Atravesamos una grave crisis, cuyo alcance y desenlace ha sumido en la incertidumbre a todo el planeta. Es preciso conocer su naturaleza, y el papel que deben desempeñar ante ella los movimientos sociales, en particular el vecinal.
El capitalismo es el sistema que domina las relaciones económicas en el mundo actual. Está basado en la búsqueda del lucro de unos pocos a costa de la explotación de la mayoría de la humanidad y del planeta. Este fundamento individualista e insolidario provoca unos desajustes que desembocan en crisis cíclicas, como la presente, siendo accidental o secundario el fenómeno concreto que lo desencadena (en este caso las llamadas hipotecas basura).
La crisis produce convulsiones en el sistema financiero (flujo de capitales, bolsas de valores) y destrucción del tejido productivo (cierres de empresas, despidos masivos), aumentando considerablemente el número, ya de por sí elevado, de los excluidos del sistema. El aumento de la pobreza, los desahucios de viviendas, las desestructuraciones familiares, la ruina de pequeños comercios, la competencia por unos recursos (laborales, formativos, servicios sociales) cada vez más escasos, etc. se refleja también en la vida de los barrios, lo que aviva las tensiones entre las comunidades, creando un caldo de cultivo para las actitudes excluyentes y xenófobas.
Se puede observar con claridad que, como en anteriores ocasiones, los responsables que han provocado la crisis (banqueros y grandes propietarios de los medios de producción y distribución) tratan de que el peso y consecuencias de la misma recaiga sobre las víctimas, es decir, los sectores de población explotados.
El capital, que domina casi todas las esferas de la vida social, controla también las instituciones (aunque estas sean elegidas por sistemas democráticos), bien colocando a sus representantes a través de los partidos de derecha, bien cercenando la capacidad de decisión cuando tratan de aplicar políticas que no se ajusten a sus estrictos intereses. En momentos de crisis como la actual, las instituciones adoptan tres tipos de medidas que son complementarias: 1. Disminución de los servicios y atenciones sociales; 2. aumento de tasas e impuestos indirectos que afectan al conjunto de la ciudadanía (al tiempo que disminuyen los de las grandes fortunas); 3. transferencia de recursos presupuestarios a las arcas de las élites financieras y empresariales.
Ante esta situación, no es sólo el movimiento obrero quien debe articular respuestas frente a la crisis y las políticas que pretenden cargar sobre los trabajadores sus consecuencias, sino que se hace imprescindible la contribución de otros movimientos como el vecinal.
La sociedad expresa un permanente conflicto de intereses entre los diversos grupos o clases sociales. En la actualidad son los intereses particulares de los poderosos los que se imponen al conjunto. Y en tales condiciones, frente a unas instituciones que no son neutrales, los movimientos populares no pueden ser ni colaboradores ni mediadores, sino decididos representantes de los intereses de la base popular de la que nacieron. La política subvencionadora y clientelar que algunas instituciones tienen puesta en marcha, ha cegado la vista a ciertos dirigentes que confunden totalmente su función.
Si en condiciones normales la función principal de las asociaciones de vecinos es la reivindicativa (no la de organización de actividades lúdicas o de ocio), en momentos de crisis su papel tampoco debe reducirse a amortiguar las consecuencias de la crisis, o a mediar en los conflictos que provoca (aunque esto no quiere decir que deban ignorarse estas posibles situaciones) y sus circunstancias. Para eso están otro tipo de asociaciones e instituciones.
El movimiento vecinal debe denunciar, en primer lugar, la naturaleza de la crisis. Debe oponerse, con toda la fuerza de que sea capaz, a los planes que pretenden imponer nuevas cargas a los trabajadores, vía impuestos indirectos, nuevas tasas municipales, subidas de precios, etc., exigiendo que la carga impositiva recaiga sobre las rentas más elevadas. Debe exigir de las instituciones mayores servicios públicos, para paliar los efectos de la crisis.
Pero además el movimiento vecinal, junto con otros movimientos populares, debe actuar con iniciativa y no limitarse a la mera defensa de unas condiciones de vida, ya de por sí precarias, que la crisis puede empeorar aún más. Para ello se precisa de una estrategia ofensiva, con un programa, una organización y métodos de lucha adecuados, para convertir la crisis en una oportunidad de transformación social radical o de mejora de la correlación de fuerzas a la salida de la crisis.
El programa reivindicativo debe contemplar, al menos, el derecho efectivo a una vivienda digna, a una renta básica, a unos servicios sociales universales públicos y gratuitos, a una participación efectiva en la toma de decisiones en los distintos ámbitos de la esfera política y productiva, a una justicia digna de tal nombre, etc. Se trata de condiciones mínimas para avanzar realmente.
Las organizaciones de base local o territorial adquieren gran importancia en la defensa de los intereses populares y la disputa del poder a los sectores dominantes. La lógica del sistema capitalista tiende a igualarnos a todos por lo bajo (disminución de salarios, reducción de la protección social, etc.), pero sus intelectuales diseñan métodos de diferenciación que dificultan la unidad de acción; es lo que fomentan con la gran precariedad y fragmentación de las condiciones laborales, incluso en el interior de una misma empresa, que actualmente alcanza unas dimensiones no conocidas anteriormente. Los barrios, que juntan a la población según su nivel de renta, pueden ser lugares de encuentro, de difusión de la conciencia de clase, de organización y lucha por unas condiciones dignas, no sólo locales sino laborales. En los barrios y pueblos existen también empresas susceptibles de sufrir conflictos laborales, en los que las organizaciones locales pueden jugar un papel importante de apoyo.
Los barrios son también los lugares de encuentro de “esa misma clase obrera, nativa o extranjera”, cuya alianza se ve continuamente amenazada por los mensajes xenófobos fomentados por los medios de comunicación y las instituciones, que buscan enfrentamientos por la disputa de recursos (trabajo, vivienda, servicios en general), cada vez más escasos. Debemos convertir las contradicciones en motor de cambio, superando las actitudes meramente asistencialistas.
No debe olvidarse tampoco el papel decisivo que han tenido a lo largo de la historia algunos movimientos locales populares, que fueron capaces de provocar caídas de gobiernos e impulsar procesos revolucionarios, como ocurrió con las Juntas Vecinales en Bolivia. En otras ocasiones se han convertido en apoyo a la actividad de gobiernos populares amenazados por sabotajes provocados por las fuerzas reaccionarias (cordones chilenos). Las organizaciones de base territorial, en colaboración con otras organizaciones sectoriales, deben estar preparadas para combates más decisivos, que sin duda llegarán.
sábado, 25 de abril de 2009
Nada extraño en la corrupción de Madrid
Aunque pudiera resultar sorprendente lo que está ocurriendo en la política madrileña durante los últimos meses, lo cierto es que la opinión pública parece permanecer impasibles ante el escandaloso escenario que han dibujado Esperanza Aguirre y Alberto Ruíz-Gallardón en las instituciones y entidades públicas de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.
