Desde hace unos años, venimos observando como la sanidad madrileña enferma de manera crítica, provocada por un deterioro progresivo del sistema público con el fin de poder justificar la voracidad privatizadora ante los ciudadanos. Los síntomas son más que evidentes: el gasto sanitario per cápita de la Comunidad, cifrado en 102 euros, es 36,23 euros menor que la media de las comunidades autónomas, que alcanza los 138,23 euros. Este síntoma, evidencia que el gasto sanitario público que dedica la Comunidad de Madrid per cápita es el penúltimo respecto al resto de comunidades y el último en tanto por ciento sobre el Producto Interior Bruto (PIB).
Pero hay otros síntomas que evidencian el estado enfermizo de la sanidad madrileña, como por ejemplo el número de pacientes por médico, con 1.708 tarjetas sanitarias individuales por médico, siendo la media de las comunidades de 1.461 pacientes por cada médico, lo que provoca agendas muy cargadas de citas, la reducción de tiempo dedicado a las mismas y demoras respecto a las citaciones para la atención primaria.
El germen que produjo la enfermedad fue la aprobación de la Ley 15/97 de "Nuevas formas de Gestión en la Sanidad", con los votos del PP y PSOE a favor, abriendo el camino que permitió que el sector público sanitario se convirtiera en un mercado, y por ende, en "oportunidades de negocio para las empresas", tal como rezaba en el programa que altos cargos de la consejería de Sanidad entregaron a empresarios en un encuentro mantenido en un hotel y cuya sistencia costaba 1.380 euros.
Fue la aprobación, en diciembre de 2001, de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM), la que desarrolló en el ámbito madrileño lo que la Ley 15/97 había legitimizado, pero no fue hasta el año 2005 cuando la Comunidad de Madrid aceleró el proceso privatizador de la sanidad pública, traspasando a empresas privadas la gestión y explotación, durante treinta años, de los 8 nuevos hospitales mediante el modelo de concesión. Este modelo se aplicó en Gran Bretaña por medio del gobierno de Margaret Thatcher, evidenciando grandes inconvenientes, tanto para los usuarios como para los profesionales de la salud que trabajan en ellos. Problemas incluso reconocidos por un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 2006 que concluye que "los nuevos servicios han sido en general más costosos que si se hubieran empleado los métodos tradicionales" de gestión y financiación pública.
El remate a la débil situación de la sanidad madrileña ha sido que aprovechando la Ley de acompañamiento de los presupuestos para el año 2008, el Partido Popular ha dado un paso más en esta estrategia mediante la aprobación de los mecanismos legales que permiten la conversión de los actuales centros sanitarios públicos en "entidades de derecho privado", así como la creación de 6 empresas de derecho privado destinadas a gestionar "la parte sanitaria" de los nuevos centros (aquella que, supuestamente, no se iba a privatizar nunca). Dicho sistema, que ya está aplicando el PSOE en Andalucía desde varios años, y que es similar a las Fundaciones Sanitarias creadas por el PP en Galicia, trata de eludir los controles del derecho público e incrementar la flexibilidad y precariedad laborales. Sin embargo, esta nueva forma de gestión nunca ha conseguido evidenciar una mayor eficiencia sanitaria con el paso de los años.
Esta privatización, ya no encubierta pero si ocultada por los medios de comunicación y por la administración, ha continuado con los Centros de Especialidades de Pontones y Quintana, y a no mucho tardar se ampliará con otros Centros de Especialidades y Centros de Salud , que según la nueva zonificación sanitaria pasarán a depender de los nuevos hospitales, con lo que esto significa si el centro de salud proyectado en el nuevo Bercial llega a construirse.
Se ha abierto la veda y el gran negocio de la salud ya está en marcha. Con nuestro dinero y sobre todo con nuestra salud, algunos intentan conseguir grandes beneficios económicos, y si no hacemos nada lo van a conseguir.
La protección de la salud es un derecho, y es nuestro deber defender su universalidad, equidad, y solidaridad.
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