Como es conocido, el gobierno de Zapatero aprobó una inversión de 8.000 millones de euros para la realización de inversiones por parte de los municipios españoles. Este dinero se ha repartido en función de los habitantes, y al municipio de Madrid le han correspondido algo más de 554 millones.
Según el decreto que lo regula, estas inversiones “deben ser de nueva planificación y de ejecución inmediata”, y “deben tener un valor estimado inferior a 5 millones de euros”
Algunas asociaciones de vecinos exigieron que este fondo se dedicara íntegramente a dotar a los barrios de las infraestructuras que necesitan y que son relegadas, año tras año, por unos presupuestos ordinarios que siempre favorecen las obras del centro, las que lucen la insaciable ambición de Ruiz Gallardón.
Como podía temerse, la distribución de este fondo responde una vez más a este desprecio por los barrios populares, donde vivimos los trabajadores, que contribuimos igual que los vecinos de otros distritos ricos, pero que no participamos de la misma manera en su distribución.
Así por ejemplo, mientras en los distritos centrales la inversión por vecino es de 167 euros, en la periferia, con más necesidades, sólo se destinan 127 euros por cabeza. Y hay casos verdaderamente escandalosos, como lo es en el distrito Centro, con 543 euros por cabeza, o en Moncloa con 289 euros, frente a distritos como Latina o Fuencarral, en los que la cantidad invertida por habitante es de 75 y 70 euros respectivamente.
El Ayuntamiento de Madrid además incumple las condiciones del decreto en dos apartados importantes. Destina bastante más de una cuarta parte del total del fondo al proyecto Madrid-Río (que por cierto, después de arruinar Madrid enterrando la M-30, ahora no hay dinero para adecentar la superficie, convertida en una enorme escombrera insalubre), y al eje Prado-Recoletos; pero para sortear el decreto, los trocea en pequeños proyectos que no superen el límite de 5 millones. A tramposo no hay quien le gane.
Y por otro lado, 27 de los proyectos aprobados, por un importe total de 93 millones de euros (la sexta parte del total) estaban ya contemplados en los presupuestos de 2009, con lo que no son “de nueva planificación”. Con esta operación, también fraudulenta, puede reducir aún más los presupuestos ordinarios (que por primera vez en la historia de Madrid se reducen respecto al ejercicio anterior), o bien destinar esos millones a otras inversiones, que desde luego no serán para los barrios, sino para proyectos de los que no disfrutamos los madrileños, como la rehabilitación de la nueva sede de Cibeles, el centro de convenciones de las cuatro torres o el Madrid Olímpico.
Para completar este análisis, señalar que 97 de los proyectos que serán financiados con cargo a este Fondo Estatal de Inversión Local, por un importe de 186 millones de euros (la tercera parte del total), están incluidos en el programa electoral con el que el candidato del PP, Gallardón, se presentó a las elecciones. Es decir, el gobierno central, con un fondo especial, financia el programa del PP en Madrid.
Una vez más Gallardón demuestra su poco interés por los vecinos y por las zonas más necesitadas, al destinar la mayoría de los ingresos que recibe, del estado o de sus abusivas tasas, a sus faraónicas obras que han arruinado al municipio y enriquecido a unas pocas constructoras. Los vecinos de barrios periféricos nos preguntamos si somos de Madrid para algo más que contribuir a la ostentación del alcalde de turno, porque para eso nos lucirían más los impuestos si pudiéramos gestionarlos directamente, como así hacen los municipios a nuestro alrededor.
viernes, 6 de febrero de 2009
La coartada olímpica
Vuelven a sonar las trompetas olímpicas en la villa de Madrid tras el fracaso de la candidatura de 2012 y, esta vez, inmersos en una crisis económica que ha colapsado el Ayuntamiento madrileño. Solo el Fondo Estatal de Inversión, 550 millones de euros aportados por el gobierno central, ha conseguido rescatar proyectos como la Operación Río o la remodelación del Paseo de Recoletos, aunque a costa de un nuevo olvido de las necesidades de los barrios de la periferia. Justificar una nueva inversión de la envergadura que supone la organización de unas Olimpiadas, tras declarar al Ayuntamiento en bancarrota, significaba para el alcalde una nueva jugada de trilero necesaria para que los grandes negocios paralizados por la crisis tuvieran una salida que había sido descartada tan solo dos años antes.
“Cuando algunos avisan del riesgo de que éste sea el siglo en el que las civilizaciones choquen –decía Alberto Ruiz Gallardón- cabe preguntarse si, a la vista del fracaso de tantos instrumentos ensayados, desde la diplomacia a la guerra, no podrá el olimpismo aportar algo de la capacidad de encuentro, diálogo y comprensión que los hombres no somos capaces de encontrar”. Sonroja tal cúmulo de palabrería huera para referirse a lo que no es sino un inmenso negocio y, en eso, Gallardón es un consumado maestro.