La investigación del caso Gürtel desde la Audiencia Nacional ha desvelado una presunta red de corrupción vinculada a la dirección nacional del Partido Popular y a altos cargos de distintas comunidades autónomas gobernadas por el PP. Esta trama, por la que han sido imputados consejeros, alcaldes y diputados autonómicos del Partido Popular habría establecido un supuesto conglomerado de negocios para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas, como Madrid y Valencia.
Al mismo tiempo, en el seno de Caja Madrid se está librando una dura batalla entre los seguidores del alcalde Ruíz Gallardón, por un lado, y los de la presidenta Aguirre, por otro. Sin el menor pudor, los nombramientos y ceses paulatinos del Consejo de Administración y los cambios arbitrarios de la normativa de elección de los mismos centran sus objetivos en asegurar o tumbar mayorías afines a cada uno de los intereses en liza.
Y como remate, mientras todo esto ocurre, la Consejería del Interior de la Comunidad de Madrid, presidida por Francisco Granados, podría contar con su propio servicio de espionaje encargado de seguir, vigilar y redactar informes sobre los altos cargo del propio Partido Popular y quién sabe de quién más.
Estos hechos dejan al descubierto el verdadero fin y sentido de la acción política de los máximos gobernantes madrileños que, lejos de estar enfocada al servicio público y al interés general, parece tener como único objetivo la satisfacción de intereses privados, tanto personales como de los grupos a los que representan.
Sin embargo, da la sensación de que son muy pocos los ciudadanos a los que les produce estupor el uso en beneficio privado de lo que es público. Tal pasividad e indiferencia no parece justificable desde la desmovilización social, desde el acostumbramiento a los hechos ante similares episodios pasados o desde la peregrina excusa de “qué más da si todos son iguales”. Tiene que haber algo más.
En su definición literal, la corrupción es una práctica en las organizaciones, especialmente públicas, consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores; así lo define la RAE. Es por tanto la práctica de aquellos que utilizan los recursos públicos para su propio enriquecimiento, la de aquellos que se sirven de sus cargos oficiales para el control privado de las instituciones del Estado o la de esos otros que emplean los servicios institucionales para su propio interés o el de un grupo concreto.
Corrupción es por tanto no sólo la sustracción ilegal de fondos públicos sino que es cualquier práctica consistente en el uso de lo público en beneficio privado, sea o no delito. Por ello, hablamos de corrupción en el sistema cuando los representantes políticos actúan en función de intereses particulares, al margen del interés general.
Pero esta forma de actuar desde las instituciones públicas no es otra cosa sino el principio que inspira el sistema de la democracia neoliberal. Al igual que ocurre con el sistema de mercado capitalista, y a su imagen y semejanza, el sistema de la democracia liberal se basa en el convencimiento de que la búsqueda por parte del individuo de la satisfacción de sus necesidades e intereses particulares genera a su vez la satisfacción de necesidades e intereses colectivos. Así pues, nuestros parlamentos, senados, asambleas y plenos son lugares donde diversos intereses privados compiten entre sí por resultar mayoritarios, que no colectivos, eliminando el resto de opciones particulares, emulando de este modo el comportamiento de las empresas en los mercados competitivos.
De hecho, como su propio nombre indica, los partidos se erigen en representantes de parte de una sociedad dividida en clases sociales que compiten entre sí. En una sociedad entendida de esta forma, en la que unos grupos se enfrentan a otros dando al vencedor casi plenas capacidades para obrar en beneficio de su grupo y, generalmente, en perjuicio del resto, hablar de corrupción -del uso privado de lo público- es hablar de lo normal y lo cotidiano, haya o no delito.
Por lo tanto, el caso de Madrid, que es simple ejemplo de lo que ocurre a diario en todo el estado español, no es más que la consecuencia de una sociedad entendida como la suma de individuos particulares y aislados que compiten entre sí, como lobos para los hombres, buscando su propio bienestar en el de los demás, y su expresión materializada en el fondo y forma de sus instituciones públicas.
Paradójicamente, si superar esta sociedad corrupta requiere participar de sus instituciones corruptas, cualquiera que lo intente por esta vía es susceptible a su vez de convertirse en corrupto que legitimará cuando lo sea, y en su beneficio particular, no ya la corrupción del sistema, sino el sistema de la corrupción. Superar esta situación requerirá que las organizaciones transformadoras la denuncien y propongan principios y prácticas que no comprometan o traicionen su esencia.
Debiendo ser objeto de un análisis mucho más profundo, un cambio de la sociedad a través de las instituciones públicas requiere que estás sean sometidas a su democratización real a través de la participación efectiva y directa, en la mayor medida posible, de los ciudadanos en todas las estructuras de poder, ya sean públicas o privadas. Pero, para llegar a ello, es imprescindible afrontar esta tarea desde organizaciones que practiquen en su seno la misma democratización real y participación efectiva de sus miembros en los órganos de toma de decisiones.
De otra forma, y si es que consiguen superar los filtros y garantías impuestos para que formaciones de este tipo no accedan a las instituciones, un sistema concebido y preparado para ello, no tardará en encontrar la manera de pervertir el objetivo de éstas y de sustraer la voluntad transformadora de sus miembros.
Mientras todo esto no ocurra y la concepción neoliberal de la vida pública impregne hasta el último rincón de la sociedad, incluidas las prácticas de las organizaciones que aspiran al cambio, no debiera sorprendernos que la escandalosa situación de la política madrileña no genere una escandalosa respuesta en la ciudadanía madrileña. De extrañar sería que ocurriese lo contrario.
La investigación del caso Gürtel desde la Audiencia Nacional ha desvelado una presunta red de corrupción vinculada a la dirección nacional del Partido Popular y a altos cargos de distintas comunidades autónomas gobernadas por el PP. Esta trama, por la que han sido imputados consejeros, alcaldes y diputados autonómicos del Partido Popular habría establecido un supuesto conglomerado de negocios para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas, como Madrid y Valencia.
