Participación ciudadana: retos, mitos y leyendas

Desde hace un tiempo en nuestra actividad cotidiana venimos escuchando el término “participación ciudadana” como una de las apuestas de la democracia por impulsar la participación, en asuntos públicos, de los vecinos y vecinas. En ese sentido, no son pocos los Ayuntamientos o corporaciones, tanto locales como regionales, que están impulsando métodos y órganos de participación con mayor o menor éxito.

El primer signo de participación ciudadana es el sufragio universal en las elecciones, sin embargo esta modalidad de participación es cada día más baja según muestran, en cada legislatura, los datos.

La participación de la sociedad indica el grado de confianza entre los actores sociales, las normas de comportamiento cívico que se practican en una determinada sociedad y el nivel de asociacionismo que se alcanza. La existencia de importantes redes sociales basadas en criterios de participación y cooperación resulta imprescindible para una sociedad moderna, permitiendo alcanzar objetivos que serían inalcanzables sin ellas.

La participación ciudadana se basa, además de lo ya dicho, en la integración de la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones del gobierno de su ciudad, comunidad o país. O expresado en otros términos, para que una ciudad o un país modernos proporcionen mejores servicios y oportunidades a la población, debe contar con gobiernos abiertos y receptivos, dispuestos a escuchar lo que los ciudadanos y ciudadanas les quieran transmitir para contribuir a mejorar la política y la gestión de los asuntos públicos. Esa es, en esencia, la Participación Ciudadana: la imprescindible participación de todos los hombres y mujeres que quieran implicarse en los problemas que les afectan, aportando puntos de vista, inquietudes y soluciones. Desgraciadamente, como veremos más adelante, la propia legislación limita esa “adopción de decisiones” a un ámbito meramente “consultivo” o “deliberativo”, jamás vinculante en sus decisiones.

Además, nos encontramos que las experiencias participativas no se han producido en el centro de la administración local y, por lo tanto, no han afectado sus formas de trabajar. Se han tratado más bien de promover experiencias coyunturales que a menudo se han convertido en ornamentos decorativos sin capacidad de penetrar la coraza del gobierno y la administración, convirtiendo la participación en una moda, en una pasarela donde clarificar las últimas tendencias, metodologías y recetas innovadoras de cara a la galería. Con frecuencia la propia experiencia se ha convertido en el objetivo, banalizando sus métodos, sus finalidades y poniendo de manifiesto su aspecto más coyuntural, superficial y aparente.

La participación no es una forma de legitimar decisiones o actuaciones de los órganos de gobierno. La participación tampoco es solo una herramienta para gestionar el grado de satisfacción/insatisfacción de los usuarios de los servicios públicos, sino una forma de incorporar activamente las voces de los ciudadanos en la toma de decisiones. Hablamos de política y de gestión. Se trata de incorporar a los ciudadanos en el espacio público, no trasladar la política a la esfera privada.

Para regular la intervención de vecinos y vecinas en los respectivos órganos de participación, muchas corporaciones locales han legislado reglamentos copiados unos de otros, con más o menos acierto a la hora de poner cotas de “poder” a sus vecinos y vecinas, por lo que vamos a tratar de centrarnos en el Reglamento Tipo de Participación Ciudadana que la Comisión Ejecutiva de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) aprobó el 26 de abril de 2005, con independencia de los recogido en la Constitución Española, por ejemplo en su artículo Artículo 23.1 que recoge expresamente que “los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente, o mediante representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.”

Es importante reseñar es que, en ningún caso, los Reglamentos Municipales podrán crear órganos de participación ciudadana cuyas decisiones sean vinculantes para el gobierno local, porque lo prohíbe el artículo 69 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del régimen local.
Partiendo de esta premisa fundamental, se puede afirmar que los mecanismos de participación ciudadana, en la Comunidad de Madrid, se encuentran a día de hoy inmaduros, convirtiendo los órganos de participación ciudadana en meros foros de encuentro en el que se mantiene entretenidos a vecinos y vecinas, pues en la mayoría de los casos, sus decisiones no se llevan a cabo. Puede parecer grave, pero no debería sorprendernos cuando, por poner un ejemplo, tampoco se materializan las decisiones adoptadas en los Plenos de las Juntas Municipales de los distritos de la ciudad de Madrid por los representantes políticos que a ellos acuden.

Una muestra de esta participación ciudadana “ficticia” fue denunciada por las entidades sociales del distrito de Villaverde, cuando en septiembre de 2006 abandonaron el “Consejo Territorial” hartos de que, tras pasar más de dos años y medio, no se llevara adelante ninguna de las propuestas acordadas y decididas en ese órgano de participación. Y no es el único caso, ya que se conocen experiencias similares en otros órganos de municipios diferentes donde vecinos y vecinas se sienten defraudadas y hartas de esperar a que sus resoluciones, incluso de índole ínfima, se eternicen en el tiempo sin llevarse a cabo.

Ejemplos no faltan que plasmen esta realidad, cuando los ciudadanos y ciudadanas comienzan movilizaciones para elevar sus reivindicaciones y los gobernantes miran para otro lado, no sólo desoyendo esas voces, sino combatiéndolas en todos los frentes para acallarlas, dando prioridad a otros intereses, muy alejados de los netamente vecinales.

Pero, ¿por qué se necesita la participación ciudadana?. La participación ayuda a tomar las decisiones que mejor se ajustan a los intereses de los ciudadanos. La participación es una forma de crear redes sociales, de educar ciudadanos y despertar la conciencia comunitaria de ciudadanía.

Es muy importante mentalizar a la clase política que la participación no sustituye, sino que complementa, la democracia representativa. La participación puede mejorar, profundizar la democracia, introducir claridad en la gestión pública.

Y es a esto a lo que muchos y muchas nos dedicamos desde nuestros pequeños ámbitos de actuación desde hace muchos años.