Fiel heredero de los primeros apologistas del capitalismo, los gobernantes del consistorio madrileño, auguran un sinfín de beneficios para los “madrileños” del evento olímpico: creación de empleo, infraestructuras, nuevas instalaciones deportivas y hasta el medioambiente de la ciudad saldría beneficiado. Todavía se desconoce el presupuesto final que conllevará la candidatura 2016, aunque sí que se sabe que el gobierno central aportará 15.435 millones de euros. A falta de conocer los números aportados por Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, tan solo se puede hacer un análisis del proyecto de 2012 e intentar hacer una trasposición de datos al de 2016.
El proyecto previsto para la candidatura de 2012 tenía un coste previsto de 6.500 millones de euros y unos beneficios estimados hasta 2016 de más de 9.000 millones de euros. Básicamente el resultado económico de los juegos olímpicos sería un aumento de las infraestructuras y del turismo. Eso sólo significan dos cosas: trabajo temporal, que termina con el fin de las obras, y más empleo precario y mal pagado, como caracteriza a la hostelería, uno de los sectores con salarios más bajos.
Las infraestructuras deportivas se limitarían a ser útiles sólo para el deporte de élite, esa escuela de modernos “gladiadores” al servicio del marketing, y en mayor provecho de las empresas del negocio deportivo. En realidad, el consistorio está privatizando las dotaciones municipales deportivas, ya de por sí insuficientes, con lo que demuestra que no le importa nada el deporte de base. Y, finalmente, todos los recursos enterrados en este proyecto dejarían de estar disponibles para atender las necesidades sociales.
En realidad, si había 6.500 millones de euros para invertir en el proyecto olímpico, la mayoría de los cuales provendrán de las arcas públicas, ¿podemos aceptar que esa sea la prioridad? Gallardón ya dejó claro cuáles son las suyas en la primera legislatura con la inversión de 4.800 millones de euros en el soterramiento de la M-30, cinco veces más del total de gasto social municipal en esos cuatro años. No cuesta mucho imaginar qué cambio hubiera podido sufrir Madrid si toda esta ingente cantidad de recursos se hubiera invertido en escuelas infantiles, residencias para la tercera edad, centros de día, centros culturales, vivienda de protección pública, en desarrollar de forma integral el transporte público, en infraestructura sanitaria en convenio con la Comunidad…
Eso sí hubiera supuesto un drástico reequilibrio social de Madrid, generador de servicios sociales y empleos estables y de calidad, dando lugar a un trasvase de renta de la minoría ultra rica de nuestra ciudad a la mayoría que sufre grandes dificultades para llegar a fin de mes. Y ahí está el problema, que a pesar de la palabrería sobre los “madrileños” no todos somos iguales. La derecha, con Gallardón al frente, no ha dudado en condenar a Madrid a un auténtico subdesarrollo social, para que las grandes empresas sigan aumentando sus cuentas de beneficios a costa del erario público.
¿Y qué suponía el proyecto olímpico en la práctica? La continuación de la política de la M-30, por otros medios. Una nueva coartada para que las administraciones públicas gastasen otra fortuna en beneficio fundamentalmente de las grandes empresas. Basta ver cuáles eran los principales “patrocinadores preferentes” del evento: Acciona, Ferrovial, FCC, Dragados, Sacyr Vallermoso, Isolux-Corsan Corviam… además del Corte Inglés, Repsol, Caja Madrid… No tenemos ninguna duda de que todas estas empresas, ahora que ha terminado el auge inmobiliario, estarán urgiendo a Gallardón para que saque adelante un nuevo plan de infraestructuras a cuenta de Madrid 2016.
En realidad, la candidatura olímpica nos es más que una elegante y deportiva versión de la teoría del “trickle down”, que defiende que si crecen las ganancias de los más ricos esta riqueza acaba alcanzando al conjunto de la sociedad. Pero la única consecuencia de estas políticas es un ciudad cada vez más desigual.
Igual que los liberales británicos decimonónicos presentaban al capital y al libre cambio como lo más conveniente para la sociedad, cuando en realidad, era lo más beneficioso para ellos, el PP y Gallardón presentan el proyecto olímpico como lo más provechoso para los “madrileños”, cuando, en realidad, es extraordinariamente rentable para una minoría a costa de la mayoría. Más valdría que no olvidáramos que en el mundo todavía hay clases.
Claro, que el alcalde no tendría tan fácil realizar este ejercicio de hipnosis de masas si, en lugar respaldar su proyecto olimpista, la izquierda desenmascarara los intereses reales de su política. Mientras en los barrios de Madrid las asociaciones de vecinos tienen que luchar a diario contra las infinitas carencias sociales, las direcciones de IU y PSOE respaldan parte de la política faraónica de Gallardón. Pero no se puede tener todo, obra faraónica y atender las necesidades sociales… y menos ahora que vienen las vacas flacas.