Al mismo tiempo, en el seno de Caja Madrid se está librando una dura batalla entre los seguidores del alcalde Ruíz Gallardón, por un lado, y los de la presidenta Aguirre, por otro. Sin el menor pudor, los nombramientos y ceses paulatinos del Consejo de Administración y los cambios arbitrarios de la normativa de elección de los mismos centran sus objetivos en asegurar o tumbar mayorías afines a cada uno de los intereses en liza.
Y como remate, mientras todo esto ocurre, la Consejería del Interior de la Comunidad de Madrid, presidida por Francisco Granados, podría contar con su propio servicio de espionaje encargado de seguir, vigilar y redactar informes sobre los altos cargo del propio Partido Popular y quién sabe de quién más.
Estos hechos dejan al descubierto el verdadero fin y sentido de la acción política de los máximos gobernantes madrileños que, lejos de estar enfocada al servicio público y al interés general, parece tener como único objetivo la satisfacción de intereses privados, tanto personales como de los grupos a los que representan.
Sin embargo, da la sensación de que son muy pocos los ciudadanos a los que les produce estupor el uso en beneficio privado de lo que es público. Tal pasividad e indiferencia no parece justificable desde la desmovilización social, desde el acostumbramiento a los hechos ante similares episodios pasados o desde la peregrina excusa de “qué más da si todos son iguales”. Tiene que haber algo más.
En su definición literal, la corrupción es una práctica en las organizaciones, especialmente públicas, consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores; así lo define la RAE. Es por tanto la práctica de aquellos que utilizan los recursos públicos para su propio enriquecimiento, la de aquellos que se sirven de sus cargos oficiales para el control privado de las instituciones del Estado o la de esos otros que emplean los servicios institucionales para su propio interés o el de un grupo concreto.
Corrupción es por tanto no sólo la sustracción ilegal de fondos públicos sino que es cualquier práctica consistente en el uso de lo público en beneficio privado, sea o no delito. Por ello, hablamos de corrupción en el sistema cuando los representantes políticos actúan en función de intereses particulares, al margen del interés general.
Pero esta forma de actuar desde las instituciones públicas no es otra cosa sino el principio que inspira el sistema de la democracia neoliberal. Al igual que ocurre con el sistema de mercado capitalista, y a su imagen y semejanza, el sistema de la democracia liberal se basa en el convencimiento de que la búsqueda por parte del individuo de la satisfacción de sus necesidades e intereses particulares genera a su vez la satisfacción de necesidades e intereses colectivos. Así pues, nuestros parlamentos, senados, asambleas y plenos son lugares donde diversos intereses privados compiten entre sí por resultar mayoritarios, que no colectivos, eliminando el resto de opciones particulares, emulando de este modo el comportamiento de las empresas en los mercados competitivos.
De hecho, como su propio nombre indica, los partidos se erigen en representantes de parte de una sociedad dividida en clases sociales que compiten entre sí. En una sociedad entendida de esta forma, en la que unos grupos se enfrentan a otros dando al vencedor casi plenas capacidades para obrar en beneficio de su grupo y, generalmente, en perjuicio del resto, hablar de corrupción -del uso privado de lo público- es hablar de lo normal y lo cotidiano, haya o no delito.
Por lo tanto, el caso de Madrid, que es simple ejemplo de lo que ocurre a diario en todo el estado español, no es más que la consecuencia de una sociedad entendida como la suma de individuos particulares y aislados que compiten entre sí, como lobos para los hombres, buscando su propio bienestar en el de los demás, y su expresión materializada en el fondo y forma de sus instituciones públicas.
Paradójicamente, si superar esta sociedad corrupta requiere participar de sus instituciones corruptas, cualquiera que lo intente por esta vía es susceptible a su vez de convertirse en corrupto que legitimará cuando lo sea, y en su beneficio particular, no ya la corrupción del sistema, sino el sistema de la corrupción. Superar esta situación requerirá que las organizaciones transformadoras la denuncien y propongan principios y prácticas que no comprometan o traicionen su esencia.
Debiendo ser objeto de un análisis mucho más profundo, un cambio de la sociedad a través de las instituciones públicas requiere que estás sean sometidas a su democratización real a través de la participación efectiva y directa, en la mayor medida posible, de los ciudadanos en todas las estructuras de poder, ya sean públicas o privadas. Pero, para llegar a ello, es imprescindible afrontar esta tarea desde organizaciones que practiquen en su seno la misma democratización real y participación efectiva de sus miembros en los órganos de toma de decisiones.
De otra forma, y si es que consiguen superar los filtros y garantías impuestos para que formaciones de este tipo no accedan a las instituciones, un sistema concebido y preparado para ello, no tardará en encontrar la manera de pervertir el objetivo de éstas y de sustraer la voluntad transformadora de sus miembros.
Mientras todo esto no ocurra y la concepción neoliberal de la vida pública impregne hasta el último rincón de la sociedad, incluidas las prácticas de las organizaciones que aspiran al cambio, no debiera sorprendernos que la escandalosa situación de la política madrileña no genere una escandalosa respuesta en la ciudadanía madrileña. De extrañar sería que ocurriese lo contrario.
Participación ciudadana: retos, mitos y leyendas
Desde hace un tiempo en nuestra actividad cotidiana venimos escuchando el término “participación ciudadana” como una de las apuestas de la democracia por impulsar la participación, en asuntos públicos, de los vecinos y vecinas. En ese sentido, no son pocos los Ayuntamientos o corporaciones, tanto locales como regionales, que están impulsando métodos y órganos de participación con mayor o menor éxito.
El primer signo de participación ciudadana es el sufragio universal en las elecciones, sin embargo esta modalidad de participación es cada día más baja según muestran, en cada legislatura, los datos.
La participación de la sociedad indica el grado de confianza entre los actores sociales, las normas de comportamiento cívico que se practican en una determinada sociedad y el nivel de asociacionismo que se alcanza. La existencia de importantes redes sociales basadas en criterios de participación y cooperación resulta imprescindible para una sociedad moderna, permitiendo alcanzar objetivos que serían inalcanzables sin ellas.
La participación ciudadana se basa, además de lo ya dicho, en la integración de la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones del gobierno de su ciudad, comunidad o país. O expresado en otros términos, para que una ciudad o un país modernos proporcionen mejores servicios y oportunidades a la población, debe contar con gobiernos abiertos y receptivos, dispuestos a escuchar lo que los ciudadanos y ciudadanas les quieran transmitir para contribuir a mejorar la política y la gestión de los asuntos públicos. Esa es, en esencia, la Participación Ciudadana: la imprescindible participación de todos los hombres y mujeres que quieran implicarse en los problemas que les afectan, aportando puntos de vista, inquietudes y soluciones. Desgraciadamente, como veremos más adelante, la propia legislación limita esa “adopción de decisiones” a un ámbito meramente “consultivo” o “deliberativo”, jamás vinculante en sus decisiones.
