Un grupo de vecinos acude al Pleno de la Junta de Distrito a expresar sus quejas porque el Ayuntamiento de Madrid no les permite celebrar unas fiestas populares en un solar libre. Y el “tolerante” Gallardón, por medio de su delegada en el distrito, Eva Durán, decide desalojarlos a palos, con detenciones incluso.
El Ayuntamiento de Madrid, a través de su reglamento de participación ciudadana, ofrece a los vecinos participar en unos órganos que no tienen competencia ninguna, los consejos de participación del distrito. Fuera de este cauce, nada de nada.
Es el dogma de la democracia representativa llevada a su máxima expresión: Como han sido elegidos (aunque sea con irregularidades, como ocurrió en la Comunidad de Madrid en 2003), usurpan la voluntad de sus representados en todos y cada uno de los aspectos de la gestión pública. Y quien quiera expresar su opinión fuera de los cauces establecidos, lo que le espera es la represión, como han experimentado en sus carnes los vallecanos.
No hace muchos años ocurrió algo parecido en la Elipa (Ciudad Lineal), en cuyo pleno también fue detenido con cargos el presidente de una Asociación de Vecinos. Son varios los vecinos que han sufrido sanciones injustas, incluso condenas de cárcel, por protestar contra la implantación de parquímetros absurdos en la periferia. Y recientemente fueron detenidos 52 activistas por desplegar una pancarta en un edificio madrileño. La cosa se está poniendo seria.
El episodio podría haber pasado como un hecho aislado o anecdótico, si no fuera por los antecedentes mencionados y el contexto en el que se inscribe.
Falsa apariencia de participación.- El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, con Gallardón a la cabeza, trata de dar una imagen tolerante, de buen rollo, incluso progresista, y cercana a los agentes sociales. Es verdad que ciertas cúpulas de algunas organizaciones sociales (favorecidas por cierta financiación institucional) están avalando con su actitud esta imagen que tiene mucho de propaganda y muy poco de realidad. La prueba palpable es el Reglamento de Participación Ciudadana mencionado antes, que sólo se aplica cuando no existen competencias sobre las que decidir, y en cambio no sirve cuando se trata de compartir las decisiones importantes, o simplemente no se cumple cuando se trata de la gestión de los centros municipales.
Centralización absoluta de la vida municipal.- Que no sólo vacía de competencias a las Juntas de Distrito, sino que conlleva también la privatización y la eliminación de ciertos acontecimientos populares como las fiestas de barrio, que fueron rescatadas tras la larga noche del franquismo, y que este Ayuntamiento las está suprimiendo con la excusa de la crisis (más bien su ruina presupuestaria), desapareciendo así uno de los elementos más importantes en la creación del tejido social en los barrios.
Criminalización de los movimientos sociales alternativos.- La llamada guerra contra el terror iniciada por Bush, a la que se han apuntado la mayoría de poderes mundiales, ha instaurado la doctrina del “conmigo o contra mí”, estigmatizando a las personas o colectivos que no quieren participar del pensamiento único y que además deciden mostrar sus opiniones con acciones críticas contra los abusos del poder económico y político. En el caso de Vallecas, ciertos medios de comunicación y representantes municipales han querido estigmatizar a algunos dirigentes de la protesta por el simple hecho de haber formado parte de una candidatura electoral, perfectamente legal pero que a algunos no les gustaba. Una vez experimentado con cierto éxito en otros lugares, se abre en Madrid la veda para que cualquier persona o grupo protestón pueda ser inculpado como terrorista, tratando de alejarlo de su base social y aplicando la represión por medio de los cuerpos de seguridad y del código penal.
Estado policial.- Vivimos una oleada represiva en la que Estado trata de controlar todos los movimientos y pensamientos de los ciudadanos, vigilados constantemente y a los que se les identifica por cualquier motivo o sin él, en particular si presentan rasgos diferenciados. Entre este estado de cosas y una dictadura, no hay mucha distancia. Los vecinos y ciudadanos deberíamos prestar más atención a estos procesos anti-democráticos, mostrando una mayor resistencia en lugar de refugiarnos en nuestra vida privada, que también está vigilada. Porque lo que pretende este dispositivo represor es desactivar los focos de resistencia popular para que los poderes económicos tengan mayor facilidad para obtener unos mayores márgenes de beneficio a costa del deterioro imparable de los servicios y las condiciones de vida de los ciudadanos, en el trabajo, en el barrio o en el centro de estudios. Nuestra vida mejorará en la medida en que nos preocupemos por el bienestar colectivo, ya que así podremos alcanzar niveles satisfactorios de bienestar particular. Y para ello debemos organizarnos y luchar.
martes, 22 de septiembre de 2009
La financiación local y el gasto social
En febrero de 2006 el PSOE anunció la reforma de la financiación local y que se iba a llevar a cabo de forma paralela a la reforma de la financiación autonómica, con el fin de reforzar el papel de las corporaciones locales.
Recientemente ha culminado el proceso de reuniones y negociaciones de la reforma del sistema de financiación de las autonomías con un aumento de los recursos. Ríos de tinta han polemizado sobre las bondades o maldades de este nuevo sistema, sobre todo del reparto de los Fondos Adicionales que sólo representan el 10% de todo el sistema, sin embargo, el gran olvidado, un vez más, ha sido el nuevo modelo de financiación local. Pero no es exactamente un olvido, sino que se ha congelado conscientemente, con la excusa de la crisis. Manuel Chaves, vicepresidente del Gobierno y ministro de Política Territorial, anunció el pasado 21 de julio que “el nuevo modelo de financiación local no saldrá adelante hasta 2011”. Esto representa un aplazamiento de cinco años, y veremos cuántos más, respecto al anuncio de la reforma de un sistema que fue implantado por el PP.
Las reacciones, incluso desde el entorno del PSOE, no se han hecho esperar. La Federación Asturiana de Concejos (FACC) respondió que “el anuncio es una noticia decepcionante”. El alcalde socialista de Siero dijo que “es una malísima noticia y un varapalo en toda regla. No sé que quieren hacer con los Ayuntamientos”.
Chavez incluso dejó claro que no entra en los planes del Gobierno acceder a la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), encabezada por el alcalde socialista de Getafe, Pedro Castro, sobre la ampliación con 3.000 millones de euros el fondo de 5.000 millones destinados a las administraciones locales en 2010.
Pero, como afirmó el profesor Subirats hace unos meses en El País, en un artículo sobre las ciudades y los vecinos frente a la crisis: “el problema de las ciudades y de los ciudadanos no es sólo coyuntural, es estructural”. Explicaba en ese mismo artículo que “mientras las comunidades autónomas han pasado de no existir a controlar más de una tercera parte del gasto público, los municipios siguen anclados en cifras que rondan el 15% de ese gasto público total, lejos del 24% en que sitúa la media comunitaria. Para gastar, hay que recibir transferencias y recaudar”.
El problema estructural al que se refiere Subirats, es que, después de más de 30 años de democracia, la descentralización de recursos no ha llegado a los Ayuntamientos. La administración municipal es la más cercana a los vecinos y habitantes de un territorio, sin embargo, no cuentan con los recursos necesarios para garantizar de forma universal la prestación de los servicios públicos, ya sean “propios” o “impropios”.
La FEMP se queja amargamente de que los gastos “impropios” (es decir, aquellos que no son su competencia ni cuentan con transferencias de fondos para hacerles frente) representan el 30% del gasto total de todos los ayuntamientos (el 35% si se contabilizan las aportaciones de los propios usuarios). (Informe FEMP 2007).
Un ejemplo de lo que esto supone nos lo ofrece de forma cristalina la financiación de los servicios sociales. “Los municipios siguen aportando el 60% del presupuesto para servicios sociales, alrededor de un 30% las comunidades autónomas y el Gobierno apenas asume el 10%” (Carmen Morán. El País. 20.7.09). El porcentaje no sería el mayor problema si las cantidades reales fueran suficientes para respaldar un sistema social bien desarrollado. Pero, por ejemplo, el Plan Concertado para la financiación de los servicios sociales en ayuntamientos y diputaciones, aprobado en 1987, contaba en 2005 con 829 millones de euros, de los que el Gobierno aportó tan solo 96, lo mismo que ha costado el fichaje de Cristiano Ronaldo, y a años luz del dinero destinado a salvar los bancos.
La infradotación de los municipios ha tenido como primera consecuencia el arrastre de una situación de gran subdesarrollo social, que no se reduce, frente a los principales países europeos. Además, los ayuntamientos se han visto obligados a buscar otras fuentes de financiación para tratar de ampliar sus exiguos presupuestos. Los que han podido, han recurrido al endeudamiento, y muchos, han llegado a depender de los ingresos obtenidos de la actividad urbanística. Según fuentes de investigación universitaria en 2004 “el 43,8% de las inversiones de los Ayuntamientos se financiaron con recursos procedentes del urbanismo”. (Manuel Esteban y José Sánchez). Los ayuntamientos han vendido su patrimonio, colaborando en el incremento de la espiral especulativa durante años, no sólo para pagar inversiones y servicios “impropios”, sino incluso para cubrir gastos corrientes. Factores como la dependencia del urbanismo y la venta de patrimonio municipal, unidos a la cultura del pelotazo a través de las recalificaciones del suelo, han sido el caldo de cultivo en el que han proliferado las tramas de corrupción por toda la geografía española.
Si al hecho de que los ayuntamientos cuenten con escasos recursos le añadimos el paupérrimo porcentaje de sus presupuestos que algunos dedican a gasto social, como ocurre con el de Madrid que dedica poco más del 5% de su presupuesto total, pues nos encontramos con que los recursos que se destinan a gasto social son la última prioridad de las administraciones, y, además, con la excusa de la crisis, en proceso de recorte y retroceso como demuestran las medidas adoptadas por el ayuntamiento madrileño respecto a la atención a domicilio o a la subasta de las escuelas infantiles públicas de gestión indirecta al “mejor postor” (el más barato para la administración).
No tendremos ni siquiera la opción de tener unos servicios sociales universales y, en conjunto, un sistema de servicios públicos dignos de tal nombre, mientras la financiación de las administraciones sea tan centralista. El debate de en qué se gastan los recursos públicos es vital, pero de nada sirven todas las propuestas de las Agendas 21, las propuestas en los Consejos Territoriales, en las Juntas de Distrito o en los propios Ayuntamientos si los recursos llegan a las administraciones públicas más próximas a las personas con cuentagotas mientras vemos cómo se derrochan, una y otra vez, en gastos que sólo benefician a una pequeña minoría social.
sábado, 25 de abril de 2009
¿Qué papel debe jugar el movimiento vecinal ante la crisis?
Atravesamos una grave crisis, cuyo alcance y desenlace ha sumido en la incertidumbre a todo el planeta. Es preciso conocer su naturaleza, y el papel que deben desempeñar ante ella los movimientos sociales, en particular el vecinal.