“Cuando algunos avisan del riesgo de que éste sea el siglo en el que las civilizaciones choquen –decía Alberto Ruiz Gallardón- cabe preguntarse si, a la vista del fracaso de tantos instrumentos ensayados, desde la diplomacia a la guerra, no podrá el olimpismo aportar algo de la capacidad de encuentro, diálogo y comprensión que los hombres no somos capaces de encontrar”. Sonroja tal cúmulo de palabrería huera para referirse a lo que no es sino un inmenso negocio y, en eso, Gallardón es un consumado maestro.
Fiel heredero de los primeros apologistas del capitalismo, los gobernantes del consistorio madrileño, auguran un sinfín de beneficios para los “madrileños” del evento olímpico: creación de empleo, infraestructuras, nuevas instalaciones deportivas y hasta el medioambiente de la ciudad saldría beneficiado. Todavía se desconoce el presupuesto final que conllevará la candidatura 2016, aunque sí que se sabe que el gobierno central aportará 15.435 millones de euros. A falta de conocer los números aportados por Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, tan solo se puede hacer un análisis del proyecto de 2012 e intentar hacer una trasposición de datos al de 2016.
El proyecto previsto para la candidatura de 2012 tenía un coste previsto de 6.500 millones de euros y unos beneficios estimados hasta 2016 de más de 9.000 millones de euros. Básicamente el resultado económico de los juegos olímpicos sería un aumento de las infraestructuras y del turismo. Eso sólo significan dos cosas: trabajo temporal, que termina con el fin de las obras, y más empleo precario y mal pagado, como caracteriza a la hostelería, uno de los sectores con salarios más bajos.
Las infraestructuras deportivas se limitarían a ser útiles sólo para el deporte de élite, esa escuela de modernos “gladiadores” al servicio del marketing, y en mayor provecho de las empresas del negocio deportivo. En realidad, el consistorio está privatizando las dotaciones municipales deportivas, ya de por sí insuficientes, con lo que demuestra que no le importa nada el deporte de base. Y, finalmente, todos los recursos enterrados en este proyecto dejarían de estar disponibles para atender las necesidades sociales.
En realidad, si había 6.500 millones de euros para invertir en el proyecto olímpico, la mayoría de los cuales provendrán de las arcas públicas, ¿podemos aceptar que esa sea la prioridad? Gallardón ya dejó claro cuáles son las suyas en la primera legislatura con la inversión de 4.800 millones de euros en el soterramiento de la M-30, cinco veces más del total de gasto social municipal en esos cuatro años. No cuesta mucho imaginar qué cambio hubiera podido sufrir Madrid si toda esta ingente cantidad de recursos se hubiera invertido en escuelas infantiles, residencias para la tercera edad, centros de día, centros culturales, vivienda de protección pública, en desarrollar de forma integral el transporte público, en infraestructura sanitaria en convenio con la Comunidad…
Eso sí hubiera supuesto un drástico reequilibrio social de Madrid, generador de servicios sociales y empleos estables y de calidad, dando lugar a un trasvase de renta de la minoría ultra rica de nuestra ciudad a la mayoría que sufre grandes dificultades para llegar a fin de mes. Y ahí está el problema, que a pesar de la palabrería sobre los “madrileños” no todos somos iguales. La derecha, con Gallardón al frente, no ha dudado en condenar a Madrid a un auténtico subdesarrollo social, para que las grandes empresas sigan aumentando sus cuentas de beneficios a costa del erario público.
¿Y qué suponía el proyecto olímpico en la práctica? La continuación de la política de la M-30, por otros medios. Una nueva coartada para que las administraciones públicas gastasen otra fortuna en beneficio fundamentalmente de las grandes empresas. Basta ver cuáles eran los principales “patrocinadores preferentes” del evento: Acciona, Ferrovial, FCC, Dragados, Sacyr Vallermoso, Isolux-Corsan Corviam… además del Corte Inglés, Repsol, Caja Madrid… No tenemos ninguna duda de que todas estas empresas, ahora que ha terminado el auge inmobiliario, estarán urgiendo a Gallardón para que saque adelante un nuevo plan de infraestructuras a cuenta de Madrid 2016.
En realidad, la candidatura olímpica nos es más que una elegante y deportiva versión de la teoría del “trickle down”, que defiende que si crecen las ganancias de los más ricos esta riqueza acaba alcanzando al conjunto de la sociedad. Pero la única consecuencia de estas políticas es un ciudad cada vez más desigual.
Igual que los liberales británicos decimonónicos presentaban al capital y al libre cambio como lo más conveniente para la sociedad, cuando en realidad, era lo más beneficioso para ellos, el PP y Gallardón presentan el proyecto olímpico como lo más provechoso para los “madrileños”, cuando, en realidad, es extraordinariamente rentable para una minoría a costa de la mayoría. Más valdría que no olvidáramos que en el mundo todavía hay clases.