Además, nos encontramos que las experiencias participativas no se han producido en el centro de la administración local y, por lo tanto, no han afectado sus formas de trabajar. Se han tratado más bien de promover experiencias coyunturales que a menudo se han convertido en ornamentos decorativos sin capacidad de penetrar la coraza del gobierno y la administración, convirtiendo la participación en una moda, en una pasarela donde clarificar las últimas tendencias, metodologías y recetas innovadoras de cara a la galería. Con frecuencia la propia experiencia se ha convertido en el objetivo, banalizando sus métodos, sus finalidades y poniendo de manifiesto su aspecto más coyuntural, superficial y aparente.
La participación no es una forma de legitimar decisiones o actuaciones de los órganos de gobierno. La participación tampoco es solo una herramienta para gestionar el grado de satisfacción/insatisfacción de los usuarios de los servicios públicos, sino una forma de incorporar activamente las voces de los ciudadanos en la toma de decisiones. Hablamos de política y de gestión. Se trata de incorporar a los ciudadanos en el espacio público, no trasladar la política a la esfera privada.
Para regular la intervención de vecinos y vecinas en los respectivos órganos de participación, muchas corporaciones locales han legislado reglamentos copiados unos de otros, con más o menos acierto a la hora de poner cotas de “poder” a sus vecinos y vecinas, por lo que vamos a tratar de centrarnos en el Reglamento Tipo de Participación Ciudadana que la Comisión Ejecutiva de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) aprobó el 26 de abril de 2005, con independencia de los recogido en la Constitución Española, por ejemplo en su artículo Artículo 23.1 que recoge expresamente que “los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente, o mediante representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.”
Es importante reseñar es que, en ningún caso, los Reglamentos Municipales podrán crear órganos de participación ciudadana cuyas decisiones sean vinculantes para el gobierno local, porque lo prohíbe el artículo 69 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del régimen local.
Partiendo de esta premisa fundamental, se puede afirmar que los mecanismos de participación ciudadana, en la Comunidad de Madrid, se encuentran a día de hoy inmaduros, convirtiendo los órganos de participación ciudadana en meros foros de encuentro en el que se mantiene entretenidos a vecinos y vecinas, pues en la mayoría de los casos, sus decisiones no se llevan a cabo. Puede parecer grave, pero no debería sorprendernos cuando, por poner un ejemplo, tampoco se materializan las decisiones adoptadas en los Plenos de las Juntas Municipales de los distritos de la ciudad de Madrid por los representantes políticos que a ellos acuden.
Una muestra de esta participación ciudadana “ficticia” fue denunciada por las entidades sociales del distrito de Villaverde, cuando en septiembre de 2006 abandonaron el “Consejo Territorial” hartos de que, tras pasar más de dos años y medio, no se llevara adelante ninguna de las propuestas acordadas y decididas en ese órgano de participación. Y no es el único caso, ya que se conocen experiencias similares en otros órganos de municipios diferentes donde vecinos y vecinas se sienten defraudadas y hartas de esperar a que sus resoluciones, incluso de índole ínfima, se eternicen en el tiempo sin llevarse a cabo.
Ejemplos no faltan que plasmen esta realidad, cuando los ciudadanos y ciudadanas comienzan movilizaciones para elevar sus reivindicaciones y los gobernantes miran para otro lado, no sólo desoyendo esas voces, sino combatiéndolas en todos los frentes para acallarlas, dando prioridad a otros intereses, muy alejados de los netamente vecinales.
Pero, ¿por qué se necesita la participación ciudadana?. La participación ayuda a tomar las decisiones que mejor se ajustan a los intereses de los ciudadanos. La participación es una forma de crear redes sociales, de educar ciudadanos y despertar la conciencia comunitaria de ciudadanía.
Es muy importante mentalizar a la clase política que la participación no sustituye, sino que complementa, la democracia representativa. La participación puede mejorar, profundizar la democracia, introducir claridad en la gestión pública.
Y es a esto a lo que muchos y muchas nos dedicamos desde nuestros pequeños ámbitos de actuación desde hace muchos años.
El primer signo de participación ciudadana es el sufragio universal en las elecciones, sin embargo esta modalidad de participación es cada día más baja según muestran, en cada legislatura, los datos.
La participación de la sociedad indica el grado de confianza entre los actores sociales, las normas de comportamiento cívico que se practican en una determinada sociedad y el nivel de asociacionismo que se alcanza. La existencia de importantes redes sociales basadas en criterios de participación y cooperación resulta imprescindible para una sociedad moderna, permitiendo alcanzar objetivos que serían inalcanzables sin ellas.
La participación ciudadana se basa, además de lo ya dicho, en la integración de la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones del gobierno de su ciudad, comunidad o país. O expresado en otros términos, para que una ciudad o un país modernos proporcionen mejores servicios y oportunidades a la población, debe contar con gobiernos abiertos y receptivos, dispuestos a escuchar lo que los ciudadanos y ciudadanas les quieran transmitir para contribuir a mejorar la política y la gestión de los asuntos públicos. Esa es, en esencia, la Participación Ciudadana: la imprescindible participación de todos los hombres y mujeres que quieran implicarse en los problemas que les afectan, aportando puntos de vista, inquietudes y soluciones. Desgraciadamente, como veremos más adelante, la propia legislación limita esa “adopción de decisiones” a un ámbito meramente “consultivo” o “deliberativo”, jamás vinculante en sus decisiones.
Además, nos encontramos que las experiencias participativas no se han producido en el centro de la administración local y, por lo tanto, no han afectado sus formas de trabajar. Se han tratado más bien de promover experiencias coyunturales que a menudo se han convertido en ornamentos decorativos sin capacidad de penetrar la coraza del gobierno y la administración, convirtiendo la participación en una moda, en una pasarela donde clarificar las últimas tendencias, metodologías y recetas innovadoras de cara a la galería. Con frecuencia la propia experiencia se ha convertido en el objetivo, banalizando sus métodos, sus finalidades y poniendo de manifiesto su aspecto más coyuntural, superficial y aparente.