El capitalismo es el sistema que domina las relaciones económicas en el mundo actual. Está basado en la búsqueda del lucro de unos pocos a costa de la explotación de la mayoría de la humanidad y del planeta. Este fundamento individualista e insolidario provoca unos desajustes que desembocan en crisis cíclicas, como la presente, siendo accidental o secundario el fenómeno concreto que lo desencadena (en este caso las llamadas hipotecas basura).
La crisis produce convulsiones en el sistema financiero (flujo de capitales, bolsas de valores) y destrucción del tejido productivo (cierres de empresas, despidos masivos), aumentando considerablemente el número, ya de por sí elevado, de los excluidos del sistema. El aumento de la pobreza, los desahucios de viviendas, las desestructuraciones familiares, la ruina de pequeños comercios, la competencia por unos recursos (laborales, formativos, servicios sociales) cada vez más escasos, etc. se refleja también en la vida de los barrios, lo que aviva las tensiones entre las comunidades, creando un caldo de cultivo para las actitudes excluyentes y xenófobas.
Se puede observar con claridad que, como en anteriores ocasiones, los responsables que han provocado la crisis (banqueros y grandes propietarios de los medios de producción y distribución) tratan de que el peso y consecuencias de la misma recaiga sobre las víctimas, es decir, los sectores de población explotados.
El capital, que domina casi todas las esferas de la vida social, controla también las instituciones (aunque estas sean elegidas por sistemas democráticos), bien colocando a sus representantes a través de los partidos de derecha, bien cercenando la capacidad de decisión cuando tratan de aplicar políticas que no se ajusten a sus estrictos intereses. En momentos de crisis como la actual, las instituciones adoptan tres tipos de medidas que son complementarias: 1. Disminución de los servicios y atenciones sociales; 2. aumento de tasas e impuestos indirectos que afectan al conjunto de la ciudadanía (al tiempo que disminuyen los de las grandes fortunas); 3. transferencia de recursos presupuestarios a las arcas de las élites financieras y empresariales.
Ante esta situación, no es sólo el movimiento obrero quien debe articular respuestas frente a la crisis y las políticas que pretenden cargar sobre los trabajadores sus consecuencias, sino que se hace imprescindible la contribución de otros movimientos como el vecinal.
La sociedad expresa un permanente conflicto de intereses entre los diversos grupos o clases sociales. En la actualidad son los intereses particulares de los poderosos los que se imponen al conjunto. Y en tales condiciones, frente a unas instituciones que no son neutrales, los movimientos populares no pueden ser ni colaboradores ni mediadores, sino decididos representantes de los intereses de la base popular de la que nacieron. La política subvencionadora y clientelar que algunas instituciones tienen puesta en marcha, ha cegado la vista a ciertos dirigentes que confunden totalmente su función.
Si en condiciones normales la función principal de las asociaciones de vecinos es la reivindicativa (no la de organización de actividades lúdicas o de ocio), en momentos de crisis su papel tampoco debe reducirse a amortiguar las consecuencias de la crisis, o a mediar en los conflictos que provoca (aunque esto no quiere decir que deban ignorarse estas posibles situaciones) y sus circunstancias. Para eso están otro tipo de asociaciones e instituciones.
El movimiento vecinal debe denunciar, en primer lugar, la naturaleza de la crisis. Debe oponerse, con toda la fuerza de que sea capaz, a los planes que pretenden imponer nuevas cargas a los trabajadores, vía impuestos indirectos, nuevas tasas municipales, subidas de precios, etc., exigiendo que la carga impositiva recaiga sobre las rentas más elevadas. Debe exigir de las instituciones mayores servicios públicos, para paliar los efectos de la crisis.
Pero además el movimiento vecinal, junto con otros movimientos populares, debe actuar con iniciativa y no limitarse a la mera defensa de unas condiciones de vida, ya de por sí precarias, que la crisis puede empeorar aún más. Para ello se precisa de una estrategia ofensiva, con un programa, una organización y métodos de lucha adecuados, para convertir la crisis en una oportunidad de transformación social radical o de mejora de la correlación de fuerzas a la salida de la crisis.
El programa reivindicativo debe contemplar, al menos, el derecho efectivo a una vivienda digna, a una renta básica, a unos servicios sociales universales públicos y gratuitos, a una participación efectiva en la toma de decisiones en los distintos ámbitos de la esfera política y productiva, a una justicia digna de tal nombre, etc. Se trata de condiciones mínimas para avanzar realmente.
Las organizaciones de base local o territorial adquieren gran importancia en la defensa de los intereses populares y la disputa del poder a los sectores dominantes. La lógica del sistema capitalista tiende a igualarnos a todos por lo bajo (disminución de salarios, reducción de la protección social, etc.), pero sus intelectuales diseñan métodos de diferenciación que dificultan la unidad de acción; es lo que fomentan con la gran precariedad y fragmentación de las condiciones laborales, incluso en el interior de una misma empresa, que actualmente alcanza unas dimensiones no conocidas anteriormente. Los barrios, que juntan a la población según su nivel de renta, pueden ser lugares de encuentro, de difusión de la conciencia de clase, de organización y lucha por unas condiciones dignas, no sólo locales sino laborales. En los barrios y pueblos existen también empresas susceptibles de sufrir conflictos laborales, en los que las organizaciones locales pueden jugar un papel importante de apoyo.
Los barrios son también los lugares de encuentro de “esa misma clase obrera, nativa o extranjera”, cuya alianza se ve continuamente amenazada por los mensajes xenófobos fomentados por los medios de comunicación y las instituciones, que buscan enfrentamientos por la disputa de recursos (trabajo, vivienda, servicios en general), cada vez más escasos. Debemos convertir las contradicciones en motor de cambio, superando las actitudes meramente asistencialistas.
No debe olvidarse tampoco el papel decisivo que han tenido a lo largo de la historia algunos movimientos locales populares, que fueron capaces de provocar caídas de gobiernos e impulsar procesos revolucionarios, como ocurrió con las Juntas Vecinales en Bolivia. En otras ocasiones se han convertido en apoyo a la actividad de gobiernos populares amenazados por sabotajes provocados por las fuerzas reaccionarias (cordones chilenos). Las organizaciones de base territorial, en colaboración con otras organizaciones sectoriales, deben estar preparadas para combates más decisivos, que sin duda llegarán.
El capitalismo es el sistema que domina las relaciones económicas en el mundo actual. Está basado en la búsqueda del lucro de unos pocos a costa de la explotación de la mayoría de la humanidad y del planeta. Este fundamento individualista e insolidario provoca unos desajustes que desembocan en crisis cíclicas, como la presente, siendo accidental o secundario el fenómeno concreto que lo desencadena (en este caso las llamadas hipotecas basura).
La crisis produce convulsiones en el sistema financiero (flujo de capitales, bolsas de valores) y destrucción del tejido productivo (cierres de empresas, despidos masivos), aumentando considerablemente el número, ya de por sí elevado, de los excluidos del sistema. El aumento de la pobreza, los desahucios de viviendas, las desestructuraciones familiares, la ruina de pequeños comercios, la competencia por unos recursos (laborales, formativos, servicios sociales) cada vez más escasos, etc. se refleja también en la vida de los barrios, lo que aviva las tensiones entre las comunidades, creando un caldo de cultivo para las actitudes excluyentes y xenófobas.
Se puede observar con claridad que, como en anteriores ocasiones, los responsables que han provocado la crisis (banqueros y grandes propietarios de los medios de producción y distribución) tratan de que el peso y consecuencias de la misma recaiga sobre las víctimas, es decir, los sectores de población explotados.
El capital, que domina casi todas las esferas de la vida social, controla también las instituciones (aunque estas sean elegidas por sistemas democráticos), bien colocando a sus representantes a través de los partidos de derecha, bien cercenando la capacidad de decisión cuando tratan de aplicar políticas que no se ajusten a sus estrictos intereses. En momentos de crisis como la actual, las instituciones adoptan tres tipos de medidas que son complementarias: 1. Disminución de los servicios y atenciones sociales; 2. aumento de tasas e impuestos indirectos que afectan al conjunto de la ciudadanía (al tiempo que disminuyen los de las grandes fortunas); 3. transferencia de recursos presupuestarios a las arcas de las élites financieras y empresariales.
Ante esta situación, no es sólo el movimiento obrero quien debe articular respuestas frente a la crisis y las políticas que pretenden cargar sobre los trabajadores sus consecuencias, sino que se hace imprescindible la contribución de otros movimientos como el vecinal.
La sociedad expresa un permanente conflicto de intereses entre los diversos grupos o clases sociales. En la actualidad son los intereses particulares de los poderosos los que se imponen al conjunto. Y en tales condiciones, frente a unas instituciones que no son neutrales, los movimientos populares no pueden ser ni colaboradores ni mediadores, sino decididos representantes de los intereses de la base popular de la que nacieron. La política subvencionadora y clientelar que algunas instituciones tienen puesta en marcha, ha cegado la vista a ciertos dirigentes que confunden totalmente su función.
Si en condiciones normales la función principal de las asociaciones de vecinos es la reivindicativa (no la de organización de actividades lúdicas o de ocio), en momentos de crisis su papel tampoco debe reducirse a amortiguar las consecuencias de la crisis, o a mediar en los conflictos que provoca (aunque esto no quiere decir que deban ignorarse estas posibles situaciones) y sus circunstancias. Para eso están otro tipo de asociaciones e instituciones.
El movimiento vecinal debe denunciar, en primer lugar, la naturaleza de la crisis. Debe oponerse, con toda la fuerza de que sea capaz, a los planes que pretenden imponer nuevas cargas a los trabajadores, vía impuestos indirectos, nuevas tasas municipales, subidas de precios, etc., exigiendo que la carga impositiva recaiga sobre las rentas más elevadas. Debe exigir de las instituciones mayores servicios públicos, para paliar los efectos de la crisis.
Pero además el movimiento vecinal, junto con otros movimientos populares, debe actuar con iniciativa y no limitarse a la mera defensa de unas condiciones de vida, ya de por sí precarias, que la crisis puede empeorar aún más. Para ello se precisa de una estrategia ofensiva, con un programa, una organización y métodos de lucha adecuados, para convertir la crisis en una oportunidad de transformación social radical o de mejora de la correlación de fuerzas a la salida de la crisis.
El programa reivindicativo debe contemplar, al menos, el derecho efectivo a una vivienda digna, a una renta básica, a unos servicios sociales universales públicos y gratuitos, a una participación efectiva en la toma de decisiones en los distintos ámbitos de la esfera política y productiva, a una justicia digna de tal nombre, etc. Se trata de condiciones mínimas para avanzar realmente.