Claro, que el alcalde no tendría tan fácil realizar este ejercicio de hipnosis de masas si, en lugar respaldar su proyecto olimpista, la izquierda desenmascarara los intereses reales de su política. Mientras en los barrios de Madrid las asociaciones de vecinos tienen que luchar a diario contra las infinitas carencias sociales, las direcciones de IU y PSOE respaldan parte de la política faraónica de Gallardón. Pero no se puede tener todo, obra faraónica y atender las necesidades sociales… y menos ahora que vienen las vacas flacas.
La política especulativa de los gobernantes de Madrid se burla de la justicia
Desde la llegada a los gobiernos autonómico y municipal de Esperanza Aguirre y Alberto Ruíz-Gallardón, los tribunales han dictado varias sentencias que declaraban nulas algunas de sus disposiciones y actuaciones, lo que supone un reiterado revés al fondo y a la forma con que Madrid, comunidad y capital, está siendo gobernado en los últimos años. Sin embargo estos gobernantes, especialistas en bordear la legislación vigente, en lugar de cumplir las sentencias han mantenido y desarrollado sus actos nulos, como si la justicia no fuera con ellos. Veamos algunos ejemplos.
Soterramiento de la M-30.- Por lo simbólico de la obra, buque insignia del mandato de Gallardón en la alcaldía madrileña, y origen de la bancarrota en que tiene sumido al municipio, es quizá el caso más flagrante. Primero llamó “calle” a una verdadera autopista de varios carriles por sentido. Y para evitar la Declaración de Impacto Ambiental de las obras las troceó, como si de pequeño arreglos se tratara. Pero el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid dictó una sentencia (282/2008) que anuló la resolución municipal de 2005 que aprobaba los proyectos de soterramiento de los diferentes tramos de la M-30. Así de contundente pero inútil, pues la obra no se ha revocado.
A pesar de los recursos interpuestos por Ecologistas en Acción antes del inicio de las obras, no se evitó la ejecución del proyecto ni que los vecinos sufrieran una larga tortura de más de dos años. Pero la M-30, ejecutada y en uso a pesar de ser ilegal, ha supuesto también una ruina económica para las arcas municipales que se prolongará durante muchas legislaturas sin que, en contra de lo que sigue pregonando el Ayuntamiento, se haya resuelto ninguno de los problemas que teóricamente la justificaban: los atascos y la contaminación persisten.
Ampliación de la carretera M-501 (conocida como carretera de los pantanos).- En 2005 el nuevo gobierno de Aguirre, surgido de un pucherazo electoral, aprueba ilegalmente la conversión en autovía de un tramo de esta carretera, y comienza las obras de una manera precipitada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón de nuevo a la denuncia formulada por Ecologistas en Acción. Pero el tribunal, en lugar de paralizar las obras para hacer cumplir su sentencia, exige a la parte denunciante una fianza de 497.567 €, cosa que no hace con la administración denunciada, a la que permite que continúe con una obra que ha sido declarada ilegal.
A pesar de la sentencia, y de que todos los contratos han sido declarados nulos, la obra se completó un un plazo breve, empleando para ello incluso una planta de asfaltado ilegal.
22 Desarrollos urbanísticos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.- Más grave aún si cabe resulta el desprecio de ambas administraciones a la sentencia que anula los planes urbanísticos de 22 desarrollos en el municipio de Madrid, que afectan a la construcción de 150.000 viviendas.
El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM-97) desclasificaba unos terrenos, situados en los límites del municipio, que el Plan General anterior de 1985 había declarado de especial protección por sus valores ecológicos y para el equilibrio medioambiental de la ciudad. El PGOUM-97 declaró urbanizables estos terrenos sin ninguna justificación, para construir en ellos los grandes desarrollos conocidos (PAUs, Valdebebas, Campamento, Sureste, etc.).
El 7 de julio de 2007, el Tribunal Supremo, atendiendo en este caso a un recurso del grupo municipal socialista, ratificaba una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 2003, por la que se declaraba nula esta desclasificación. Los tribunales no tomaron ninguna medida cautelar, y en 10 años la administración ha urbanizado y construido de manera ilegal en unos terrenos cuyos valores medioambientales han sido arrasados de forma impune.
El Ayuntamiento de Madrid, con el beneplácito de la Comunidad, se ha limitado a presentar una documentación con la que subsanar un defecto de forma. Pero el propio tribunal ya ha rechazado esta pretensión, pues el PGOUM-97 ha sido declarado nulo en lo relativo a estos desarrollos. Los vecinos madrileños y de municipios limítrofes están perdiendo unos terrenos necesarios para su salud y equilibrio medioambiental, y los que están comprando las nuevas viviendas corren el riesgo de que puedan ser demolidas en el futuro.
