El plemo del Ayuntamiento de Madrid del mes de marzo ha aprobado de forma definitiva la primera fase de la denominada operación Campamento. Más de quince años después de su gestación, los tres partidos políticos con presencia en el Ayuntamiento de Madrid se han puesto de acuerdo para votar a favor una de las operaciones más importantes para el futuro desarrollo de la zona suroeste de la ciudad que, a pesar del consenso logrado, no se diferencia demasiado a las demás aprobadas en los últimos años en la ciudad de Madrid.
La operación Campamento nació como una macro intervención pública de difusión de la centralidad hacia el sur, con el objetivo estratégico de desdensificar el centro de la ciudad relocalizando una parte muy significativa del aparato de la administración central que pasarían a sustituir a los cuarteles. El avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM) de 1993 decía claramente que el objetivo era “crear una nueva centralidad con diversidad de usos, que incluye zonas residenciales en torno a 3.500 viviendas (...), así como equipamientos, usos institucionales y administrativos y parque empresarial (...) El objetivo final del proyecto es crear un área de centralidad que se constituya en polo de atracción de actividades para toda la zona sur y oeste de Madrid, contribuyendo a aliviar las tensiones sobre las zonas centrales de la ciudad “.
El punto de partida era un concepto de “ciudad” que buscaba mejorar el equilibrio entre el centro y el sur. Pero la realidad es que con el tiempo ese objetivo inicial ha sido olvidado para convertirse en una operación urbanística como tantas otras que se han desarrollado en la ciudad de Madrid en los últimos años, donde lo importante es construir el mayor número de viviendas posible (de las 3.500 iniciales se ha pasado a las 10.700 de la primera fase y 11.400 previstas en la segunda), con un dudoso balance de efectividad y de planificación sostenible de la ciudad. No es raro ver en barrios nuevos como Sanchinarro, Las Tablas o el PAU de Carabanchel, zonas deshabitadas y aisladas de su entorno más cercano, y es una tónica general que los vecinos que empiezan a habitarlos lo hacen mucho antes de contar con los equipamientos básicos necesarios. Esto sin hablar de otros grandes desarrollos como los del Sureste de Madrid, que llevan años paralizados sometiendo a una situación desesperante a las personas que optaron un día por vivir en estas nuevas zonas.
Todas estas operaciones nacieron con el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (elaborado por el Ayuntamiento de Álvarez del Manzano siendo Alberto Ruiz Gallardón presidente de la Comunidad) que sustituyó al elaborado en 1985 cuando en la ciudad gobernaba la izquierda. Se enmarcan, por tanto, dentro de la concepción urbanística del Partido Popular de Madrid que partía de declarar como urbanizable la práctica totalidad del suelo disponible en la ciudad con el objetivo de que fuera el mercado el que regulara para conseguir el objetivo de “resolver el problema de la vivienda”. No hace falta explicar que transcurrido ya el periodo mínimo de vigencia del PGOUM establecido en ocho años, esta política ha sido un rotundo fracaso que ha provocado que a pesar de la construcción de miles de viviendas nuevas en la ciudad, el precio se incrementó hasta el año 2007 en un 158% condenando a la mayor parte de la juventud y a otros sectores sociales de la población a no poder optar a vivir en la ciudad de Madrid.
Dentro de los terrenos declarados como urbanizables en el PGOUM de 1997, se encontraban miles de metros cuadrados que en el Plan de 1985 constituían el denominado anillo verde de protección ambiental y figuraban catalogados como “Suelo no urbanizable de especial protección” por su valor ecológico. Esto provocó que el que fuera Alcalde de la ciudad, Juan Barranco, impugnara ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la revisión del Plan alegando, entre otros motivos, que el Ayuntamiento no había justificado que hubiesen desaparecido las circunstancias determinantes de la protección de suelo operada por el anterior Plan General, tal y como exige la legislación urbanística. Diez años después, el 3 de julio de 2007 el Tribunal Supremo dio la razón al demandante anulando veintidós ámbitos urbanísticos afectados por la sentencia entre los que se encontraba la operación Campamento que de momento está siendo sorteada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, al igual que se ha hecho con otras sentencias contrarias a las políticas de las administraciones madrileñas (enterramiento de la M-30, ampliación de la M-501, permisos de vados, licencias de TDT, implantación del SER…).