Las organizaciones de base local o territorial adquieren gran importancia en la defensa de los intereses populares y la disputa del poder a los sectores dominantes. La lógica del sistema capitalista tiende a igualarnos a todos por lo bajo (disminución de salarios, reducción de la protección social, etc.), pero sus intelectuales diseñan métodos de diferenciación que dificultan la unidad de acción; es lo que fomentan con la gran precariedad y fragmentación de las condiciones laborales, incluso en el interior de una misma empresa, que actualmente alcanza unas dimensiones no conocidas anteriormente. Los barrios, que juntan a la población según su nivel de renta, pueden ser lugares de encuentro, de difusión de la conciencia de clase, de organización y lucha por unas condiciones dignas, no sólo locales sino laborales. En los barrios y pueblos existen también empresas susceptibles de sufrir conflictos laborales, en los que las organizaciones locales pueden jugar un papel importante de apoyo.
Los barrios son también los lugares de encuentro de “esa misma clase obrera, nativa o extranjera”, cuya alianza se ve continuamente amenazada por los mensajes xenófobos fomentados por los medios de comunicación y las instituciones, que buscan enfrentamientos por la disputa de recursos (trabajo, vivienda, servicios en general), cada vez más escasos. Debemos convertir las contradicciones en motor de cambio, superando las actitudes meramente asistencialistas.
No debe olvidarse tampoco el papel decisivo que han tenido a lo largo de la historia algunos movimientos locales populares, que fueron capaces de provocar caídas de gobiernos e impulsar procesos revolucionarios, como ocurrió con las Juntas Vecinales en Bolivia. En otras ocasiones se han convertido en apoyo a la actividad de gobiernos populares amenazados por sabotajes provocados por las fuerzas reaccionarias (cordones chilenos). Las organizaciones de base territorial, en colaboración con otras organizaciones sectoriales, deben estar preparadas para combates más decisivos, que sin duda llegarán.
Nada extraño en la corrupción de Madrid
Aunque pudiera resultar sorprendente lo que está ocurriendo en la política madrileña durante los últimos meses, lo cierto es que la opinión pública parece permanecer impasibles ante el escandaloso escenario que han dibujado Esperanza Aguirre y Alberto Ruíz-Gallardón en las instituciones y entidades públicas de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.
La investigación del caso Gürtel desde la Audiencia Nacional ha desvelado una presunta red de corrupción vinculada a la dirección nacional del Partido Popular y a altos cargos de distintas comunidades autónomas gobernadas por el PP. Esta trama, por la que han sido imputados consejeros, alcaldes y diputados autonómicos del Partido Popular habría establecido un supuesto conglomerado de negocios para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas, como Madrid y Valencia.
Al mismo tiempo, en el seno de Caja Madrid se está librando una dura batalla entre los seguidores del alcalde Ruíz Gallardón, por un lado, y los de la presidenta Aguirre, por otro. Sin el menor pudor, los nombramientos y ceses paulatinos del Consejo de Administración y los cambios arbitrarios de la normativa de elección de los mismos centran sus objetivos en asegurar o tumbar mayorías afines a cada uno de los intereses en liza.
Y como remate, mientras todo esto ocurre, la Consejería del Interior de la Comunidad de Madrid, presidida por Francisco Granados, podría contar con su propio servicio de espionaje encargado de seguir, vigilar y redactar informes sobre los altos cargo del propio Partido Popular y quién sabe de quién más.
Estos hechos dejan al descubierto el verdadero fin y sentido de la acción política de los máximos gobernantes madrileños que, lejos de estar enfocada al servicio público y al interés general, parece tener como único objetivo la satisfacción de intereses privados, tanto personales como de los grupos a los que representan.
Sin embargo, da la sensación de que son muy pocos los ciudadanos a los que les produce estupor el uso en beneficio privado de lo que es público. Tal pasividad e indiferencia no parece justificable desde la desmovilización social, desde el acostumbramiento a los hechos ante similares episodios pasados o desde la peregrina excusa de “qué más da si todos son iguales”. Tiene que haber algo más.
En su definición literal, la corrupción es una práctica en las organizaciones, especialmente públicas, consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores; así lo define la RAE. Es por tanto la práctica de aquellos que utilizan los recursos públicos para su propio enriquecimiento, la de aquellos que se sirven de sus cargos oficiales para el control privado de las instituciones del Estado o la de esos otros que emplean los servicios institucionales para su propio interés o el de un grupo concreto.
Corrupción es por tanto no sólo la sustracción ilegal de fondos públicos sino que es cualquier práctica consistente en el uso de lo público en beneficio privado, sea o no delito. Por ello, hablamos de corrupción en el sistema cuando los representantes políticos actúan en función de intereses particulares, al margen del interés general.
Pero esta forma de actuar desde las instituciones públicas no es otra cosa sino el principio que inspira el sistema de la democracia neoliberal. Al igual que ocurre con el sistema de mercado capitalista, y a su imagen y semejanza, el sistema de la democracia liberal se basa en el convencimiento de que la búsqueda por parte del individuo de la satisfacción de sus necesidades e intereses particulares genera a su vez la satisfacción de necesidades e intereses colectivos. Así pues, nuestros parlamentos, senados, asambleas y plenos son lugares donde diversos intereses privados compiten entre sí por resultar mayoritarios, que no colectivos, eliminando el resto de opciones particulares, emulando de este modo el comportamiento de las empresas en los mercados competitivos.
De hecho, como su propio nombre indica, los partidos se erigen en representantes de parte de una sociedad dividida en clases sociales que compiten entre sí. En una sociedad entendida de esta forma, en la que unos grupos se enfrentan a otros dando al vencedor casi plenas capacidades para obrar en beneficio de su grupo y, generalmente, en perjuicio del resto, hablar de corrupción -del uso privado de lo público- es hablar de lo normal y lo cotidiano, haya o no delito.
Por lo tanto, el caso de Madrid, que es simple ejemplo de lo que ocurre a diario en todo el estado español, no es más que la consecuencia de una sociedad entendida como la suma de individuos particulares y aislados que compiten entre sí, como lobos para los hombres, buscando su propio bienestar en el de los demás, y su expresión materializada en el fondo y forma de sus instituciones públicas.
Paradójicamente, si superar esta sociedad corrupta requiere participar de sus instituciones corruptas, cualquiera que lo intente por esta vía es susceptible a su vez de convertirse en corrupto que legitimará cuando lo sea, y en su beneficio particular, no ya la corrupción del sistema, sino el sistema de la corrupción. Superar esta situación requerirá que las organizaciones transformadoras la denuncien y propongan principios y prácticas que no comprometan o traicionen su esencia.
Debiendo ser objeto de un análisis mucho más profundo, un cambio de la sociedad a través de las instituciones públicas requiere que estás sean sometidas a su democratización real a través de la participación efectiva y directa, en la mayor medida posible, de los ciudadanos en todas las estructuras de poder, ya sean públicas o privadas. Pero, para llegar a ello, es imprescindible afrontar esta tarea desde organizaciones que practiquen en su seno la misma democratización real y participación efectiva de sus miembros en los órganos de toma de decisiones.
De otra forma, y si es que consiguen superar los filtros y garantías impuestos para que formaciones de este tipo no accedan a las instituciones, un sistema concebido y preparado para ello, no tardará en encontrar la manera de pervertir el objetivo de éstas y de sustraer la voluntad transformadora de sus miembros.
Mientras todo esto no ocurra y la concepción neoliberal de la vida pública impregne hasta el último rincón de la sociedad, incluidas las prácticas de las organizaciones que aspiran al cambio, no debiera sorprendernos que la escandalosa situación de la política madrileña no genere una escandalosa respuesta en la ciudadanía madrileña. De extrañar sería que ocurriese lo contrario.
La investigación del caso Gürtel desde la Audiencia Nacional ha desvelado una presunta red de corrupción vinculada a la dirección nacional del Partido Popular y a altos cargos de distintas comunidades autónomas gobernadas por el PP. Esta trama, por la que han sido imputados consejeros, alcaldes y diputados autonómicos del Partido Popular habría establecido un supuesto conglomerado de negocios para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas, como Madrid y Valencia.
Al mismo tiempo, en el seno de Caja Madrid se está librando una dura batalla entre los seguidores del alcalde Ruíz Gallardón, por un lado, y los de la presidenta Aguirre, por otro. Sin el menor pudor, los nombramientos y ceses paulatinos del Consejo de Administración y los cambios arbitrarios de la normativa de elección de los mismos centran sus objetivos en asegurar o tumbar mayorías afines a cada uno de los intereses en liza.
Y como remate, mientras todo esto ocurre, la Consejería del Interior de la Comunidad de Madrid, presidida por Francisco Granados, podría contar con su propio servicio de espionaje encargado de seguir, vigilar y redactar informes sobre los altos cargo del propio Partido Popular y quién sabe de quién más.
Estos hechos dejan al descubierto el verdadero fin y sentido de la acción política de los máximos gobernantes madrileños que, lejos de estar enfocada al servicio público y al interés general, parece tener como único objetivo la satisfacción de intereses privados, tanto personales como de los grupos a los que representan.
Sin embargo, da la sensación de que son muy pocos los ciudadanos a los que les produce estupor el uso en beneficio privado de lo que es público. Tal pasividad e indiferencia no parece justificable desde la desmovilización social, desde el acostumbramiento a los hechos ante similares episodios pasados o desde la peregrina excusa de “qué más da si todos son iguales”. Tiene que haber algo más.
En su definición literal, la corrupción es una práctica en las organizaciones, especialmente públicas, consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores; así lo define la RAE. Es por tanto la práctica de aquellos que utilizan los recursos públicos para su propio enriquecimiento, la de aquellos que se sirven de sus cargos oficiales para el control privado de las instituciones del Estado o la de esos otros que emplean los servicios institucionales para su propio interés o el de un grupo concreto.
Corrupción es por tanto no sólo la sustracción ilegal de fondos públicos sino que es cualquier práctica consistente en el uso de lo público en beneficio privado, sea o no delito. Por ello, hablamos de corrupción en el sistema cuando los representantes políticos actúan en función de intereses particulares, al margen del interés general.
Pero esta forma de actuar desde las instituciones públicas no es otra cosa sino el principio que inspira el sistema de la democracia neoliberal. Al igual que ocurre con el sistema de mercado capitalista, y a su imagen y semejanza, el sistema de la democracia liberal se basa en el convencimiento de que la búsqueda por parte del individuo de la satisfacción de sus necesidades e intereses particulares genera a su vez la satisfacción de necesidades e intereses colectivos. Así pues, nuestros parlamentos, senados, asambleas y plenos son lugares donde diversos intereses privados compiten entre sí por resultar mayoritarios, que no colectivos, eliminando el resto de opciones particulares, emulando de este modo el comportamiento de las empresas en los mercados competitivos.
De hecho, como su propio nombre indica, los partidos se erigen en representantes de parte de una sociedad dividida en clases sociales que compiten entre sí. En una sociedad entendida de esta forma, en la que unos grupos se enfrentan a otros dando al vencedor casi plenas capacidades para obrar en beneficio de su grupo y, generalmente, en perjuicio del resto, hablar de corrupción -del uso privado de lo público- es hablar de lo normal y lo cotidiano, haya o no delito.