Actualización de la tasa de vado de los garajes de Madrid.- Las urgencias recaudatorias del equipo de gobierno municipal de Madrid provocan la elevación de las tasas en unas proporciones gigantes. Es lo que pasó con la subida de la citada tasa producida en 2006, que supuso una subida cercana, en algunos casos, al 300%.
Esta medida, adoptada tras la reforma de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización del dominio público, fue anulada en diciembre de 2007 por el TSJM debido a que en la tramitación de la ordenanza no se justificó las cuantías a cobrar. El Ayuntamiento de Madrid sigue cobrando los permisos de vados con las tarifas anuladas, como si no hubiese pasado nada.
La ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) efectuada en 2006.- De medida meramente recaudatoria fue tildada por las asociaciones de vecinos de los barrios periféricos afectados. El 1 de marzo de 2006 Gallardón ampliaba los límites del SER, con los famosos parquímetros, cubriendo su ámbito casi todo el interior de la M-30 y extendiéndose, más allá, a cuatro núcleos periféricos separados entre sí con la excusa de ser “cascos históricos”.
El decreto que regulaba la ampliación del SER fue declarado nulo 31 meses después de su puesta en funcionamiento por una sentencia (253/2008) del juzgado nº 26 de lo contencioso administrativo de Madrid, debido a las irregularidades cometidas en su aprobación. Sin embargo, los parquímetros han seguido instalados y funcionando, y los vigilantes denunciando, tanto en los barrios del interior de la M30 como en los cascos históricos de la periferia, en una muestra más del desprecio que Gallardón tiene por la justicia. Esta ampliación ha tratado de ser legalizada mediante una disposición adicional a la ordenanza que regula esta tasa para 2009, sin que el ayuntamiento se haya planteado la devolución de las cantidades cobradas indebidamente en estos 3 años de ilegalidad manifiesta.
Esta historia de desprecio por la justicia no es nueva; ya se vio con Álvarez del Manzano, y con el propio Gallardón al frente de la Comunidad. Pero los actuales están superando las cotas del pasado, como puede verse con otros casos que ilustran esta actitud y práctica que los gobernantes madrileños del Partido Popular tienen respecto de la legalidad y la justicia. La Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre acumula sentencias contra sus decisiones e iniciativas, como el Reglamento que desarrolla la Ley Antitabaco, con el que pretendía darle la batalla al gobierno central, la Ley de Medidas Urgentes, que impedía el acceso de guardas forestales a las fincas rústicas, la adjudicación de las concesiones de TDT, que resultaron caer todas en manos de grupos mediáticos afines a sus intereses, o la negativa a regular la emisión de radios libres y comunitarias, lo que muestra la coherencia de su profesado liberalismo. Todo ello ha sido desaprobado por los tribunales.
Aguirre y Gallardón, mediáticamente enfrentados por sus ambiciones de poder, están muy unidos en lo que se refiere a la defensa de las multinacionales, las privatizaciones y el desprecio de la ley y los tribunales. Ni rectifican ni asumen la responsabilidad de una política basada en el “porque lo digo yo” que está acarreando por demás nefastas consecuencias para el futuro social, económico y medioambiental de la región y la ciudad de Madrid, con la complicidad de todos aquellos que prefieren mirar para otro lado mientras ponen la mano. Con sus tretas legales tratan de ganar tiempo, y cuando estas sentencias sean firmes seguramente ellos se habrán retirado del ejercicio de la política y serán otros los que continúen con el trabajo sucio al servicio del negocio.
En esas circunstancias, ¿para qué sirve la Justicia si es incapaz de hacer cumplir sus sentencias, si contempla impasible cómo los gobernantes incumplen las leyes mientras realizan actos declarados ilegales con consecuencias irreparables? Cuando nos hablan de los peligrosos anti-sistema, ¿a quién se refieren? ¿No son ellos los auténticos anti-sistema?
REFERENCIAS:
Soterramiento M-30
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article12599
Ampliación M-501
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article11407
Desarrollos urbanísticos
Ampliación del SER
http://www.parquimetrosfuera.org/
Permisos de vados
http://www.psoemadrid.org/notas_de_prensa/view/los_vecinos_han_presentado_17_000_recursos_a_la_tasa_de_vados_el_40_de_las_matriculas_de_vados.html
TDT
http://www.publico.es/televisionygente/178727/anulado/adjudicacion/concesiones/tdt/madrid
Bancarrota y despilfarro
El Ayuntamiento está en bancarrota. El Banco de España cifra la deuda en 6.301 millones de euros, habiéndose triplicado desde que Ruiz-Gallardón llegó a la alcaldía. Superamos las deudas de Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia y Zaragoza juntas. Según la Intervención General del Estado, el déficit anual del Ayuntamiento ascendió a 1.531 millones de euros en 2007, cuando desde 2005 el Plan Económico Financiero que el Ministerio de Economía y Hacienda obligó a elaborar al Consistorio debería haber reducido progresivamente el déficit hasta eliminarlo completamente en 2008. Según la Ley de Estabilidad, el Gobierno central podría negarse a aprobar nuevas inversiones y Madrid no podrá endeudarse más.