La participación no es una forma de legitimar decisiones o actuaciones de los órganos de gobierno. La participación tampoco es solo una herramienta para gestionar el grado de satisfacción/insatisfacción de los usuarios de los servicios públicos, sino una forma de incorporar activamente las voces de los ciudadanos en la toma de decisiones. Hablamos de política y de gestión. Se trata de incorporar a los ciudadanos en el espacio público, no trasladar la política a la esfera privada.
Para regular la intervención de vecinos y vecinas en los respectivos órganos de participación, muchas corporaciones locales han legislado reglamentos copiados unos de otros, con más o menos acierto a la hora de poner cotas de “poder” a sus vecinos y vecinas, por lo que vamos a tratar de centrarnos en el Reglamento Tipo de Participación Ciudadana que la Comisión Ejecutiva de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) aprobó el 26 de abril de 2005, con independencia de los recogido en la Constitución Española, por ejemplo en su artículo Artículo 23.1 que recoge expresamente que “los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente, o mediante representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.”
Es importante reseñar es que, en ningún caso, los Reglamentos Municipales podrán crear órganos de participación ciudadana cuyas decisiones sean vinculantes para el gobierno local, porque lo prohíbe el artículo 69 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del régimen local.
Partiendo de esta premisa fundamental, se puede afirmar que los mecanismos de participación ciudadana, en la Comunidad de Madrid, se encuentran a día de hoy inmaduros, convirtiendo los órganos de participación ciudadana en meros foros de encuentro en el que se mantiene entretenidos a vecinos y vecinas, pues en la mayoría de los casos, sus decisiones no se llevan a cabo. Puede parecer grave, pero no debería sorprendernos cuando, por poner un ejemplo, tampoco se materializan las decisiones adoptadas en los Plenos de las Juntas Municipales de los distritos de la ciudad de Madrid por los representantes políticos que a ellos acuden.
Una muestra de esta participación ciudadana “ficticia” fue denunciada por las entidades sociales del distrito de Villaverde, cuando en septiembre de 2006 abandonaron el “Consejo Territorial” hartos de que, tras pasar más de dos años y medio, no se llevara adelante ninguna de las propuestas acordadas y decididas en ese órgano de participación. Y no es el único caso, ya que se conocen experiencias similares en otros órganos de municipios diferentes donde vecinos y vecinas se sienten defraudadas y hartas de esperar a que sus resoluciones, incluso de índole ínfima, se eternicen en el tiempo sin llevarse a cabo.
Ejemplos no faltan que plasmen esta realidad, cuando los ciudadanos y ciudadanas comienzan movilizaciones para elevar sus reivindicaciones y los gobernantes miran para otro lado, no sólo desoyendo esas voces, sino combatiéndolas en todos los frentes para acallarlas, dando prioridad a otros intereses, muy alejados de los netamente vecinales.
Pero, ¿por qué se necesita la participación ciudadana?. La participación ayuda a tomar las decisiones que mejor se ajustan a los intereses de los ciudadanos. La participación es una forma de crear redes sociales, de educar ciudadanos y despertar la conciencia comunitaria de ciudadanía.
Es muy importante mentalizar a la clase política que la participación no sustituye, sino que complementa, la democracia representativa. La participación puede mejorar, profundizar la democracia, introducir claridad en la gestión pública.
Y es a esto a lo que muchos y muchas nos dedicamos desde nuestros pequeños ámbitos de actuación desde hace muchos años.
Ayuntamiento de Madrid: Más deuda, más impuestos, pero no mejores servicios
Los vecinos de Madrid tenemos que pagar 864.000 euros al día hasta 2040 por la remodelación de la M-30.
Según un informe de la Comisión de Vigilancia y Seguimiento de la Gestión Integral de la M-30, el coste final de esta vía será de 10.400 millones de euros, desmintiendo, de esta forma, las informaciones interesadas que al respecto han venido proporcionando desde el Ayuntamiento de Madrid ya que nunca han admitido un coste superior a los 4.800 millones de euros.
La agencia de calificación financiera Standard and Poor’s ya ha rebajado de “estable” a “negativa” la solvencia financiera del Ayuntamiento a causa de la ampliación de la M-30. La crisis general ha destapado con mayor antelación la verdadera dimensión del disparate económico que supone esta obra y las gravísimas hipotecas con las que nos tendremos que enfrentar durante los próximos 35 años.
El destino de la deuda
La deuda municipal de la ciudad de Madrid alcanzará en 2009 los 7.300 millones de euros, según los presupuestos previstos por el Ayuntamiento. Esa cifra supone el 25% de la deuda global de todos los ayuntamientos españoles, claramente desproporcionada cuando la población de Madrid no llega al 7% de la población nacional. Pero lo más grave de la deuda es en qué ha gastado. Básicamente en grandes obras especulativas y en grandes infraestructuras que fomentan el transporte privado. El problema es que esa deuda no se ha inflado para crear una red sólida de equipamientos y programas sociales que sería un colchón en época de crisis para “los que menos recursos tienen”. La deuda se ha originado en grandes proyectos de carácter eminentemente especulativo cuyos principales beneficiarios han sido las grandes constructoras y la banca, pero no los vecinos de Madrid.
A pesar de que la deuda se intenta disfrazar y ocultar traspasándola a los organismos y empresas autónomas municipales, como la EMT, incrementa su peso sobre el presupuesto reduciendo drásticamente las posibilidades de inversión y gasto. Así, las inversiones en el presupuesto municipal de 2009 se reducen un 27% (250 mill. menos que en 2008), con el agravante de que mientras las inversiones en equipamientos básicos descienden un 50% y representan menos de la sexta parte que en 2006), se aumentan los gastos suntuosos, como el arreglo del Palacio de la Cibeles, o no prioritarios, como la candidatura para los Juegos Olímpicos, todo para mayor gloria del Sr. Alcalde.
Pago de Intereses por la Deuda del Ayuntamiento de Madrid
Diarios Totales
2004 201.191 euros 73,2 mill. de euros
2008 747.510 euros 272,8 mill. de euros
2009 893.963 euros 326,3 mill. de euros
Inversión del Ayuntamiento de Madrid en Equipamientos
En millones de euros %
2006 511
2007 219 -57,1%
2008 159 -29,7%
2009 79 -50,3%
La inversión del Ayuntamiento de Madrid va a aumentar en 554 millones de euros gracias al Fondo Estatal de Inversión Local pero, una vez más, la mayor parte no va a ir destinada a equipamientos sociales sino a grandes obras y reformas urbanísticas que no son prioritarias ni van a generar empleo estable. El Consistorio ha dado prioridad a la Operación Río, a las reformas de Recoletos, Serrano y múltiples calles del centro en un alarde, ya muy conocido, de levantar y volver a poner las aceras. Tampoco se va a aprovechar esta inyección de dinero para descentralizar la gestión pues las Juntas de Distrito van a ejecutar una parte ínfima de las obras previstas en este Plan. En torno al 5%.