Por lo tanto, el caso de Madrid, que es simple ejemplo de lo que ocurre a diario en todo el estado español, no es más que la consecuencia de una sociedad entendida como la suma de individuos particulares y aislados que compiten entre sí, como lobos para los hombres, buscando su propio bienestar en el de los demás, y su expresión materializada en el fondo y forma de sus instituciones públicas.
Paradójicamente, si superar esta sociedad corrupta requiere participar de sus instituciones corruptas, cualquiera que lo intente por esta vía es susceptible a su vez de convertirse en corrupto que legitimará cuando lo sea, y en su beneficio particular, no ya la corrupción del sistema, sino el sistema de la corrupción. Superar esta situación requerirá que las organizaciones transformadoras la denuncien y propongan principios y prácticas que no comprometan o traicionen su esencia.
Debiendo ser objeto de un análisis mucho más profundo, un cambio de la sociedad a través de las instituciones públicas requiere que estás sean sometidas a su democratización real a través de la participación efectiva y directa, en la mayor medida posible, de los ciudadanos en todas las estructuras de poder, ya sean públicas o privadas. Pero, para llegar a ello, es imprescindible afrontar esta tarea desde organizaciones que practiquen en su seno la misma democratización real y participación efectiva de sus miembros en los órganos de toma de decisiones.
De otra forma, y si es que consiguen superar los filtros y garantías impuestos para que formaciones de este tipo no accedan a las instituciones, un sistema concebido y preparado para ello, no tardará en encontrar la manera de pervertir el objetivo de éstas y de sustraer la voluntad transformadora de sus miembros.
Mientras todo esto no ocurra y la concepción neoliberal de la vida pública impregne hasta el último rincón de la sociedad, incluidas las prácticas de las organizaciones que aspiran al cambio, no debiera sorprendernos que la escandalosa situación de la política madrileña no genere una escandalosa respuesta en la ciudadanía madrileña. De extrañar sería que ocurriese lo contrario.
Participación ciudadana: retos, mitos y leyendas
Desde hace un tiempo en nuestra actividad cotidiana venimos escuchando el término “participación ciudadana” como una de las apuestas de la democracia por impulsar la participación, en asuntos públicos, de los vecinos y vecinas. En ese sentido, no son pocos los Ayuntamientos o corporaciones, tanto locales como regionales, que están impulsando métodos y órganos de participación con mayor o menor éxito.
El primer signo de participación ciudadana es el sufragio universal en las elecciones, sin embargo esta modalidad de participación es cada día más baja según muestran, en cada legislatura, los datos.
La participación de la sociedad indica el grado de confianza entre los actores sociales, las normas de comportamiento cívico que se practican en una determinada sociedad y el nivel de asociacionismo que se alcanza. La existencia de importantes redes sociales basadas en criterios de participación y cooperación resulta imprescindible para una sociedad moderna, permitiendo alcanzar objetivos que serían inalcanzables sin ellas.
La participación ciudadana se basa, además de lo ya dicho, en la integración de la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones del gobierno de su ciudad, comunidad o país. O expresado en otros términos, para que una ciudad o un país modernos proporcionen mejores servicios y oportunidades a la población, debe contar con gobiernos abiertos y receptivos, dispuestos a escuchar lo que los ciudadanos y ciudadanas les quieran transmitir para contribuir a mejorar la política y la gestión de los asuntos públicos. Esa es, en esencia, la Participación Ciudadana: la imprescindible participación de todos los hombres y mujeres que quieran implicarse en los problemas que les afectan, aportando puntos de vista, inquietudes y soluciones. Desgraciadamente, como veremos más adelante, la propia legislación limita esa “adopción de decisiones” a un ámbito meramente “consultivo” o “deliberativo”, jamás vinculante en sus decisiones.
Además, nos encontramos que las experiencias participativas no se han producido en el centro de la administración local y, por lo tanto, no han afectado sus formas de trabajar. Se han tratado más bien de promover experiencias coyunturales que a menudo se han convertido en ornamentos decorativos sin capacidad de penetrar la coraza del gobierno y la administración, convirtiendo la participación en una moda, en una pasarela donde clarificar las últimas tendencias, metodologías y recetas innovadoras de cara a la galería. Con frecuencia la propia experiencia se ha convertido en el objetivo, banalizando sus métodos, sus finalidades y poniendo de manifiesto su aspecto más coyuntural, superficial y aparente.
La participación no es una forma de legitimar decisiones o actuaciones de los órganos de gobierno. La participación tampoco es solo una herramienta para gestionar el grado de satisfacción/insatisfacción de los usuarios de los servicios públicos, sino una forma de incorporar activamente las voces de los ciudadanos en la toma de decisiones. Hablamos de política y de gestión. Se trata de incorporar a los ciudadanos en el espacio público, no trasladar la política a la esfera privada.
Para regular la intervención de vecinos y vecinas en los respectivos órganos de participación, muchas corporaciones locales han legislado reglamentos copiados unos de otros, con más o menos acierto a la hora de poner cotas de “poder” a sus vecinos y vecinas, por lo que vamos a tratar de centrarnos en el Reglamento Tipo de Participación Ciudadana que la Comisión Ejecutiva de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) aprobó el 26 de abril de 2005, con independencia de los recogido en la Constitución Española, por ejemplo en su artículo Artículo 23.1 que recoge expresamente que “los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente, o mediante representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.”
Es importante reseñar es que, en ningún caso, los Reglamentos Municipales podrán crear órganos de participación ciudadana cuyas decisiones sean vinculantes para el gobierno local, porque lo prohíbe el artículo 69 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del régimen local.
Partiendo de esta premisa fundamental, se puede afirmar que los mecanismos de participación ciudadana, en la Comunidad de Madrid, se encuentran a día de hoy inmaduros, convirtiendo los órganos de participación ciudadana en meros foros de encuentro en el que se mantiene entretenidos a vecinos y vecinas, pues en la mayoría de los casos, sus decisiones no se llevan a cabo. Puede parecer grave, pero no debería sorprendernos cuando, por poner un ejemplo, tampoco se materializan las decisiones adoptadas en los Plenos de las Juntas Municipales de los distritos de la ciudad de Madrid por los representantes políticos que a ellos acuden.
Una muestra de esta participación ciudadana “ficticia” fue denunciada por las entidades sociales del distrito de Villaverde, cuando en septiembre de 2006 abandonaron el “Consejo Territorial” hartos de que, tras pasar más de dos años y medio, no se llevara adelante ninguna de las propuestas acordadas y decididas en ese órgano de participación. Y no es el único caso, ya que se conocen experiencias similares en otros órganos de municipios diferentes donde vecinos y vecinas se sienten defraudadas y hartas de esperar a que sus resoluciones, incluso de índole ínfima, se eternicen en el tiempo sin llevarse a cabo.
Ejemplos no faltan que plasmen esta realidad, cuando los ciudadanos y ciudadanas comienzan movilizaciones para elevar sus reivindicaciones y los gobernantes miran para otro lado, no sólo desoyendo esas voces, sino combatiéndolas en todos los frentes para acallarlas, dando prioridad a otros intereses, muy alejados de los netamente vecinales.
Pero, ¿por qué se necesita la participación ciudadana?. La participación ayuda a tomar las decisiones que mejor se ajustan a los intereses de los ciudadanos. La participación es una forma de crear redes sociales, de educar ciudadanos y despertar la conciencia comunitaria de ciudadanía.
Es muy importante mentalizar a la clase política que la participación no sustituye, sino que complementa, la democracia representativa. La participación puede mejorar, profundizar la democracia, introducir claridad en la gestión pública.
Y es a esto a lo que muchos y muchas nos dedicamos desde nuestros pequeños ámbitos de actuación desde hace muchos años.
El primer signo de participación ciudadana es el sufragio universal en las elecciones, sin embargo esta modalidad de participación es cada día más baja según muestran, en cada legislatura, los datos.
La participación de la sociedad indica el grado de confianza entre los actores sociales, las normas de comportamiento cívico que se practican en una determinada sociedad y el nivel de asociacionismo que se alcanza. La existencia de importantes redes sociales basadas en criterios de participación y cooperación resulta imprescindible para una sociedad moderna, permitiendo alcanzar objetivos que serían inalcanzables sin ellas.
La participación ciudadana se basa, además de lo ya dicho, en la integración de la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones del gobierno de su ciudad, comunidad o país. O expresado en otros términos, para que una ciudad o un país modernos proporcionen mejores servicios y oportunidades a la población, debe contar con gobiernos abiertos y receptivos, dispuestos a escuchar lo que los ciudadanos y ciudadanas les quieran transmitir para contribuir a mejorar la política y la gestión de los asuntos públicos. Esa es, en esencia, la Participación Ciudadana: la imprescindible participación de todos los hombres y mujeres que quieran implicarse en los problemas que les afectan, aportando puntos de vista, inquietudes y soluciones. Desgraciadamente, como veremos más adelante, la propia legislación limita esa “adopción de decisiones” a un ámbito meramente “consultivo” o “deliberativo”, jamás vinculante en sus decisiones.
Además, nos encontramos que las experiencias participativas no se han producido en el centro de la administración local y, por lo tanto, no han afectado sus formas de trabajar. Se han tratado más bien de promover experiencias coyunturales que a menudo se han convertido en ornamentos decorativos sin capacidad de penetrar la coraza del gobierno y la administración, convirtiendo la participación en una moda, en una pasarela donde clarificar las últimas tendencias, metodologías y recetas innovadoras de cara a la galería. Con frecuencia la propia experiencia se ha convertido en el objetivo, banalizando sus métodos, sus finalidades y poniendo de manifiesto su aspecto más coyuntural, superficial y aparente.
La participación no es una forma de legitimar decisiones o actuaciones de los órganos de gobierno. La participación tampoco es solo una herramienta para gestionar el grado de satisfacción/insatisfacción de los usuarios de los servicios públicos, sino una forma de incorporar activamente las voces de los ciudadanos en la toma de decisiones. Hablamos de política y de gestión. Se trata de incorporar a los ciudadanos en el espacio público, no trasladar la política a la esfera privada.
Para regular la intervención de vecinos y vecinas en los respectivos órganos de participación, muchas corporaciones locales han legislado reglamentos copiados unos de otros, con más o menos acierto a la hora de poner cotas de “poder” a sus vecinos y vecinas, por lo que vamos a tratar de centrarnos en el Reglamento Tipo de Participación Ciudadana que la Comisión Ejecutiva de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) aprobó el 26 de abril de 2005, con independencia de los recogido en la Constitución Española, por ejemplo en su artículo Artículo 23.1 que recoge expresamente que “los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente, o mediante representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.”
Es importante reseñar es que, en ningún caso, los Reglamentos Municipales podrán crear órganos de participación ciudadana cuyas decisiones sean vinculantes para el gobierno local, porque lo prohíbe el artículo 69 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del régimen local.