Recortes y gastos
El Alcalde ya ha anunciado que no se construirán los equipamientos públicos previstos y prometidos en campaña electoral, con lo que pretende ahorrar 200 millones de euros. Se han paralizado ocho instalaciones deportivas, diez centros para mayores, seis escuelas infantiles y tres centros culturales. Además hay muchas instalaciones que se encuentran abandonadas o cerradas (Polideportivo de Las Cruces), o bien han sido cedidas a empresas privadas para que hagan negocio (Polideportivo Fernández Ochoa en el PAU). También se han recortado servicios sociales y asistenciales.
Sin embargo, se mantienen grandes obras que poco o ningún servicio dan a los madrileños, como las instalaciones olímpicas (sólo la Caja Mágica se llevará en 2009 220 millones de euros), la nueva sede del Ayuntamiento en Cibeles (cuyo traslado supone 440 millones de euros), o el nuevo Centro Internacional de Convenciones en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, que costará 360 millones de euros.
En 2009 los madrileños pagaremos 307 millones de euros, 841.000 euros al día, para amortizar los 5.630 millones de euros de las obras de la M-30. Y lo seguiremos pagando hasta 2040. En total 10.400 millones si contamos los intereses financieros: diez veces más de lo anunciado al aprobar el proyecto. Unas obras que además han sido declaradas ilegales por sentencia judicial por carecer de la preceptiva declaración de impacto ambiental.
No es sólo la M-30
Pero las grandes obras innecesarias no son la única causa de la quiebra. Entre 2002 y 2008 se ha triplicado el número de altos cargos y personal de libre designación, pasando de 483 a 1.336, formando un auténtico ejército de colaboradores de Ruiz-Gallardón infiltrados en la estructura municipal para ejercer su control político hasta la más pequeña decisión. El salario bruto de un alto cargo municipal es de 72.000 euros anuales (un millón de pesetas al mes), por lo que estos comisarios políticos nos cuestan 100 millones de euros al año. Casi lo mismo que se ha gastado en los últimos cuatro años para construir equipamientos básicos (escuelas infantiles, escuelas de música, centros de formación, de mayores y asistenciales).
En 2008 miles de mayores se han quedado sin servicio de ayuda a domicilio, la mayoría de los niños en edad de acceder a una escuela infantil pública no encuentran plaza, los jóvenes no tienen un centro juvenil, una cancha deportiva o una biblioteca próxima, no ha mejorado el transporte público, o el acceso a la vivienda es aún más difícil. Sin embargo Ruiz-Gallardón no soluciona los problemas del 2008 porque prefiere gastar nuestro dinero en más obras faraónicas, las de las instalaciones e infraestructuras de la candidatura olímpica de 2016, obras que no darán prácticamente ningún servicio a los madrileños y que fomentarán la especulación.
Subidas y sanciones
Menos servicios pero más impuestos, una subida media de 130 euros por ciudadano. El Ayuntamiento está tramitando la modificación de más de veinte ordenanzas municipales para subir tasas e impuestos: El IBI sube el 18,5% (acumula un 70% de subida desde 2004), se impone una nueva tasa de basuras (59 euros de media por vivienda), suben los parquímetros (5%), los aparcamientos públicos (6,5%), la grúa, los polideportivos, etc. Mención especial para la tasa de los vados, con un aumento medio del 235%, y que se aplica a pesar de haber sido declarada ilegal por sentencia judicial (como la M-30 o la extensión del SER).
Y, para seguir recaudando, nuevas multas, sancionando desproporcionadamente conductas inocuas, con un objetivo no sólo recaudatorio sino directamente represor, como en el caso de la Ordenanza de Publicidad Exterior: 750 euros por buscar en la basura (1.500 si es la basura de algún organismo público). También 750 euros por dar de comer a animales o por arrojar un papel a la vía pública. 1.500 euros por no recoger las deyecciones de animales domésticos. 3.000 euros por repartir folletos en la vía pública. 6.000 euros por realizar pintadas. Etcétera.
Desmantelar lo público para vendérselo a sus amigos
La afirmación es contundente, pero los hechos y los datos hablan por sí solos. Ruiz-Gallardón recauda todo lo que puede de los trabajadores, incluso en contra de resoluciones judiciales, y se lo da a las constructoras y grandes empresas. Privatiza servicios municipales, como bibliotecas, centros culturales, polideportivos, atención al ciudadano, etc., pese a que nos sale más caro y no se da mejor servicio. ¿Acaso hemos notado alguna mejoría en el servicio de limpieza de las vías públicas tras su privatización hace años?
