La política especulativa de los gobernantes de Madrid se burla de la justicia

Desde la llegada a los gobiernos autonómico y municipal de Esperanza Aguirre y Alberto Ruíz-Gallardón, los tribunales han dictado varias sentencias que declaraban nulas algunas de sus disposiciones y actuaciones, lo que supone un reiterado revés al fondo y a la forma con que Madrid, comunidad y capital, está siendo gobernado en los últimos años. Sin embargo estos gobernantes, especialistas en bordear la legislación vigente, en lugar de cumplir las sentencias han mantenido y desarrollado sus actos nulos, como si la justicia no fuera con ellos. Veamos algunos ejemplos.

Soterramiento de la M-30.- Por lo simbólico de la obra, buque insignia del mandato de Gallardón en la alcaldía madrileña, y origen de la bancarrota en que tiene sumido al municipio, es quizá el caso más flagrante. Primero llamó “calle” a una verdadera autopista de varios carriles por sentido. Y para evitar la Declaración de Impacto Ambiental de las obras las troceó, como si de pequeño arreglos se tratara. Pero el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid dictó una sentencia (282/2008) que anuló la resolución municipal de 2005 que aprobaba los proyectos de soterramiento de los diferentes tramos de la M-30. Así de contundente pero inútil, pues la obra no se ha revocado.

A pesar de los recursos interpuestos por Ecologistas en Acción antes del inicio de las obras, no se evitó la ejecución del proyecto ni que los vecinos sufrieran una larga tortura de más de dos años. Pero la M-30, ejecutada y en uso a pesar de ser ilegal, ha supuesto también una ruina económica para las arcas municipales que se prolongará durante muchas legislaturas sin que, en contra de lo que sigue pregonando el Ayuntamiento, se haya resuelto ninguno de los problemas que teóricamente la justificaban: los atascos y la contaminación persisten.

Ampliación de la carretera M-501 (conocida como carretera de los pantanos).- En 2005 el nuevo gobierno de Aguirre, surgido de un pucherazo electoral, aprueba ilegalmente la conversión en autovía de un tramo de esta carretera, y comienza las obras de una manera precipitada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón de nuevo a la denuncia formulada por Ecologistas en Acción. Pero el tribunal, en lugar de paralizar las obras para hacer cumplir su sentencia, exige a la parte denunciante una fianza de 497.567 €, cosa que no hace con la administración denunciada, a la que permite que continúe con una obra que ha sido declarada ilegal.

A pesar de la sentencia, y de que todos los contratos han sido declarados nulos, la obra se completó un un plazo breve, empleando para ello incluso una planta de asfaltado ilegal.
22 Desarrollos urbanísticos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.- Más grave aún si cabe resulta el desprecio de ambas administraciones a la sentencia que anula los planes urbanísticos de 22 desarrollos en el municipio de Madrid, que afectan a la construcción de 150.000 viviendas.

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM-97) desclasificaba unos terrenos, situados en los límites del municipio, que el Plan General anterior de 1985 había declarado de especial protección por sus valores ecológicos y para el equilibrio medioambiental de la ciudad. El PGOUM-97 declaró urbanizables estos terrenos sin ninguna justificación, para construir en ellos los grandes desarrollos conocidos (PAUs, Valdebebas, Campamento, Sureste, etc.).

El 7 de julio de 2007, el Tribunal Supremo, atendiendo en este caso a un recurso del grupo municipal socialista, ratificaba una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 2003, por la que se declaraba nula esta desclasificación. Los tribunales no tomaron ninguna medida cautelar, y en 10 años la administración ha urbanizado y construido de manera ilegal en unos terrenos cuyos valores medioambientales han sido arrasados de forma impune.
El Ayuntamiento de Madrid, con el beneplácito de la Comunidad, se ha limitado a presentar una documentación con la que subsanar un defecto de forma. Pero el propio tribunal ya ha rechazado esta pretensión, pues el PGOUM-97 ha sido declarado nulo en lo relativo a estos desarrollos. Los vecinos madrileños y de municipios limítrofes están perdiendo unos terrenos necesarios para su salud y equilibrio medioambiental, y los que están comprando las nuevas viviendas corren el riesgo de que puedan ser demolidas en el futuro.