Partiendo de esta premisa fundamental, se puede afirmar que los mecanismos de participación ciudadana, en la Comunidad de Madrid, se encuentran a día de hoy inmaduros, convirtiendo los órganos de participación ciudadana en meros foros de encuentro en el que se mantiene entretenidos a vecinos y vecinas, pues en la mayoría de los casos, sus decisiones no se llevan a cabo. Puede parecer grave, pero no debería sorprendernos cuando, por poner un ejemplo, tampoco se materializan las decisiones adoptadas en los Plenos de las Juntas Municipales de los distritos de la ciudad de Madrid por los representantes políticos que a ellos acuden.
Una muestra de esta participación ciudadana “ficticia” fue denunciada por las entidades sociales del distrito de Villaverde, cuando en septiembre de 2006 abandonaron el “Consejo Territorial” hartos de que, tras pasar más de dos años y medio, no se llevara adelante ninguna de las propuestas acordadas y decididas en ese órgano de participación. Y no es el único caso, ya que se conocen experiencias similares en otros órganos de municipios diferentes donde vecinos y vecinas se sienten defraudadas y hartas de esperar a que sus resoluciones, incluso de índole ínfima, se eternicen en el tiempo sin llevarse a cabo.
Ejemplos no faltan que plasmen esta realidad, cuando los ciudadanos y ciudadanas comienzan movilizaciones para elevar sus reivindicaciones y los gobernantes miran para otro lado, no sólo desoyendo esas voces, sino combatiéndolas en todos los frentes para acallarlas, dando prioridad a otros intereses, muy alejados de los netamente vecinales.
Pero, ¿por qué se necesita la participación ciudadana?. La participación ayuda a tomar las decisiones que mejor se ajustan a los intereses de los ciudadanos. La participación es una forma de crear redes sociales, de educar ciudadanos y despertar la conciencia comunitaria de ciudadanía.
Es muy importante mentalizar a la clase política que la participación no sustituye, sino que complementa, la democracia representativa. La participación puede mejorar, profundizar la democracia, introducir claridad en la gestión pública.
Y es a esto a lo que muchos y muchas nos dedicamos desde nuestros pequeños ámbitos de actuación desde hace muchos años.
Ayuntamiento de Madrid: Más deuda, más impuestos, pero no mejores servicios
Los vecinos de Madrid tenemos que pagar 864.000 euros al día hasta 2040 por la remodelación de la M-30.
Según un informe de la Comisión de Vigilancia y Seguimiento de la Gestión Integral de la M-30, el coste final de esta vía será de 10.400 millones de euros, desmintiendo, de esta forma, las informaciones interesadas que al respecto han venido proporcionando desde el Ayuntamiento de Madrid ya que nunca han admitido un coste superior a los 4.800 millones de euros.
La agencia de calificación financiera Standard and Poor’s ya ha rebajado de “estable” a “negativa” la solvencia financiera del Ayuntamiento a causa de la ampliación de la M-30. La crisis general ha destapado con mayor antelación la verdadera dimensión del disparate económico que supone esta obra y las gravísimas hipotecas con las que nos tendremos que enfrentar durante los próximos 35 años.
El destino de la deuda
La deuda municipal de la ciudad de Madrid alcanzará en 2009 los 7.300 millones de euros, según los presupuestos previstos por el Ayuntamiento. Esa cifra supone el 25% de la deuda global de todos los ayuntamientos españoles, claramente desproporcionada cuando la población de Madrid no llega al 7% de la población nacional. Pero lo más grave de la deuda es en qué ha gastado. Básicamente en grandes obras especulativas y en grandes infraestructuras que fomentan el transporte privado. El problema es que esa deuda no se ha inflado para crear una red sólida de equipamientos y programas sociales que sería un colchón en época de crisis para “los que menos recursos tienen”. La deuda se ha originado en grandes proyectos de carácter eminentemente especulativo cuyos principales beneficiarios han sido las grandes constructoras y la banca, pero no los vecinos de Madrid.
A pesar de que la deuda se intenta disfrazar y ocultar traspasándola a los organismos y empresas autónomas municipales, como la EMT, incrementa su peso sobre el presupuesto reduciendo drásticamente las posibilidades de inversión y gasto. Así, las inversiones en el presupuesto municipal de 2009 se reducen un 27% (250 mill. menos que en 2008), con el agravante de que mientras las inversiones en equipamientos básicos descienden un 50% y representan menos de la sexta parte que en 2006), se aumentan los gastos suntuosos, como el arreglo del Palacio de la Cibeles, o no prioritarios, como la candidatura para los Juegos Olímpicos, todo para mayor gloria del Sr. Alcalde.
Pago de Intereses por la Deuda del Ayuntamiento de Madrid
Diarios Totales
2004 201.191 euros 73,2 mill. de euros
2008 747.510 euros 272,8 mill. de euros
2009 893.963 euros 326,3 mill. de euros
Inversión del Ayuntamiento de Madrid en Equipamientos
En millones de euros %
2006 511
2007 219 -57,1%
2008 159 -29,7%
2009 79 -50,3%
La inversión del Ayuntamiento de Madrid va a aumentar en 554 millones de euros gracias al Fondo Estatal de Inversión Local pero, una vez más, la mayor parte no va a ir destinada a equipamientos sociales sino a grandes obras y reformas urbanísticas que no son prioritarias ni van a generar empleo estable. El Consistorio ha dado prioridad a la Operación Río, a las reformas de Recoletos, Serrano y múltiples calles del centro en un alarde, ya muy conocido, de levantar y volver a poner las aceras. Tampoco se va a aprovechar esta inyección de dinero para descentralizar la gestión pues las Juntas de Distrito van a ejecutar una parte ínfima de las obras previstas en este Plan. En torno al 5%.
Más impuestos
La otra consecuencia del incremento de la deuda es el aumento de los impuestos a la mayoría de los vecinos de la capital. Pagaremos 365 millones de euros más. Cada vecino pagará una media de 130 euros más que en 2008. Solo la nueva tasa de basuras supondrá 168,3 millones de euros de nuevos ingresos para el Ayuntamiento, siempre según su previsión. Este nuevo impuesto es progresivo según el valor catastral de las viviendas, hasta las valoradas en 150.000 euros. A partir de esa cantidad se acaba la progresividad, paga igual una vivienda de ese valor que una de un millón de euros.
La “contribución”, el IBI, ha subido una media del 15%, que hay que sumar al 130% que ya subió los últimos años.
La recaudación de las Tasas se incrementa un 30%. Por ejemplo, la grúa un 30%; el precio de las multas ha subido un 53,7% (se pretende recaudar un 114,7% más que hace dos años).
Tal afán recaudatorio solo es comprensible si se tiene en cuenta que Gallardón ha dejado vacías las arcas municipales.
Pero mientras se castiga a los trabajadores a las empresas no se les exige lo mismo. Las empresas se ven gratificadas con una reducción de 116 mill. de euros en la tributación municipal.
Se bonificará el 25% del IAE a las empresas con pérdidas.
Más impuestos con peores servicios
El incremento del gasto, a través de una mayor deuda y el aumento de los impuestos, no se ha destinado al aumento y mejora de los servicios públicos que debería corresponderse con el crecimiento de la población. Por el contrario, la tendencia municipal, en connivencia con la regional, es a recortar derechos y deteriorar la calidad de los servicios. Algunos ejemplos pueden ser la eliminación del servicio de mediación intercultural, el retroceso en las condiciones de las escuelas infantiles, tanto laborales para sus trabajadores como educativas para los niños, la amenaza de recortes drásticos en los servicios de salud mental en los centros de salud municipales, o los constantes retrasos y averías en el Metro por falta de inversión adecuada en el mantenimiento de un servicio vital para la ciudad.
Esta política municipal que hace recaer sobre los trabajadores el peso de una deuda de la que, además, no son sus principales beneficiarios, sólo puede tener una respuesta por parte del movimiento vecinal: la denuncia constante y descarnada. No se puede aceptar que los barrios languidezcan mientras se saca brillo, con nuestro dinero, a las zonas ricas y a unas instituciones cada vez más alejadas de las necesidades reales de la mayoría de la población. Es necesario preparar y organizar la lucha contra la política del alcalde y el PP aglutinando a todo el movimiento vecinal, y vinculado con el movimiento obrero, en torno a un programa que dé absoluta prioridad al gasto social. Es hora de acabar con el subdesarrollo social y el centralismo destructivo que padece nuestra ciudad. Solo a través de nuestra organización y la movilización podremos cambiar el rumbo de una institución cuyo principal objetivo es despejar el camino a las grandes empresas para que campen a sus anchas. El futuro de los barrios madrileños depende de que los vecinos, los trabajadores y trabajadoras, seamos capaces de defenderlos poniendo en marcha un movimiento de base democrático que aglutine la fuerza necesaria para hacer de nuestra ciudad un lugar habitable, verdaderamente democrático y en el que sean respetados escrupulosamente todos los derechos democráticos, sociales y laborales.
Operación Campamento: una oportunidad perdida de hacer un urbanismo diferente
El plemo del Ayuntamiento de Madrid del mes de marzo ha aprobado de forma definitiva la primera fase de la denominada operación Campamento. Más de quince años después de su gestación, los tres partidos políticos con presencia en el Ayuntamiento de Madrid se han puesto de acuerdo para votar a favor una de las operaciones más importantes para el futuro desarrollo de la zona suroeste de la ciudad que, a pesar del consenso logrado, no se diferencia demasiado a las demás aprobadas en los últimos años en la ciudad de Madrid.
La operación Campamento nació como una macro intervención pública de difusión de la centralidad hacia el sur, con el objetivo estratégico de desdensificar el centro de la ciudad relocalizando una parte muy significativa del aparato de la administración central que pasarían a sustituir a los cuarteles. El avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM) de 1993 decía claramente que el objetivo era “crear una nueva centralidad con diversidad de usos, que incluye zonas residenciales en torno a 3.500 viviendas (...), así como equipamientos, usos institucionales y administrativos y parque empresarial (...) El objetivo final del proyecto es crear un área de centralidad que se constituya en polo de atracción de actividades para toda la zona sur y oeste de Madrid, contribuyendo a aliviar las tensiones sobre las zonas centrales de la ciudad “.
El punto de partida era un concepto de “ciudad” que buscaba mejorar el equilibrio entre el centro y el sur. Pero la realidad es que con el tiempo ese objetivo inicial ha sido olvidado para convertirse en una operación urbanística como tantas otras que se han desarrollado en la ciudad de Madrid en los últimos años, donde lo importante es construir el mayor número de viviendas posible (de las 3.500 iniciales se ha pasado a las 10.700 de la primera fase y 11.400 previstas en la segunda), con un dudoso balance de efectividad y de planificación sostenible de la ciudad. No es raro ver en barrios nuevos como Sanchinarro, Las Tablas o el PAU de Carabanchel, zonas deshabitadas y aisladas de su entorno más cercano, y es una tónica general que los vecinos que empiezan a habitarlos lo hacen mucho antes de contar con los equipamientos básicos necesarios. Esto sin hablar de otros grandes desarrollos como los del Sureste de Madrid, que llevan años paralizados sometiendo a una situación desesperante a las personas que optaron un día por vivir en estas nuevas zonas.