Además se ha dilapidado el patrimonio municipal vendiendo edificios y suelo público, desmantelando el erario municipal o, dicho de otro modo, liquidando lo público, lo que es de todos, para pagar los caprichos del alcalde. Y lo público que pasa a manos privadas va a las manos de los de siempre, siempre buenos amigos de Ruiz-Gallardón. Y entonces surge la duda. ¿Hasta qué punto el exceso de gasto que nos ha llevado a esta situación ha sido un error de cálculo? ¿No será todo, en realidad, una maniobra cuidadosamente calculada?
Recortes y gastos
El Alcalde ya ha anunciado que no se construirán los equipamientos públicos previstos y prometidos en campaña electoral, con lo que pretende ahorrar 200 millones de euros. Se han paralizado ocho instalaciones deportivas, diez centros para mayores, seis escuelas infantiles y tres centros culturales. Además hay muchas instalaciones que se encuentran abandonadas o cerradas (Polideportivo de Las Cruces), o bien han sido cedidas a empresas privadas para que hagan negocio (Polideportivo Fernández Ochoa en el PAU). También se han recortado servicios sociales y asistenciales.
Sin embargo, se mantienen grandes obras que poco o ningún servicio dan a los madrileños, como las instalaciones olímpicas (sólo la Caja Mágica se llevará en 2009 220 millones de euros), la nueva sede del Ayuntamiento en Cibeles (cuyo traslado supone 440 millones de euros), o el nuevo Centro Internacional de Convenciones en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, que costará 360 millones de euros.
En 2009 los madrileños pagaremos 307 millones de euros, 841.000 euros al día, para amortizar los 5.630 millones de euros de las obras de la M-30. Y lo seguiremos pagando hasta 2040. En total 10.400 millones si contamos los intereses financieros: diez veces más de lo anunciado al aprobar el proyecto. Unas obras que además han sido declaradas ilegales por sentencia judicial por carecer de la preceptiva declaración de impacto ambiental.
No es sólo la M-30
Pero las grandes obras innecesarias no son la única causa de la quiebra. Entre 2002 y 2008 se ha triplicado el número de altos cargos y personal de libre designación, pasando de 483 a 1.336, formando un auténtico ejército de colaboradores de Ruiz-Gallardón infiltrados en la estructura municipal para ejercer su control político hasta la más pequeña decisión. El salario bruto de un alto cargo municipal es de 72.000 euros anuales (un millón de pesetas al mes), por lo que estos comisarios políticos nos cuestan 100 millones de euros al año. Casi lo mismo que se ha gastado en los últimos cuatro años para construir equipamientos básicos (escuelas infantiles, escuelas de música, centros de formación, de mayores y asistenciales).
En 2008 miles de mayores se han quedado sin servicio de ayuda a domicilio, la mayoría de los niños en edad de acceder a una escuela infantil pública no encuentran plaza, los jóvenes no tienen un centro juvenil, una cancha deportiva o una biblioteca próxima, no ha mejorado el transporte público, o el acceso a la vivienda es aún más difícil. Sin embargo Ruiz-Gallardón no soluciona los problemas del 2008 porque prefiere gastar nuestro dinero en más obras faraónicas, las de las instalaciones e infraestructuras de la candidatura olímpica de 2016, obras que no darán prácticamente ningún servicio a los madrileños y que fomentarán la especulación.
Subidas y sanciones
Menos servicios pero más impuestos, una subida media de 130 euros por ciudadano. El Ayuntamiento está tramitando la modificación de más de veinte ordenanzas municipales para subir tasas e impuestos: El IBI sube el 18,5% (acumula un 70% de subida desde 2004), se impone una nueva tasa de basuras (59 euros de media por vivienda), suben los parquímetros (5%), los aparcamientos públicos (6,5%), la grúa, los polideportivos, etc. Mención especial para la tasa de los vados, con un aumento medio del 235%, y que se aplica a pesar de haber sido declarada ilegal por sentencia judicial (como la M-30 o la extensión del SER).
Y, para seguir recaudando, nuevas multas, sancionando desproporcionadamente conductas inocuas, con un objetivo no sólo recaudatorio sino directamente represor, como en el caso de la Ordenanza de Publicidad Exterior: 750 euros por buscar en la basura (1.500 si es la basura de algún organismo público). También 750 euros por dar de comer a animales o por arrojar un papel a la vía pública. 1.500 euros por no recoger las deyecciones de animales domésticos. 3.000 euros por repartir folletos en la vía pública. 6.000 euros por realizar pintadas. Etcétera.
Desmantelar lo público para vendérselo a sus amigos
La afirmación es contundente, pero los hechos y los datos hablan por sí solos. Ruiz-Gallardón recauda todo lo que puede de los trabajadores, incluso en contra de resoluciones judiciales, y se lo da a las constructoras y grandes empresas. Privatiza servicios municipales, como bibliotecas, centros culturales, polideportivos, atención al ciudadano, etc., pese a que nos sale más caro y no se da mejor servicio. ¿Acaso hemos notado alguna mejoría en el servicio de limpieza de las vías públicas tras su privatización hace años?