Más impuestos
La otra consecuencia del incremento de la deuda es el aumento de los impuestos a la mayoría de los vecinos de la capital. Pagaremos 365 millones de euros más. Cada vecino pagará una media de 130 euros más que en 2008. Solo la nueva tasa de basuras supondrá 168,3 millones de euros de nuevos ingresos para el Ayuntamiento, siempre según su previsión. Este nuevo impuesto es progresivo según el valor catastral de las viviendas, hasta las valoradas en 150.000 euros. A partir de esa cantidad se acaba la progresividad, paga igual una vivienda de ese valor que una de un millón de euros.
La “contribución”, el IBI, ha subido una media del 15%, que hay que sumar al 130% que ya subió los últimos años.
La recaudación de las Tasas se incrementa un 30%. Por ejemplo, la grúa un 30%; el precio de las multas ha subido un 53,7% (se pretende recaudar un 114,7% más que hace dos años).
Tal afán recaudatorio solo es comprensible si se tiene en cuenta que Gallardón ha dejado vacías las arcas municipales.
Pero mientras se castiga a los trabajadores a las empresas no se les exige lo mismo. Las empresas se ven gratificadas con una reducción de 116 mill. de euros en la tributación municipal.
Se bonificará el 25% del IAE a las empresas con pérdidas.
Más impuestos con peores servicios
El incremento del gasto, a través de una mayor deuda y el aumento de los impuestos, no se ha destinado al aumento y mejora de los servicios públicos que debería corresponderse con el crecimiento de la población. Por el contrario, la tendencia municipal, en connivencia con la regional, es a recortar derechos y deteriorar la calidad de los servicios. Algunos ejemplos pueden ser la eliminación del servicio de mediación intercultural, el retroceso en las condiciones de las escuelas infantiles, tanto laborales para sus trabajadores como educativas para los niños, la amenaza de recortes drásticos en los servicios de salud mental en los centros de salud municipales, o los constantes retrasos y averías en el Metro por falta de inversión adecuada en el mantenimiento de un servicio vital para la ciudad.
Esta política municipal que hace recaer sobre los trabajadores el peso de una deuda de la que, además, no son sus principales beneficiarios, sólo puede tener una respuesta por parte del movimiento vecinal: la denuncia constante y descarnada. No se puede aceptar que los barrios languidezcan mientras se saca brillo, con nuestro dinero, a las zonas ricas y a unas instituciones cada vez más alejadas de las necesidades reales de la mayoría de la población. Es necesario preparar y organizar la lucha contra la política del alcalde y el PP aglutinando a todo el movimiento vecinal, y vinculado con el movimiento obrero, en torno a un programa que dé absoluta prioridad al gasto social. Es hora de acabar con el subdesarrollo social y el centralismo destructivo que padece nuestra ciudad. Solo a través de nuestra organización y la movilización podremos cambiar el rumbo de una institución cuyo principal objetivo es despejar el camino a las grandes empresas para que campen a sus anchas. El futuro de los barrios madrileños depende de que los vecinos, los trabajadores y trabajadoras, seamos capaces de defenderlos poniendo en marcha un movimiento de base democrático que aglutine la fuerza necesaria para hacer de nuestra ciudad un lugar habitable, verdaderamente democrático y en el que sean respetados escrupulosamente todos los derechos democráticos, sociales y laborales.
Operación Campamento: una oportunidad perdida de hacer un urbanismo diferente
El plemo del Ayuntamiento de Madrid del mes de marzo ha aprobado de forma definitiva la primera fase de la denominada operación Campamento. Más de quince años después de su gestación, los tres partidos políticos con presencia en el Ayuntamiento de Madrid se han puesto de acuerdo para votar a favor una de las operaciones más importantes para el futuro desarrollo de la zona suroeste de la ciudad que, a pesar del consenso logrado, no se diferencia demasiado a las demás aprobadas en los últimos años en la ciudad de Madrid.
La operación Campamento nació como una macro intervención pública de difusión de la centralidad hacia el sur, con el objetivo estratégico de desdensificar el centro de la ciudad relocalizando una parte muy significativa del aparato de la administración central que pasarían a sustituir a los cuarteles. El avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM) de 1993 decía claramente que el objetivo era “crear una nueva centralidad con diversidad de usos, que incluye zonas residenciales en torno a 3.500 viviendas (...), así como equipamientos, usos institucionales y administrativos y parque empresarial (...) El objetivo final del proyecto es crear un área de centralidad que se constituya en polo de atracción de actividades para toda la zona sur y oeste de Madrid, contribuyendo a aliviar las tensiones sobre las zonas centrales de la ciudad “.
El punto de partida era un concepto de “ciudad” que buscaba mejorar el equilibrio entre el centro y el sur. Pero la realidad es que con el tiempo ese objetivo inicial ha sido olvidado para convertirse en una operación urbanística como tantas otras que se han desarrollado en la ciudad de Madrid en los últimos años, donde lo importante es construir el mayor número de viviendas posible (de las 3.500 iniciales se ha pasado a las 10.700 de la primera fase y 11.400 previstas en la segunda), con un dudoso balance de efectividad y de planificación sostenible de la ciudad. No es raro ver en barrios nuevos como Sanchinarro, Las Tablas o el PAU de Carabanchel, zonas deshabitadas y aisladas de su entorno más cercano, y es una tónica general que los vecinos que empiezan a habitarlos lo hacen mucho antes de contar con los equipamientos básicos necesarios. Esto sin hablar de otros grandes desarrollos como los del Sureste de Madrid, que llevan años paralizados sometiendo a una situación desesperante a las personas que optaron un día por vivir en estas nuevas zonas.
Todas estas operaciones nacieron con el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (elaborado por el Ayuntamiento de Álvarez del Manzano siendo Alberto Ruiz Gallardón presidente de la Comunidad) que sustituyó al elaborado en 1985 cuando en la ciudad gobernaba la izquierda. Se enmarcan, por tanto, dentro de la concepción urbanística del Partido Popular de Madrid que partía de declarar como urbanizable la práctica totalidad del suelo disponible en la ciudad con el objetivo de que fuera el mercado el que regulara para conseguir el objetivo de “resolver el problema de la vivienda”. No hace falta explicar que transcurrido ya el periodo mínimo de vigencia del PGOUM establecido en ocho años, esta política ha sido un rotundo fracaso que ha provocado que a pesar de la construcción de miles de viviendas nuevas en la ciudad, el precio se incrementó hasta el año 2007 en un 158% condenando a la mayor parte de la juventud y a otros sectores sociales de la población a no poder optar a vivir en la ciudad de Madrid.