Todas estas operaciones nacieron con el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (elaborado por el Ayuntamiento de Álvarez del Manzano siendo Alberto Ruiz Gallardón presidente de la Comunidad) que sustituyó al elaborado en 1985 cuando en la ciudad gobernaba la izquierda. Se enmarcan, por tanto, dentro de la concepción urbanística del Partido Popular de Madrid que partía de declarar como urbanizable la práctica totalidad del suelo disponible en la ciudad con el objetivo de que fuera el mercado el que regulara para conseguir el objetivo de “resolver el problema de la vivienda”. No hace falta explicar que transcurrido ya el periodo mínimo de vigencia del PGOUM establecido en ocho años, esta política ha sido un rotundo fracaso que ha provocado que a pesar de la construcción de miles de viviendas nuevas en la ciudad, el precio se incrementó hasta el año 2007 en un 158% condenando a la mayor parte de la juventud y a otros sectores sociales de la población a no poder optar a vivir en la ciudad de Madrid.
Dentro de los terrenos declarados como urbanizables en el PGOUM de 1997, se encontraban miles de metros cuadrados que en el Plan de 1985 constituían el denominado anillo verde de protección ambiental y figuraban catalogados como “Suelo no urbanizable de especial protección” por su valor ecológico. Esto provocó que el que fuera Alcalde de la ciudad, Juan Barranco, impugnara ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la revisión del Plan alegando, entre otros motivos, que el Ayuntamiento no había justificado que hubiesen desaparecido las circunstancias determinantes de la protección de suelo operada por el anterior Plan General, tal y como exige la legislación urbanística. Diez años después, el 3 de julio de 2007 el Tribunal Supremo dio la razón al demandante anulando veintidós ámbitos urbanísticos afectados por la sentencia entre los que se encontraba la operación Campamento que de momento está siendo sorteada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, al igual que se ha hecho con otras sentencias contrarias a las políticas de las administraciones madrileñas (enterramiento de la M-30, ampliación de la M-501, permisos de vados, licencias de TDT, implantación del SER…).
Y por supuesto, en este tipo de desarrollos desaparece la idea de “hacer ciudad”. En Campamento nadie parece haber tenido en cuenta que se va a crear una gran urbe en uno de los barrios del distrito de Latina, el más poblado de todo Madrid, con más de 260.000 habitantes, y también uno de los que mayor déficit de equipamientos sociales arrastra. Las 10.700 viviendas de la primera fase, sumadas a las más de 11.000 de la segunda y añadidas las 20.000 que Alcorcón construirá en su ensanche norte que hace frontera con Campamento, convertirá a la zona en una de las más densamente pobladas de todo el país con una preocupante falta de dotaciones sociales.
Por eso, resulta tan extraño que una operación que se ajusta estrictamente a lo establecido por el PGOUM del 97, elaborado según los principio urbanísticos del PP, haya conseguido el apoyo unánime de los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Es preocupante que ante los grandes asuntos estructurales de la ciudad, cada vez se aprecien menos diferencias entre los distintos partidos.
El apoyo de la oposición se basa en que el número de viviendas protegidas es mayor al marcado en el PGOUM (un 60% del suelo destinado a uso residencial en lugar del 54% establecido por el plan), lo que resultará que 7.000 de las 10.700 viviendas de la primera fase cuenten con algún tipo de protección. El otro punto destacado por la oposición es la construcción de un túnel en la carretera de Extremadura de 2,6 Km de longitud por el que tanto han luchado los vecinos de Batán, y que el Ayuntamiento de Madrid negó cuando ejecutó las obras de enterramiento de la M-30. El coste será superior a los 600 millones de euros que serán financiados a partes iguales por Ayuntamiento y Ministerio de Defensa.
Bajo nuestro punto de vista, al menos es cuestionable que haya que destacar que una operación urbanística que se desarrolla en su totalidad en suelo público, destine un porcentaje mayor a la atención social, cuando entendemos que este uso social debería aplicarse a la totalidad de mismo, algo contemplado incluso en la propia ley de capitalidad en su artículo 47. También resulta al menos cuestionable que siempre las mayores inversiones se destinen a la ampliación de las infraestructuras destinadas al tráfico privado. Aún reconociendo que el nuevo túnel mejorará la vida de muchos vecinos del distrito de Latina, entendemos que existen otras soluciones menos costosas y más dirigidas a potenciar el transporte público como las que indicamos en su día en las alegaciones presentadas a la aprobación inicial del Plan Parcial (http://www.avaluche.com/IMG/pdf/Alegacion_Operacion_Campamento-2.pdf) y que han sido en su inmensa mayoría desestimadas.
La misma semana que ha sido aprobado en el Parlamento Europeo el informe Auken que critica duramente el modelo urbanístico español y que es especialmente crítico con el papel que juegan las administraciones, nos encontramos con la realidad de una operación promovida por Ayuntamiento y Ministerio de Defensa, apoyada por los tres partidos políticos, que pudo ser la oportunidad de desarrollar un modelo urbanístico diferente al servicio de la ciudad, de los barrios colindantes y de sus vecinos, en lugar de a intereses inmobiliarios y especulativos, y que si finalmente se aprueba en los términos actuales, será un ejemplo más del desarrollismo insostenible implantado hace ya demasiados años en la ciudad de Madrid.
Nuestra intención es poder publicar mensualmente una colaboración de alguna asociación de vecinos para conocer las demandas y posiciones del movimiento ciudadano. Todos los que queráis participar lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico.
viernes, 24 de abril de 2009
Madrid 2016: la puja por 6.500 millones euros en obras
A tal sólo un año de la candidatura de Madrid para las Olimpiadas 2016, se ha producido un hecho sin antecedentes con el resto de las ciudades candidatas: la mitad de los patrocinadores son del sector de la construcción, pese a la crítica situación por la que atraviesa. Las obras por licitar para el evento están estimadas en 9.572 millones de dólares (6.511 millones de euros).
Hasta el momento, son 49 los sponsors, de los cuales 22 son empresas constructoras, fabricantes de productos e insumos para la construcción y empresas de ingeniería de obras civiles. Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr, Isolux, dos filiales de ACS, Sando y Aldesa, son las constructoras más grandes.También aparecen proveedores de materiales, como Uralita, y destaca el respaldo de cuatro firmas de ingeniería expertas en obras civiles: Emte, Prointec, Typsa y Ayesa. Madrid 2016 precisa 40,4millones de dólares entre las fases de Aspirante (10,7 millones de dólares) y Candidata (29,7 millones de dólares) para concursar con garantías, una cifra de la que el Ayuntamiento tiene previsto poner sólo el 10%. El resto deberá provenir de la iniciativa privada, que ha respondido ya con 18,3 millones de euros (26,9 millones de dólares) frente a un presupuesto objetivo de 21 millones.Del total recaudado, el 31,8% (5,8 millones de euros) fue aportado por la caja de constructoras e ingenierías. El apoyo masivo de las constructoras no se da en Londres, sede de las Olimpiadas 2012; sus sponsors son Adidas, BP, British Airways, BT, EDF Energy, Lloyds TSB, Nortel y Deloitte. La rival para la candidatura, Tokio ha recibido el apoyo de un cóctel de firmas deportivas, tecnológicas y de viajes: Asics, Yahoo o Japan Airlines, entre otras. Detrás de la candidatura de Chicago están Boeing, Sara Lee o Kraft Foods. Río de Janeiro no ha publicado aún su lista de sponsors.
Las empresas constructoras españolas tienen claro que deben involucrarse con el escenario de sus futuras operaciones, pese a la actual recesión económica del sectorGran parte de sus presupuestos de publicidad están comprometidos con la propuesta olímpica, pero cualquier esfuerzo es pequeño cuando se avecina un volumen de trabajo como para sobrevivir a la actual crisis.
El 2 de octubre del 2009 expira la fase de candidata, pero Madrid Global ya anticipó que "si alguna empresa llegara fuera de plazo será bienvenida porque aportará más empuje y dinero".
La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, más conocida como "la Caixa", es la caja de ahorros más importante de Europa, la tercera entidad financiera de España y la primera de Cataluña ya entregó un millón de euros.A
hora se espera la incorporación del Ibex (Índice Bursátil Español indeX), el principal índice de la bolsa española elaborado por Bolsas y Mercados Españoles (BME)
Por las dificultades que atraviesa la economía española, a los participantes se les ha dado la facilidad de amoldar los pagos a cada tesorería, fraccionándolos o aplazándolos hasta el 2009.
José Calerohttp://www.asteriscos.tv
Valencia: ¿Adiós a la Fórmula 1?
Las declaraciones del magnate (o mago, según se mire) de la Formula 1, Bernie Ecclestone, desmereciendo el Gran Premio de Europa celebrado en agosto pasado en el Circuito Callejero de Valencia, son coincidentes en el tiempo con la noticias de las pérdidas económicas de Valmor en esa primera edición (se habla de dos o tres millones de euros) y su gran preocupación por el bajo ritmo en la venta de entradas para el de este año, lo que aumentaría el déficit.
A mi esta coincidencia me llama mucho la atención. Hasta el punto de pensar si alguien está preparando el terreno para decir adiós a la Fórmula 1 en Valencia. No es normal que, a la vez que Valmor plantea, más o menos, que si no se le ayuda con aportaciones públicas, va a ser difícil mantener la organización, se descuelga Ecclestone con ese menosprecio a la competición valenciana. Con la boca pequeña ya le han pedido que rectifique o matice, pero, insisto, no sé si se trata de una boutade de las que a veces acostumbra a decir, o hay algo más detrás, como por ejemplo el reconocimiento de un error, a la vista del resultado del año pasado y de floja venta de entradas para este. La coincidencia es significativa. Que un país tenga dos grandes premios de Fórmula 1 no se sostiene. Y en plena crisis económica, menos. Y con Fernando Alonso en horas bajas, es la antesala del cierre. El año pasado las expectativas no se cumplieron.
Ahora lo dice Ecclestone-. Un servidor ya lo dijo el año pasado y lo reafirmé en el Foro del Deporte, organizado por la Universidad hace unos meses, con los datos (audiencias, resultado deportivos, espectadoresÉ) en la mano. Si encima ahora sabemos que las cuentas de Valmor no cuadran, pues apaga y vámonos. En 2008, Alonso no iba bien y su coche se paró en la primera vuelta de la carrera de Valencia. Para 2009 la gran esperanza blanca que podría suponer para mejorar las estadísticas del año anterior, tampoco acaba de carburar. Además hay una circunstancia que incide negativamente en las expectativas, crisis económica aparte: la desconfianza. La gente tiene la experiencia del año pasado: entradas caras (siguen sin bajarlas, como si no pasar nada), bastantes protestas por falta de buena visibilidad y, lo peor, aquella canción de entradas agotadas a los pocos días, cuando al final había agencias de viajes vendiendo al precio de 2x1, ¿recuerdan? Claro, ¿quién se va a fiar?