Además se ha dilapidado el patrimonio municipal vendiendo edificios y suelo público, desmantelando el erario municipal o, dicho de otro modo, liquidando lo público, lo que es de todos, para pagar los caprichos del alcalde. Y lo público que pasa a manos privadas va a las manos de los de siempre, siempre buenos amigos de Ruiz-Gallardón. Y entonces surge la duda. ¿Hasta qué punto el exceso de gasto que nos ha llevado a esta situación ha sido un error de cálculo? ¿No será todo, en realidad, una maniobra cuidadosamente calculada?
La sanidad madrileña,... en la UCI
Desde hace unos años, venimos observando como la sanidad madrileña enferma de manera crítica, provocada por un deterioro progresivo del sistema público con el fin de poder justificar la voracidad privatizadora ante los ciudadanos. Los síntomas son más que evidentes: el gasto sanitario per cápita de la Comunidad, cifrado en 102 euros, es 36,23 euros menor que la media de las comunidades autónomas, que alcanza los 138,23 euros. Este síntoma, evidencia que el gasto sanitario público que dedica la Comunidad de Madrid per cápita es el penúltimo respecto al resto de comunidades y el último en tanto por ciento sobre el Producto Interior Bruto (PIB).
Pero hay otros síntomas que evidencian el estado enfermizo de la sanidad madrileña, como por ejemplo el número de pacientes por médico, con 1.708 tarjetas sanitarias individuales por médico, siendo la media de las comunidades de 1.461 pacientes por cada médico, lo que provoca agendas muy cargadas de citas, la reducción de tiempo dedicado a las mismas y demoras respecto a las citaciones para la atención primaria.
El germen que produjo la enfermedad fue la aprobación de la Ley 15/97 de "Nuevas formas de Gestión en la Sanidad", con los votos del PP y PSOE a favor, abriendo el camino que permitió que el sector público sanitario se convirtiera en un mercado, y por ende, en "oportunidades de negocio para las empresas", tal como rezaba en el programa que altos cargos de la consejería de Sanidad entregaron a empresarios en un encuentro mantenido en un hotel y cuya sistencia costaba 1.380 euros.
Fue la aprobación, en diciembre de 2001, de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM), la que desarrolló en el ámbito madrileño lo que la Ley 15/97 había legitimizado, pero no fue hasta el año 2005 cuando la Comunidad de Madrid aceleró el proceso privatizador de la sanidad pública, traspasando a empresas privadas la gestión y explotación, durante treinta años, de los 8 nuevos hospitales mediante el modelo de concesión. Este modelo se aplicó en Gran Bretaña por medio del gobierno de Margaret Thatcher, evidenciando grandes inconvenientes, tanto para los usuarios como para los profesionales de la salud que trabajan en ellos. Problemas incluso reconocidos por un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 2006 que concluye que "los nuevos servicios han sido en general más costosos que si se hubieran empleado los métodos tradicionales" de gestión y financiación pública.
El remate a la débil situación de la sanidad madrileña ha sido que aprovechando la Ley de acompañamiento de los presupuestos para el año 2008, el Partido Popular ha dado un paso más en esta estrategia mediante la aprobación de los mecanismos legales que permiten la conversión de los actuales centros sanitarios públicos en "entidades de derecho privado", así como la creación de 6 empresas de derecho privado destinadas a gestionar "la parte sanitaria" de los nuevos centros (aquella que, supuestamente, no se iba a privatizar nunca). Dicho sistema, que ya está aplicando el PSOE en Andalucía desde varios años, y que es similar a las Fundaciones Sanitarias creadas por el PP en Galicia, trata de eludir los controles del derecho público e incrementar la flexibilidad y precariedad laborales. Sin embargo, esta nueva forma de gestión nunca ha conseguido evidenciar una mayor eficiencia sanitaria con el paso de los años.
Esta privatización, ya no encubierta pero si ocultada por los medios de comunicación y por la administración, ha continuado con los Centros de Especialidades de Pontones y Quintana, y a no mucho tardar se ampliará con otros Centros de Especialidades y Centros de Salud , que según la nueva zonificación sanitaria pasarán a depender de los nuevos hospitales, con lo que esto significa si el centro de salud proyectado en el nuevo Bercial llega a construirse.
Se ha abierto la veda y el gran negocio de la salud ya está en marcha. Con nuestro dinero y sobre todo con nuestra salud, algunos intentan conseguir grandes beneficios económicos, y si no hacemos nada lo van a conseguir.
La protección de la salud es un derecho, y es nuestro deber defender su universalidad, equidad, y solidaridad.
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