseguido disminuir el gasto y ha empeorado la asistencia a las personas con menos recursos, ancianos y pacientes crónicos.
–Afectará negativamente a la población con ingresos más bajos y a la más necesitada de atención sanitaria, incrementando las diferencias de esperanza de vida (que ya es de 16 años entre barrios de una misma ciudad).
–Si las personas con bajos ingresos no pagasen (p. ej. las de renta inferior al salario mínimo -633 euros/mes-) aún sería enorme el número de ciudadanos con serios problemas para poder acceder al sistema sanitario. No olvidemos que un 63% de los trabajadores son mileuristas.
–Esto supondría la “clasificación” como pobres de una parte de la población, con las consiguientes consecuencias denigratorias.
–Se tendría que crear una estructura burocrática para realizar los cobros que podría resultar más cara que lo que se pretende recaudar.
–En Urgencias, dejar en manos del médico la decisión de cobrar o no, le convierte en un policía.
Alternativas frente al copago:
• Farmacia:
- Compra centralizada y dispensación en los propios centros de los medicamentes mas prescritos.
- No autorización de medicamentos que no demuestren mejoras.
- Creación de una empresa pública de farmacia que fabrique y comercialice medicamentos genéricos baratos.
- Prohibición de la formación médica por los laboratorios privados.
• Vuelta a manos públicas de los centros ya privatizados.
• Utilización de los recursos públicos al 100%.
- Funcionamiento de Quirófanos y alta tecnología mañana y tarde.
- Reducción/eliminación de los conciertos con la privada.
Copago y privatización son dos caras de la misma moneda. La privatización de centros sanitarios se está produciendo en todas los puntos del Estado; su objetivo: desmontar los sistemas públicos, obligar a los de siempre a pagar de nuevo y traspasar a empresas privadas los servicios rentables de los que no podemos prescindir. Todo ello difundiendo la falsedad de que la sanidad pública es ineficiente para abrir de par en par la puerta a su transformación en un negocio seguro.
Hay dinero suficiente para mantener y mejorar la Sanidad Pública:
Cada año dedicamos unos 60.000 millones de euros para la sanidad pública, mientras que el fraude fiscal, fundamentalmente de los ricos, hace que cada año Hacienda deje de ingresar 90.000 millones de euros, dinero suficiente para financiar otro sistema sanitario.
En un país en el que el fraude fiscal de los que no dependen de una nómina es escandaloso, en el que los empresarios declaran ganar menos que sus asalariados, en el que quienes sostienen los servicios públicos son los trabajadores, el copago-repago es penalizar a los más necesitados.
lunes, 1 de febrero de 2010
Todos somos vecinos del Cabanyal
“Si fuera necesario, procederíamos a modificar la normativa sobre los Bienes de Interés Cultural.” -Paula Sánchez de León, consellera valenciana de Justicia-
Poco ha durado la alegría en el barrio valenciano del Cabanyal. Cuando todavía celebraban la paralización del plan municipal para derribar cientos de casas, el gobierno valenciano se ha apresurado a legislar lo que haga falta para que las demoliciones continúen.
No sé si vieron la cara de medusa furiosa de la alcaldesa, Rita Barberá, cuando conoció la decisión de Cultura de considerar las obras como un expolio del patrimonio histórico y ordenar su suspensión. En privado, la alcaldesa debió de jurar venganza. En público, se mordió la lengua pero anunció que no pensaba envainarse el proyecto.
Pocas cosas más peligrosas que un gobernante que pierde la partida, pues verá su derrota como una humillación. En este país no hay costumbre ni saben encajar los reveses. Pero sobre todo, lo ocurrido era intolerable no ya por el Cabanyal, sino por lo que podría suponer como ejemplo. ¿Dónde íbamos a llegar si unos vecinos humildes consiguieran parar un plan urbanístico? ¿Y si cunde el ejemplo, y da aliento a otras luchas vecinales, en Valencia o donde sea? Hay que aplastar ese brote cuanto antes, más ahora que el movimiento vecinal parece despertar del letargo de tres décadas.
Así que ya saben, vecinos del Cabanyal: si creían que podían desmontar la barricada, ya ven que la artillería de los “modernizadores” municipales sigue dispuesta a dejar en solar hasta la última casa que se resista. Los vecinos del resto del país deberíamos unirnos a su lucha, que no sea sólo cosa de un barrio. Porque el movimiento vecinal tiene en la acción local, de barrio, su principal fortaleza pero también su mayor debilidad. Va siendo hora de montar una internacional vecinal, a ver si así podemos.
Isaac Rosa
http://blogs.publico.es/trabajarcansa/2010/01/08/todos-somos-vecinos-del-cabanyal/
Poco ha durado la alegría en el barrio valenciano del Cabanyal. Cuando todavía celebraban la paralización del plan municipal para derribar cientos de casas, el gobierno valenciano se ha apresurado a legislar lo que haga falta para que las demoliciones continúen.