Dentro de los terrenos declarados como urbanizables en el PGOUM de 1997, se encontraban miles de metros cuadrados que en el Plan de 1985 constituían el denominado anillo verde de protección ambiental y figuraban catalogados como “Suelo no urbanizable de especial protección” por su valor ecológico. Esto provocó que el que fuera Alcalde de la ciudad, Juan Barranco, impugnara ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la revisión del Plan alegando, entre otros motivos, que el Ayuntamiento no había justificado que hubiesen desaparecido las circunstancias determinantes de la protección de suelo operada por el anterior Plan General, tal y como exige la legislación urbanística. Diez años después, el 3 de julio de 2007 el Tribunal Supremo dio la razón al demandante anulando veintidós ámbitos urbanísticos afectados por la sentencia entre los que se encontraba la operación Campamento que de momento está siendo sorteada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, al igual que se ha hecho con otras sentencias contrarias a las políticas de las administraciones madrileñas (enterramiento de la M-30, ampliación de la M-501, permisos de vados, licencias de TDT, implantación del SER…).
Y por supuesto, en este tipo de desarrollos desaparece la idea de “hacer ciudad”. En Campamento nadie parece haber tenido en cuenta que se va a crear una gran urbe en uno de los barrios del distrito de Latina, el más poblado de todo Madrid, con más de 260.000 habitantes, y también uno de los que mayor déficit de equipamientos sociales arrastra. Las 10.700 viviendas de la primera fase, sumadas a las más de 11.000 de la segunda y añadidas las 20.000 que Alcorcón construirá en su ensanche norte que hace frontera con Campamento, convertirá a la zona en una de las más densamente pobladas de todo el país con una preocupante falta de dotaciones sociales.
Por eso, resulta tan extraño que una operación que se ajusta estrictamente a lo establecido por el PGOUM del 97, elaborado según los principio urbanísticos del PP, haya conseguido el apoyo unánime de los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Es preocupante que ante los grandes asuntos estructurales de la ciudad, cada vez se aprecien menos diferencias entre los distintos partidos.
El apoyo de la oposición se basa en que el número de viviendas protegidas es mayor al marcado en el PGOUM (un 60% del suelo destinado a uso residencial en lugar del 54% establecido por el plan), lo que resultará que 7.000 de las 10.700 viviendas de la primera fase cuenten con algún tipo de protección. El otro punto destacado por la oposición es la construcción de un túnel en la carretera de Extremadura de 2,6 Km de longitud por el que tanto han luchado los vecinos de Batán, y que el Ayuntamiento de Madrid negó cuando ejecutó las obras de enterramiento de la M-30. El coste será superior a los 600 millones de euros que serán financiados a partes iguales por Ayuntamiento y Ministerio de Defensa.
Bajo nuestro punto de vista, al menos es cuestionable que haya que destacar que una operación urbanística que se desarrolla en su totalidad en suelo público, destine un porcentaje mayor a la atención social, cuando entendemos que este uso social debería aplicarse a la totalidad de mismo, algo contemplado incluso en la propia ley de capitalidad en su artículo 47. También resulta al menos cuestionable que siempre las mayores inversiones se destinen a la ampliación de las infraestructuras destinadas al tráfico privado. Aún reconociendo que el nuevo túnel mejorará la vida de muchos vecinos del distrito de Latina, entendemos que existen otras soluciones menos costosas y más dirigidas a potenciar el transporte público como las que indicamos en su día en las alegaciones presentadas a la aprobación inicial del Plan Parcial (http://www.avaluche.com/IMG/pdf/Alegacion_Operacion_Campamento-2.pdf) y que han sido en su inmensa mayoría desestimadas.
La misma semana que ha sido aprobado en el Parlamento Europeo el informe Auken que critica duramente el modelo urbanístico español y que es especialmente crítico con el papel que juegan las administraciones, nos encontramos con la realidad de una operación promovida por Ayuntamiento y Ministerio de Defensa, apoyada por los tres partidos políticos, que pudo ser la oportunidad de desarrollar un modelo urbanístico diferente al servicio de la ciudad, de los barrios colindantes y de sus vecinos, en lugar de a intereses inmobiliarios y especulativos, y que si finalmente se aprueba en los términos actuales, será un ejemplo más del desarrollismo insostenible implantado hace ya demasiados años en la ciudad de Madrid.
Nuestra intención es poder publicar mensualmente una colaboración de alguna asociación de vecinos para conocer las demandas y posiciones del movimiento ciudadano. Todos los que queráis participar lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico.
viernes, 24 de abril de 2009
Madrid 2016: la puja por 6.500 millones euros en obras
A tal sólo un año de la candidatura de Madrid para las Olimpiadas 2016, se ha producido un hecho sin antecedentes con el resto de las ciudades candidatas: la mitad de los patrocinadores son del sector de la construcción, pese a la crítica situación por la que atraviesa. Las obras por licitar para el evento están estimadas en 9.572 millones de dólares (6.511 millones de euros).
Hasta el momento, son 49 los sponsors, de los cuales 22 son empresas constructoras, fabricantes de productos e insumos para la construcción y empresas de ingeniería de obras civiles. Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr, Isolux, dos filiales de ACS, Sando y Aldesa, son las constructoras más grandes.También aparecen proveedores de materiales, como Uralita, y destaca el respaldo de cuatro firmas de ingeniería expertas en obras civiles: Emte, Prointec, Typsa y Ayesa. Madrid 2016 precisa 40,4millones de dólares entre las fases de Aspirante (10,7 millones de dólares) y Candidata (29,7 millones de dólares) para concursar con garantías, una cifra de la que el Ayuntamiento tiene previsto poner sólo el 10%. El resto deberá provenir de la iniciativa privada, que ha respondido ya con 18,3 millones de euros (26,9 millones de dólares) frente a un presupuesto objetivo de 21 millones.Del total recaudado, el 31,8% (5,8 millones de euros) fue aportado por la caja de constructoras e ingenierías. El apoyo masivo de las constructoras no se da en Londres, sede de las Olimpiadas 2012; sus sponsors son Adidas, BP, British Airways, BT, EDF Energy, Lloyds TSB, Nortel y Deloitte. La rival para la candidatura, Tokio ha recibido el apoyo de un cóctel de firmas deportivas, tecnológicas y de viajes: Asics, Yahoo o Japan Airlines, entre otras. Detrás de la candidatura de Chicago están Boeing, Sara Lee o Kraft Foods. Río de Janeiro no ha publicado aún su lista de sponsors.