Y por supuesto, en este tipo de desarrollos desaparece la idea de “hacer ciudad”. En Campamento nadie parece haber tenido en cuenta que se va a crear una gran urbe en uno de los barrios del distrito de Latina, el más poblado de todo Madrid, con más de 260.000 habitantes, y también uno de los que mayor déficit de equipamientos sociales arrastra. Las 10.700 viviendas de la primera fase, sumadas a las más de 11.000 de la segunda y añadidas las 20.000 que Alcorcón construirá en su ensanche norte que hace frontera con Campamento, convertirá a la zona en una de las más densamente pobladas de todo el país con una preocupante falta de dotaciones sociales.
Por eso, resulta tan extraño que una operación que se ajusta estrictamente a lo establecido por el PGOUM del 97, elaborado según los principio urbanísticos del PP, haya conseguido el apoyo unánime de los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Es preocupante que ante los grandes asuntos estructurales de la ciudad, cada vez se aprecien menos diferencias entre los distintos partidos.
El apoyo de la oposición se basa en que el número de viviendas protegidas es mayor al marcado en el PGOUM (un 60% del suelo destinado a uso residencial en lugar del 54% establecido por el plan), lo que resultará que 7.000 de las 10.700 viviendas de la primera fase cuenten con algún tipo de protección. El otro punto destacado por la oposición es la construcción de un túnel en la carretera de Extremadura de 2,6 Km de longitud por el que tanto han luchado los vecinos de Batán, y que el Ayuntamiento de Madrid negó cuando ejecutó las obras de enterramiento de la M-30. El coste será superior a los 600 millones de euros que serán financiados a partes iguales por Ayuntamiento y Ministerio de Defensa.
Bajo nuestro punto de vista, al menos es cuestionable que haya que destacar que una operación urbanística que se desarrolla en su totalidad en suelo público, destine un porcentaje mayor a la atención social, cuando entendemos que este uso social debería aplicarse a la totalidad de mismo, algo contemplado incluso en la propia ley de capitalidad en su artículo 47. También resulta al menos cuestionable que siempre las mayores inversiones se destinen a la ampliación de las infraestructuras destinadas al tráfico privado. Aún reconociendo que el nuevo túnel mejorará la vida de muchos vecinos del distrito de Latina, entendemos que existen otras soluciones menos costosas y más dirigidas a potenciar el transporte público como las que indicamos en su día en las alegaciones presentadas a la aprobación inicial del Plan Parcial (http://www.avaluche.com/IMG/pdf/Alegacion_Operacion_Campamento-2.pdf) y que han sido en su inmensa mayoría desestimadas.
La misma semana que ha sido aprobado en el Parlamento Europeo el informe Auken que critica duramente el modelo urbanístico español y que es especialmente crítico con el papel que juegan las administraciones, nos encontramos con la realidad de una operación promovida por Ayuntamiento y Ministerio de Defensa, apoyada por los tres partidos políticos, que pudo ser la oportunidad de desarrollar un modelo urbanístico diferente al servicio de la ciudad, de los barrios colindantes y de sus vecinos, en lugar de a intereses inmobiliarios y especulativos, y que si finalmente se aprueba en los términos actuales, será un ejemplo más del desarrollismo insostenible implantado hace ya demasiados años en la ciudad de Madrid.
Nuestra intención es poder publicar mensualmente una colaboración de alguna asociación de vecinos para conocer las demandas y posiciones del movimiento ciudadano. Todos los que queráis participar lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico.
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