Bancarrota y despilfarro

El Ayuntamiento está en bancarrota. El Banco de España cifra la deuda en 6.301 millones de euros, habiéndose triplicado desde que Ruiz-Gallardón llegó a la alcaldía. Superamos las deudas de Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia y Zaragoza juntas. Según la Intervención General del Estado, el déficit anual del Ayuntamiento ascendió a 1.531 millones de euros en 2007, cuando desde 2005 el Plan Económico Financiero que el Ministerio de Economía y Hacienda obligó a elaborar al Consistorio debería haber reducido progresivamente el déficit hasta eliminarlo completamente en 2008. Según la Ley de Estabilidad, el Gobierno central podría negarse a aprobar nuevas inversiones y Madrid no podrá endeudarse más.

Recortes y gastos

El Alcalde ya ha anunciado que no se construirán los equipamientos públicos previstos y prometidos en campaña electoral, con lo que pretende ahorrar 200 millones de euros. Se han paralizado ocho instalaciones deportivas, diez centros para mayores, seis escuelas infantiles y tres centros culturales. Además hay muchas instalaciones que se encuentran abandonadas o cerradas (Polideportivo de Las Cruces), o bien han sido cedidas a empresas privadas para que hagan negocio (Polideportivo Fernández Ochoa en el PAU). También se han recortado servicios sociales y asistenciales.

Sin embargo, se mantienen grandes obras que poco o ningún servicio dan a los madrileños, como las instalaciones olímpicas (sólo la Caja Mágica se llevará en 2009 220 millones de euros), la nueva sede del Ayuntamiento en Cibeles (cuyo traslado supone 440 millones de euros), o el nuevo Centro Internacional de Convenciones en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, que costará 360 millones de euros.

En 2009 los madrileños pagaremos 307 millones de euros, 841.000 euros al día, para amortizar los 5.630 millones de euros de las obras de la M-30. Y lo seguiremos pagando hasta 2040. En total 10.400 millones si contamos los intereses financieros: diez veces más de lo anunciado al aprobar el proyecto. Unas obras que además han sido declaradas ilegales por sentencia judicial por carecer de la preceptiva declaración de impacto ambiental.

No es sólo la M-30

Pero las grandes obras innecesarias no son la única causa de la quiebra. Entre 2002 y 2008 se ha triplicado el número de altos cargos y personal de libre designación, pasando de 483 a 1.336, formando un auténtico ejército de colaboradores de Ruiz-Gallardón infiltrados en la estructura municipal para ejercer su control político hasta la más pequeña decisión. El salario bruto de un alto cargo municipal es de 72.000 euros anuales (un millón de pesetas al mes), por lo que estos comisarios políticos nos cuestan 100 millones de euros al año. Casi lo mismo que se ha gastado en los últimos cuatro años para construir equipamientos básicos (escuelas infantiles, escuelas de música, centros de formación, de mayores y asistenciales).

En 2008 miles de mayores se han quedado sin servicio de ayuda a domicilio, la mayoría de los niños en edad de acceder a una escuela infantil pública no encuentran plaza, los jóvenes no tienen un centro juvenil, una cancha deportiva o una biblioteca próxima, no ha mejorado el transporte público, o el acceso a la vivienda es aún más difícil. Sin embargo Ruiz-Gallardón no soluciona los problemas del 2008 porque prefiere gastar nuestro dinero en más obras faraónicas, las de las instalaciones e infraestructuras de la candidatura olímpica de 2016, obras que no darán prácticamente ningún servicio a los madrileños y que fomentarán la especulación.

Subidas y sanciones

Menos servicios pero más impuestos, una subida media de 130 euros por ciudadano. El Ayuntamiento está tramitando la modificación de más de veinte ordenanzas municipales para subir tasas e impuestos: El IBI sube el 18,5% (acumula un 70% de subida desde 2004), se impone una nueva tasa de basuras (59 euros de media por vivienda), suben los parquímetros (5%), los aparcamientos públicos (6,5%), la grúa, los polideportivos, etc. Mención especial para la tasa de los vados, con un aumento medio del 235%, y que se aplica a pesar de haber sido declarada ilegal por sentencia judicial (como la M-30 o la extensión del SER).

Y, para seguir recaudando, nuevas multas, sancionando desproporcionadamente conductas inocuas, con un objetivo no sólo recaudatorio sino directamente represor, como en el caso de la Ordenanza de Publicidad Exterior: 750 euros por buscar en la basura (1.500 si es la basura de algún organismo público). También 750 euros por dar de comer a animales o por arrojar un papel a la vía pública. 1.500 euros por no recoger las deyecciones de animales domésticos. 3.000 euros por repartir folletos en la vía pública. 6.000 euros por realizar pintadas. Etcétera.

Desmantelar lo público para vendérselo a sus amigos

La afirmación es contundente, pero los hechos y los datos hablan por sí solos. Ruiz-Gallardón recauda todo lo que puede de los trabajadores, incluso en contra de resoluciones judiciales, y se lo da a las constructoras y grandes empresas. Privatiza servicios municipales, como bibliotecas, centros culturales, polideportivos, atención al ciudadano, etc., pese a que nos sale más caro y no se da mejor servicio. ¿Acaso hemos notado alguna mejoría en el servicio de limpieza de las vías públicas tras su privatización hace años?

Además se ha dilapidado el patrimonio municipal vendiendo edificios y suelo público, desmantelando el erario municipal o, dicho de otro modo, liquidando lo público, lo que es de todos, para pagar los caprichos del alcalde. Y lo público que pasa a manos privadas va a las manos de los de siempre, siempre buenos amigos de Ruiz-Gallardón. Y entonces surge la duda. ¿Hasta qué punto el exceso de gasto que nos ha llevado a esta situación ha sido un error de cálculo? ¿No será todo, en realidad, una maniobra cuidadosamente calculada?