Las empresas constructoras españolas tienen claro que deben involucrarse con el escenario de sus futuras operaciones, pese a la actual recesión económica del sectorGran parte de sus presupuestos de publicidad están comprometidos con la propuesta olímpica, pero cualquier esfuerzo es pequeño cuando se avecina un volumen de trabajo como para sobrevivir a la actual crisis.
El 2 de octubre del 2009 expira la fase de candidata, pero Madrid Global ya anticipó que "si alguna empresa llegara fuera de plazo será bienvenida porque aportará más empuje y dinero".
La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, más conocida como "la Caixa", es la caja de ahorros más importante de Europa, la tercera entidad financiera de España y la primera de Cataluña ya entregó un millón de euros.A
hora se espera la incorporación del Ibex (Índice Bursátil Español indeX), el principal índice de la bolsa española elaborado por Bolsas y Mercados Españoles (BME)
Por las dificultades que atraviesa la economía española, a los participantes se les ha dado la facilidad de amoldar los pagos a cada tesorería, fraccionándolos o aplazándolos hasta el 2009.
José Calerohttp://www.asteriscos.tv
Valencia: ¿Adiós a la Fórmula 1?
Las declaraciones del magnate (o mago, según se mire) de la Formula 1, Bernie Ecclestone, desmereciendo el Gran Premio de Europa celebrado en agosto pasado en el Circuito Callejero de Valencia, son coincidentes en el tiempo con la noticias de las pérdidas económicas de Valmor en esa primera edición (se habla de dos o tres millones de euros) y su gran preocupación por el bajo ritmo en la venta de entradas para el de este año, lo que aumentaría el déficit.
A mi esta coincidencia me llama mucho la atención. Hasta el punto de pensar si alguien está preparando el terreno para decir adiós a la Fórmula 1 en Valencia. No es normal que, a la vez que Valmor plantea, más o menos, que si no se le ayuda con aportaciones públicas, va a ser difícil mantener la organización, se descuelga Ecclestone con ese menosprecio a la competición valenciana. Con la boca pequeña ya le han pedido que rectifique o matice, pero, insisto, no sé si se trata de una boutade de las que a veces acostumbra a decir, o hay algo más detrás, como por ejemplo el reconocimiento de un error, a la vista del resultado del año pasado y de floja venta de entradas para este. La coincidencia es significativa. Que un país tenga dos grandes premios de Fórmula 1 no se sostiene. Y en plena crisis económica, menos. Y con Fernando Alonso en horas bajas, es la antesala del cierre. El año pasado las expectativas no se cumplieron.
Ahora lo dice Ecclestone-. Un servidor ya lo dijo el año pasado y lo reafirmé en el Foro del Deporte, organizado por la Universidad hace unos meses, con los datos (audiencias, resultado deportivos, espectadoresÉ) en la mano. Si encima ahora sabemos que las cuentas de Valmor no cuadran, pues apaga y vámonos. En 2008, Alonso no iba bien y su coche se paró en la primera vuelta de la carrera de Valencia. Para 2009 la gran esperanza blanca que podría suponer para mejorar las estadísticas del año anterior, tampoco acaba de carburar. Además hay una circunstancia que incide negativamente en las expectativas, crisis económica aparte: la desconfianza. La gente tiene la experiencia del año pasado: entradas caras (siguen sin bajarlas, como si no pasar nada), bastantes protestas por falta de buena visibilidad y, lo peor, aquella canción de entradas agotadas a los pocos días, cuando al final había agencias de viajes vendiendo al precio de 2x1, ¿recuerdan? Claro, ¿quién se va a fiar?
Los incondicionales menos afectados por la crisis, prefieren esperar, y los más afectados ni irán. Y excuso decir los curiosos que fueron para observar que era aquello de la F1. Así, si siguen las pérdidas o aumentan, ¿quién va a poner los dineros? ¿Fernando Roig, que les ha hecho un favor dejándoles usar su nombre? ¿Aspar, que no los tiene?, o ¿el pagano de siempre, Bancaja, ya muy escaldado con Terra Mítica, el Valencia CF, etc.?. Claro, las miradas se dirigen hacia el padrino de la cosa: el inquilino del Palau de la Generalitat, que por un lado no puede dejar caer el juguete y por el otro tiene empeñada hasta la última piedra del Palau como para darle una ayudita a Valmor. Por eso no descarten un arreglo con Ecclestone para que la F1 en Valencia pase a mejor vida, o simplemente que aquel se la lleve a otros lares si en la segunda edición la cosa sigue igual. Ocurre que la solución más razonable, es muy difícil de asumir, sobre todo ahora que el otro gran eje de la política de grandes eventos, la Copa del América, ni sabe, ni contesta. ¿Qué harían con el circuito y el fastuoso gasto de 80 millones allí invertidos? El tinglado que sostiene la falla está carcomido y difícilmente se sostendrá con otros eventos alternativos, como el que se celebrará dentro de unos días en Valencia: el Global Champions Tour, que según el gabinete de comunicación del Ayuntamiento es "la Fórmula 1 de la Hípica". ¡Ay, Dios mío, Dios mío! No saben cómo vender el producto.
Con todos los respetos, ¡no hagan el ridículo!, ni bauticen a los caballos con el nombre de los coches. Soy un gran amante de los animales, y también de los caballos, pero de ahí a que financien una competición con "los 30 mejores jinetes y amazonas del ranking mundial" (eso ya lo veremos), dista un abismo. De nuevo surge la gran pregunta: ¿cuánto nos cuesta a los valencianos?. Porque ahora resulta que, al contrario de lo que afirmaron en un principio ("el Ayuntamiento solo colaborará facilitando el espacio anexo en el Jardín del Turia") sí pondrán el 25% de los gastos junto a la Generalitat. ¿Será que el jardín anexo vale ese porcentaje que no sabemos cuánto es? Lo malo no es que se les caiga la falla; lo peor es el solar que dejarán. Con todo el dinero de los eventos podían haber creado una estructura deportiva valenciana de primera calidad. El futuro es tan duro que no tendremos ni eventos ni deporte.
Vicente Añólevante-emv.com
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