Los incondicionales menos afectados por la crisis, prefieren esperar, y los más afectados ni irán. Y excuso decir los curiosos que fueron para observar que era aquello de la F1. Así, si siguen las pérdidas o aumentan, ¿quién va a poner los dineros? ¿Fernando Roig, que les ha hecho un favor dejándoles usar su nombre? ¿Aspar, que no los tiene?, o ¿el pagano de siempre, Bancaja, ya muy escaldado con Terra Mítica, el Valencia CF, etc.?. Claro, las miradas se dirigen hacia el padrino de la cosa: el inquilino del Palau de la Generalitat, que por un lado no puede dejar caer el juguete y por el otro tiene empeñada hasta la última piedra del Palau como para darle una ayudita a Valmor. Por eso no descarten un arreglo con Ecclestone para que la F1 en Valencia pase a mejor vida, o simplemente que aquel se la lleve a otros lares si en la segunda edición la cosa sigue igual. Ocurre que la solución más razonable, es muy difícil de asumir, sobre todo ahora que el otro gran eje de la política de grandes eventos, la Copa del América, ni sabe, ni contesta. ¿Qué harían con el circuito y el fastuoso gasto de 80 millones allí invertidos? El tinglado que sostiene la falla está carcomido y difícilmente se sostendrá con otros eventos alternativos, como el que se celebrará dentro de unos días en Valencia: el Global Champions Tour, que según el gabinete de comunicación del Ayuntamiento es "la Fórmula 1 de la Hípica". ¡Ay, Dios mío, Dios mío! No saben cómo vender el producto.
Con todos los respetos, ¡no hagan el ridículo!, ni bauticen a los caballos con el nombre de los coches. Soy un gran amante de los animales, y también de los caballos, pero de ahí a que financien una competición con "los 30 mejores jinetes y amazonas del ranking mundial" (eso ya lo veremos), dista un abismo. De nuevo surge la gran pregunta: ¿cuánto nos cuesta a los valencianos?. Porque ahora resulta que, al contrario de lo que afirmaron en un principio ("el Ayuntamiento solo colaborará facilitando el espacio anexo en el Jardín del Turia") sí pondrán el 25% de los gastos junto a la Generalitat. ¿Será que el jardín anexo vale ese porcentaje que no sabemos cuánto es? Lo malo no es que se les caiga la falla; lo peor es el solar que dejarán. Con todo el dinero de los eventos podían haber creado una estructura deportiva valenciana de primera calidad. El futuro es tan duro que no tendremos ni eventos ni deporte.
Vicente Añólevante-emv.com
viernes, 6 de febrero de 2009
Gallardón desprecia de nuevo a los barrios populares en el reparto del Fondo Estatal de Inversión Local
Como es conocido, el gobierno de Zapatero aprobó una inversión de 8.000 millones de euros para la realización de inversiones por parte de los municipios españoles. Este dinero se ha repartido en función de los habitantes, y al municipio de Madrid le han correspondido algo más de 554 millones.
Según el decreto que lo regula, estas inversiones “deben ser de nueva planificación y de ejecución inmediata”, y “deben tener un valor estimado inferior a 5 millones de euros”
Algunas asociaciones de vecinos exigieron que este fondo se dedicara íntegramente a dotar a los barrios de las infraestructuras que necesitan y que son relegadas, año tras año, por unos presupuestos ordinarios que siempre favorecen las obras del centro, las que lucen la insaciable ambición de Ruiz Gallardón.
Como podía temerse, la distribución de este fondo responde una vez más a este desprecio por los barrios populares, donde vivimos los trabajadores, que contribuimos igual que los vecinos de otros distritos ricos, pero que no participamos de la misma manera en su distribución.
Así por ejemplo, mientras en los distritos centrales la inversión por vecino es de 167 euros, en la periferia, con más necesidades, sólo se destinan 127 euros por cabeza. Y hay casos verdaderamente escandalosos, como lo es en el distrito Centro, con 543 euros por cabeza, o en Moncloa con 289 euros, frente a distritos como Latina o Fuencarral, en los que la cantidad invertida por habitante es de 75 y 70 euros respectivamente.
El Ayuntamiento de Madrid además incumple las condiciones del decreto en dos apartados importantes. Destina bastante más de una cuarta parte del total del fondo al proyecto Madrid-Río (que por cierto, después de arruinar Madrid enterrando la M-30, ahora no hay dinero para adecentar la superficie, convertida en una enorme escombrera insalubre), y al eje Prado-Recoletos; pero para sortear el decreto, los trocea en pequeños proyectos que no superen el límite de 5 millones. A tramposo no hay quien le gane.
Y por otro lado, 27 de los proyectos aprobados, por un importe total de 93 millones de euros (la sexta parte del total) estaban ya contemplados en los presupuestos de 2009, con lo que no son “de nueva planificación”. Con esta operación, también fraudulenta, puede reducir aún más los presupuestos ordinarios (que por primera vez en la historia de Madrid se reducen respecto al ejercicio anterior), o bien destinar esos millones a otras inversiones, que desde luego no serán para los barrios, sino para proyectos de los que no disfrutamos los madrileños, como la rehabilitación de la nueva sede de Cibeles, el centro de convenciones de las cuatro torres o el Madrid Olímpico.
Para completar este análisis, señalar que 97 de los proyectos que serán financiados con cargo a este Fondo Estatal de Inversión Local, por un importe de 186 millones de euros (la tercera parte del total), están incluidos en el programa electoral con el que el candidato del PP, Gallardón, se presentó a las elecciones. Es decir, el gobierno central, con un fondo especial, financia el programa del PP en Madrid.
Una vez más Gallardón demuestra su poco interés por los vecinos y por las zonas más necesitadas, al destinar la mayoría de los ingresos que recibe, del estado o de sus abusivas tasas, a sus faraónicas obras que han arruinado al municipio y enriquecido a unas pocas constructoras. Los vecinos de barrios periféricos nos preguntamos si somos de Madrid para algo más que contribuir a la ostentación del alcalde de turno, porque para eso nos lucirían más los impuestos si pudiéramos gestionarlos directamente, como así hacen los municipios a nuestro alrededor.
Según el decreto que lo regula, estas inversiones “deben ser de nueva planificación y de ejecución inmediata”, y “deben tener un valor estimado inferior a 5 millones de euros”
Algunas asociaciones de vecinos exigieron que este fondo se dedicara íntegramente a dotar a los barrios de las infraestructuras que necesitan y que son relegadas, año tras año, por unos presupuestos ordinarios que siempre favorecen las obras del centro, las que lucen la insaciable ambición de Ruiz Gallardón.
Como podía temerse, la distribución de este fondo responde una vez más a este desprecio por los barrios populares, donde vivimos los trabajadores, que contribuimos igual que los vecinos de otros distritos ricos, pero que no participamos de la misma manera en su distribución.
Así por ejemplo, mientras en los distritos centrales la inversión por vecino es de 167 euros, en la periferia, con más necesidades, sólo se destinan 127 euros por cabeza. Y hay casos verdaderamente escandalosos, como lo es en el distrito Centro, con 543 euros por cabeza, o en Moncloa con 289 euros, frente a distritos como Latina o Fuencarral, en los que la cantidad invertida por habitante es de 75 y 70 euros respectivamente.
El Ayuntamiento de Madrid además incumple las condiciones del decreto en dos apartados importantes. Destina bastante más de una cuarta parte del total del fondo al proyecto Madrid-Río (que por cierto, después de arruinar Madrid enterrando la M-30, ahora no hay dinero para adecentar la superficie, convertida en una enorme escombrera insalubre), y al eje Prado-Recoletos; pero para sortear el decreto, los trocea en pequeños proyectos que no superen el límite de 5 millones. A tramposo no hay quien le gane.
Y por otro lado, 27 de los proyectos aprobados, por un importe total de 93 millones de euros (la sexta parte del total) estaban ya contemplados en los presupuestos de 2009, con lo que no son “de nueva planificación”. Con esta operación, también fraudulenta, puede reducir aún más los presupuestos ordinarios (que por primera vez en la historia de Madrid se reducen respecto al ejercicio anterior), o bien destinar esos millones a otras inversiones, que desde luego no serán para los barrios, sino para proyectos de los que no disfrutamos los madrileños, como la rehabilitación de la nueva sede de Cibeles, el centro de convenciones de las cuatro torres o el Madrid Olímpico.
Para completar este análisis, señalar que 97 de los proyectos que serán financiados con cargo a este Fondo Estatal de Inversión Local, por un importe de 186 millones de euros (la tercera parte del total), están incluidos en el programa electoral con el que el candidato del PP, Gallardón, se presentó a las elecciones. Es decir, el gobierno central, con un fondo especial, financia el programa del PP en Madrid.
Una vez más Gallardón demuestra su poco interés por los vecinos y por las zonas más necesitadas, al destinar la mayoría de los ingresos que recibe, del estado o de sus abusivas tasas, a sus faraónicas obras que han arruinado al municipio y enriquecido a unas pocas constructoras. Los vecinos de barrios periféricos nos preguntamos si somos de Madrid para algo más que contribuir a la ostentación del alcalde de turno, porque para eso nos lucirían más los impuestos si pudiéramos gestionarlos directamente, como así hacen los municipios a nuestro alrededor.
La coartada olímpica
Vuelven a sonar las trompetas olímpicas en la villa de Madrid tras el fracaso de la candidatura de 2012 y, esta vez, inmersos en una crisis económica que ha colapsado el Ayuntamiento madrileño. Solo el Fondo Estatal de Inversión, 550 millones de euros aportados por el gobierno central, ha conseguido rescatar proyectos como la Operación Río o la remodelación del Paseo de Recoletos, aunque a costa de un nuevo olvido de las necesidades de los barrios de la periferia. Justificar una nueva inversión de la envergadura que supone la organización de unas Olimpiadas, tras declarar al Ayuntamiento en bancarrota, significaba para el alcalde una nueva jugada de trilero necesaria para que los grandes negocios paralizados por la crisis tuvieran una salida que había sido descartada tan solo dos años antes.
“Cuando algunos avisan del riesgo de que éste sea el siglo en el que las civilizaciones choquen –decía Alberto Ruiz Gallardón- cabe preguntarse si, a la vista del fracaso de tantos instrumentos ensayados, desde la diplomacia a la guerra, no podrá el olimpismo aportar algo de la capacidad de encuentro, diálogo y comprensión que los hombres no somos capaces de encontrar”. Sonroja tal cúmulo de palabrería huera para referirse a lo que no es sino un inmenso negocio y, en eso, Gallardón es un consumado maestro.