No sé si vieron la cara de medusa furiosa de la alcaldesa, Rita Barberá, cuando conoció la decisión de Cultura de considerar las obras como un expolio del patrimonio histórico y ordenar su suspensión. En privado, la alcaldesa debió de jurar venganza. En público, se mordió la lengua pero anunció que no pensaba envainarse el proyecto.
Pocas cosas más peligrosas que un gobernante que pierde la partida, pues verá su derrota como una humillación. En este país no hay costumbre ni saben encajar los reveses. Pero sobre todo, lo ocurrido era intolerable no ya por el Cabanyal, sino por lo que podría suponer como ejemplo. ¿Dónde íbamos a llegar si unos vecinos humildes consiguieran parar un plan urbanístico? ¿Y si cunde el ejemplo, y da aliento a otras luchas vecinales, en Valencia o donde sea? Hay que aplastar ese brote cuanto antes, más ahora que el movimiento vecinal parece despertar del letargo de tres décadas.
Así que ya saben, vecinos del Cabanyal: si creían que podían desmontar la barricada, ya ven que la artillería de los “modernizadores” municipales sigue dispuesta a dejar en solar hasta la última casa que se resista. Los vecinos del resto del país deberíamos unirnos a su lucha, que no sea sólo cosa de un barrio. Porque el movimiento vecinal tiene en la acción local, de barrio, su principal fortaleza pero también su mayor debilidad. Va siendo hora de montar una internacional vecinal, a ver si así podemos.
Isaac Rosa
http://blogs.publico.es/trabajarcansa/2010/01/08/todos-somos-vecinos-del-cabanyal/
sábado, 16 de enero de 2010
LA LUCHA VECINAL CONTRA LA TASA DE BASURA: ALGUNAS ENSEÑANZAS
Como se pudo leer en una pancarta exhibida en alguna de las múltiples manifestaciones vecinales contra la imposición de los parquímetros en los barrios periféricos de Madrid, parece que habría que agradecer a Gallardón el que haya despertado al movimiento vecinal del letargo en que se encontraba sumido desde hace largos años en Madrid.
Si aquella lucha llegó a ser conocida más allá de los límites de la ciudad e incluso traspasó las fronteras, la imposición arbitraria de la nueva tasa de basura, con el único fin de sanear un poco las maltrechas arcas municipales, ha levantado de nuevo a los vecinos madrileños, como no estábamos habituados a ver. De las movilizaciones que se han llevado a cabo semanas atrás podríamos empezar a sacar algunas enseñanzas.
- Frente a las agresiones del poder, sigue existiendo en Madrid una capacidad de movilización y respuesta vecinal, que, sin dejar de reconocer que es manifiestamente mejorable, ha adquirido unos niveles notables: Unos 5.000 manifestantes en cada una de las dos movilizaciones en la calle, muchos miles participando en asambleas informativas; miles de recursos y aplazamientos de pago también; y más de 100.000 firmas recogidas. Es el balance hasta ahora conocido.
- Se ha podido ver que cuando hay decisión y trabajo continuado, sea por convencimiento propio o por tratar de “estar a la altura” de ciertas circunstancias, se multiplica por 10 o más el seguimiento vecinal hacia las campañas que realizamos. Los poderosos medios con que cuenta el poder hacen que los vecinos duden, a menudo, de si la lucha valdrá o no para algo; pero cuando no dudan del fracaso es si observan falta de convencimiento en sus dirigentes, y en estas circunstancias el seguimiento es nulo.
- Abundando en esta idea, hemos podido observar que una veintena de asociaciones vecinales ha logrado similar capacidad de convocatoria que toda la Federación entera, lo que demuestra que lo que mueve a los vecinos cuando hay un problema es la decisión, entrega e ilusión de los activistas que son capaces de involucrar a sus vecinos.
- También se ha constatado que los apoyos que fueron recabados en las últimas semanas por parte de importantes organizaciones sindicales y políticas madrileñas parecían más en la idea de dejar claro que no apoyaban la manifestación del 28 de octubre, que en el apoyo real a la concentración del 15 de noviembre, pues, salvo algún que otro representante aislado, sólo acudieron las bases de las asociaciones de vecinos convocantes.
- Las organizaciones vecinales que estamos impulsando esta lucha y convocamos las recientes movilizaciones, tenemos la responsabilidad de continuar con la lucha, con los medios más acertados que permitan, al menos, mantenerla en los niveles alcanzados, y realizar acciones que obliguen a los responsables municipales a retirar esta tasa injusta. De no hacerlo, los vecinos que nos han seguido se sentirán legítimamente defraudados, y sumiremos en una profunda desmoralización a un movimiento vecinal que parece querer volver al puesto que nunca debió abandonar en la lucha social.
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