Actualización de la tasa de vado de los garajes de Madrid.- Las urgencias recaudatorias del equipo de gobierno municipal de Madrid provocan la elevación de las tasas en unas proporciones gigantes. Es lo que pasó con la subida de la citada tasa producida en 2006, que supuso una subida cercana, en algunos casos, al 300%.

Esta medida, adoptada tras la reforma de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización del dominio público, fue anulada en diciembre de 2007 por el TSJM debido a que en la tramitación de la ordenanza no se justificó las cuantías a cobrar. El Ayuntamiento de Madrid sigue cobrando los permisos de vados con las tarifas anuladas, como si no hubiese pasado nada.

La ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) efectuada en 2006.- De medida meramente recaudatoria fue tildada por las asociaciones de vecinos de los barrios periféricos afectados. El 1 de marzo de 2006 Gallardón ampliaba los límites del SER, con los famosos parquímetros, cubriendo su ámbito casi todo el interior de la M-30 y extendiéndose, más allá, a cuatro núcleos periféricos separados entre sí con la excusa de ser “cascos históricos”.

El decreto que regulaba la ampliación del SER fue declarado nulo 31 meses después de su puesta en funcionamiento por una sentencia (253/2008) del juzgado nº 26 de lo contencioso administrativo de Madrid, debido a las irregularidades cometidas en su aprobación. Sin embargo, los parquímetros han seguido instalados y funcionando, y los vigilantes denunciando, tanto en los barrios del interior de la M30 como en los cascos históricos de la periferia, en una muestra más del desprecio que Gallardón tiene por la justicia. Esta ampliación ha tratado de ser legalizada mediante una disposición adicional a la ordenanza que regula esta tasa para 2009, sin que el ayuntamiento se haya planteado la devolución de las cantidades cobradas indebidamente en estos 3 años de ilegalidad manifiesta.

Esta historia de desprecio por la justicia no es nueva; ya se vio con Álvarez del Manzano, y con el propio Gallardón al frente de la Comunidad. Pero los actuales están superando las cotas del pasado, como puede verse con otros casos que ilustran esta actitud y práctica que los gobernantes madrileños del Partido Popular tienen respecto de la legalidad y la justicia. La Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre acumula sentencias contra sus decisiones e iniciativas, como el Reglamento que desarrolla la Ley Antitabaco, con el que pretendía darle la batalla al gobierno central, la Ley de Medidas Urgentes, que impedía el acceso de guardas forestales a las fincas rústicas, la adjudicación de las concesiones de TDT, que resultaron caer todas en manos de grupos mediáticos afines a sus intereses, o la negativa a regular la emisión de radios libres y comunitarias, lo que muestra la coherencia de su profesado liberalismo. Todo ello ha sido desaprobado por los tribunales.

Aguirre y Gallardón, mediáticamente enfrentados por sus ambiciones de poder, están muy unidos en lo que se refiere a la defensa de las multinacionales, las privatizaciones y el desprecio de la ley y los tribunales. Ni rectifican ni asumen la responsabilidad de una política basada en el “porque lo digo yo” que está acarreando por demás nefastas consecuencias para el futuro social, económico y medioambiental de la región y la ciudad de Madrid, con la complicidad de todos aquellos que prefieren mirar para otro lado mientras ponen la mano. Con sus tretas legales tratan de ganar tiempo, y cuando estas sentencias sean firmes seguramente ellos se habrán retirado del ejercicio de la política y serán otros los que continúen con el trabajo sucio al servicio del negocio.

En esas circunstancias, ¿para qué sirve la Justicia si es incapaz de hacer cumplir sus sentencias, si contempla impasible cómo los gobernantes incumplen las leyes mientras realizan actos declarados ilegales con consecuencias irreparables? Cuando nos hablan de los peligrosos anti-sistema, ¿a quién se refieren? ¿No son ellos los auténticos anti-sistema?

REFERENCIAS:

Soterramiento M-30
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article12599

Ampliación M-501
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article11407

Desarrollos urbanísticos

Ampliación del SER
http://www.parquimetrosfuera.org/

Permisos de vados
http://www.psoemadrid.org/notas_de_prensa/view/los_vecinos_han_presentado_17_000_recursos_a_la_tasa_de_vados_el_40_de_las_matriculas_de_vados.html

TDT
http://www.publico.es/televisionygente/178727/anulado/adjudicacion/concesiones/tdt/madrid