Fiel heredero de los primeros apologistas del capitalismo, los gobernantes del consistorio madrileño, auguran un sinfín de beneficios para los “madrileños” del evento olímpico: creación de empleo, infraestructuras, nuevas instalaciones deportivas y hasta el medioambiente de la ciudad saldría beneficiado. Todavía se desconoce el presupuesto final que conllevará la candidatura 2016, aunque sí que se sabe que el gobierno central aportará 15.435 millones de euros. A falta de conocer los números aportados por Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, tan solo se puede hacer un análisis del proyecto de 2012 e intentar hacer una trasposición de datos al de 2016.
El proyecto previsto para la candidatura de 2012 tenía un coste previsto de 6.500 millones de euros y unos beneficios estimados hasta 2016 de más de 9.000 millones de euros. Básicamente el resultado económico de los juegos olímpicos sería un aumento de las infraestructuras y del turismo. Eso sólo significan dos cosas: trabajo temporal, que termina con el fin de las obras, y más empleo precario y mal pagado, como caracteriza a la hostelería, uno de los sectores con salarios más bajos.
Las infraestructuras deportivas se limitarían a ser útiles sólo para el deporte de élite, esa escuela de modernos “gladiadores” al servicio del marketing, y en mayor provecho de las empresas del negocio deportivo. En realidad, el consistorio está privatizando las dotaciones municipales deportivas, ya de por sí insuficientes, con lo que demuestra que no le importa nada el deporte de base. Y, finalmente, todos los recursos enterrados en este proyecto dejarían de estar disponibles para atender las necesidades sociales.
En realidad, si había 6.500 millones de euros para invertir en el proyecto olímpico, la mayoría de los cuales provendrán de las arcas públicas, ¿podemos aceptar que esa sea la prioridad? Gallardón ya dejó claro cuáles son las suyas en la primera legislatura con la inversión de 4.800 millones de euros en el soterramiento de la M-30, cinco veces más del total de gasto social municipal en esos cuatro años. No cuesta mucho imaginar qué cambio hubiera podido sufrir Madrid si toda esta ingente cantidad de recursos se hubiera invertido en escuelas infantiles, residencias para la tercera edad, centros de día, centros culturales, vivienda de protección pública, en desarrollar de forma integral el transporte público, en infraestructura sanitaria en convenio con la Comunidad…
Eso sí hubiera supuesto un drástico reequilibrio social de Madrid, generador de servicios sociales y empleos estables y de calidad, dando lugar a un trasvase de renta de la minoría ultra rica de nuestra ciudad a la mayoría que sufre grandes dificultades para llegar a fin de mes. Y ahí está el problema, que a pesar de la palabrería sobre los “madrileños” no todos somos iguales. La derecha, con Gallardón al frente, no ha dudado en condenar a Madrid a un auténtico subdesarrollo social, para que las grandes empresas sigan aumentando sus cuentas de beneficios a costa del erario público.
¿Y qué suponía el proyecto olímpico en la práctica? La continuación de la política de la M-30, por otros medios. Una nueva coartada para que las administraciones públicas gastasen otra fortuna en beneficio fundamentalmente de las grandes empresas. Basta ver cuáles eran los principales “patrocinadores preferentes” del evento: Acciona, Ferrovial, FCC, Dragados, Sacyr Vallermoso, Isolux-Corsan Corviam… además del Corte Inglés, Repsol, Caja Madrid… No tenemos ninguna duda de que todas estas empresas, ahora que ha terminado el auge inmobiliario, estarán urgiendo a Gallardón para que saque adelante un nuevo plan de infraestructuras a cuenta de Madrid 2016.
En realidad, la candidatura olímpica nos es más que una elegante y deportiva versión de la teoría del “trickle down”, que defiende que si crecen las ganancias de los más ricos esta riqueza acaba alcanzando al conjunto de la sociedad. Pero la única consecuencia de estas políticas es un ciudad cada vez más desigual.
Igual que los liberales británicos decimonónicos presentaban al capital y al libre cambio como lo más conveniente para la sociedad, cuando en realidad, era lo más beneficioso para ellos, el PP y Gallardón presentan el proyecto olímpico como lo más provechoso para los “madrileños”, cuando, en realidad, es extraordinariamente rentable para una minoría a costa de la mayoría. Más valdría que no olvidáramos que en el mundo todavía hay clases.
Claro, que el alcalde no tendría tan fácil realizar este ejercicio de hipnosis de masas si, en lugar respaldar su proyecto olimpista, la izquierda desenmascarara los intereses reales de su política. Mientras en los barrios de Madrid las asociaciones de vecinos tienen que luchar a diario contra las infinitas carencias sociales, las direcciones de IU y PSOE respaldan parte de la política faraónica de Gallardón. Pero no se puede tener todo, obra faraónica y atender las necesidades sociales… y menos ahora que vienen las vacas flacas.
“Cuando algunos avisan del riesgo de que éste sea el siglo en el que las civilizaciones choquen –decía Alberto Ruiz Gallardón- cabe preguntarse si, a la vista del fracaso de tantos instrumentos ensayados, desde la diplomacia a la guerra, no podrá el olimpismo aportar algo de la capacidad de encuentro, diálogo y comprensión que los hombres no somos capaces de encontrar”. Sonroja tal cúmulo de palabrería huera para referirse a lo que no es sino un inmenso negocio y, en eso, Gallardón es un consumado maestro.
Fiel heredero de los primeros apologistas del capitalismo, los gobernantes del consistorio madrileño, auguran un sinfín de beneficios para los “madrileños” del evento olímpico: creación de empleo, infraestructuras, nuevas instalaciones deportivas y hasta el medioambiente de la ciudad saldría beneficiado. Todavía se desconoce el presupuesto final que conllevará la candidatura 2016, aunque sí que se sabe que el gobierno central aportará 15.435 millones de euros. A falta de conocer los números aportados por Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, tan solo se puede hacer un análisis del proyecto de 2012 e intentar hacer una trasposición de datos al de 2016.
El proyecto previsto para la candidatura de 2012 tenía un coste previsto de 6.500 millones de euros y unos beneficios estimados hasta 2016 de más de 9.000 millones de euros. Básicamente el resultado económico de los juegos olímpicos sería un aumento de las infraestructuras y del turismo. Eso sólo significan dos cosas: trabajo temporal, que termina con el fin de las obras, y más empleo precario y mal pagado, como caracteriza a la hostelería, uno de los sectores con salarios más bajos.
Las infraestructuras deportivas se limitarían a ser útiles sólo para el deporte de élite, esa escuela de modernos “gladiadores” al servicio del marketing, y en mayor provecho de las empresas del negocio deportivo. En realidad, el consistorio está privatizando las dotaciones municipales deportivas, ya de por sí insuficientes, con lo que demuestra que no le importa nada el deporte de base. Y, finalmente, todos los recursos enterrados en este proyecto dejarían de estar disponibles para atender las necesidades sociales.
En realidad, si había 6.500 millones de euros para invertir en el proyecto olímpico, la mayoría de los cuales provendrán de las arcas públicas, ¿podemos aceptar que esa sea la prioridad? Gallardón ya dejó claro cuáles son las suyas en la primera legislatura con la inversión de 4.800 millones de euros en el soterramiento de la M-30, cinco veces más del total de gasto social municipal en esos cuatro años. No cuesta mucho imaginar qué cambio hubiera podido sufrir Madrid si toda esta ingente cantidad de recursos se hubiera invertido en escuelas infantiles, residencias para la tercera edad, centros de día, centros culturales, vivienda de protección pública, en desarrollar de forma integral el transporte público, en infraestructura sanitaria en convenio con la Comunidad…
Eso sí hubiera supuesto un drástico reequilibrio social de Madrid, generador de servicios sociales y empleos estables y de calidad, dando lugar a un trasvase de renta de la minoría ultra rica de nuestra ciudad a la mayoría que sufre grandes dificultades para llegar a fin de mes. Y ahí está el problema, que a pesar de la palabrería sobre los “madrileños” no todos somos iguales. La derecha, con Gallardón al frente, no ha dudado en condenar a Madrid a un auténtico subdesarrollo social, para que las grandes empresas sigan aumentando sus cuentas de beneficios a costa del erario público.
¿Y qué suponía el proyecto olímpico en la práctica? La continuación de la política de la M-30, por otros medios. Una nueva coartada para que las administraciones públicas gastasen otra fortuna en beneficio fundamentalmente de las grandes empresas. Basta ver cuáles eran los principales “patrocinadores preferentes” del evento: Acciona, Ferrovial, FCC, Dragados, Sacyr Vallermoso, Isolux-Corsan Corviam… además del Corte Inglés, Repsol, Caja Madrid… No tenemos ninguna duda de que todas estas empresas, ahora que ha terminado el auge inmobiliario, estarán urgiendo a Gallardón para que saque adelante un nuevo plan de infraestructuras a cuenta de Madrid 2016.
En realidad, la candidatura olímpica nos es más que una elegante y deportiva versión de la teoría del “trickle down”, que defiende que si crecen las ganancias de los más ricos esta riqueza acaba alcanzando al conjunto de la sociedad. Pero la única consecuencia de estas políticas es un ciudad cada vez más desigual.
Igual que los liberales británicos decimonónicos presentaban al capital y al libre cambio como lo más conveniente para la sociedad, cuando en realidad, era lo más beneficioso para ellos, el PP y Gallardón presentan el proyecto olímpico como lo más provechoso para los “madrileños”, cuando, en realidad, es extraordinariamente rentable para una minoría a costa de la mayoría. Más valdría que no olvidáramos que en el mundo todavía hay clases.
Claro, que el alcalde no tendría tan fácil realizar este ejercicio de hipnosis de masas si, en lugar respaldar su proyecto olimpista, la izquierda desenmascarara los intereses reales de su política. Mientras en los barrios de Madrid las asociaciones de vecinos tienen que luchar a diario contra las infinitas carencias sociales, las direcciones de IU y PSOE respaldan parte de la política faraónica de Gallardón. Pero no se puede tener todo, obra faraónica y atender las necesidades sociales… y menos ahora que vienen las vacas flacas.
La política especulativa de los gobernantes de Madrid se burla de la justicia
Desde la llegada a los gobiernos autonómico y municipal de Esperanza Aguirre y Alberto Ruíz-Gallardón, los tribunales han dictado varias sentencias que declaraban nulas algunas de sus disposiciones y actuaciones, lo que supone un reiterado revés al fondo y a la forma con que Madrid, comunidad y capital, está siendo gobernado en los últimos años. Sin embargo estos gobernantes, especialistas en bordear la legislación vigente, en lugar de cumplir las sentencias han mantenido y desarrollado sus actos nulos, como si la justicia no fuera con ellos. Veamos algunos ejemplos.
Soterramiento de la M-30.- Por lo simbólico de la obra, buque insignia del mandato de Gallardón en la alcaldía madrileña, y origen de la bancarrota en que tiene sumido al municipio, es quizá el caso más flagrante. Primero llamó “calle” a una verdadera autopista de varios carriles por sentido. Y para evitar la Declaración de Impacto Ambiental de las obras las troceó, como si de pequeño arreglos se tratara. Pero el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid dictó una sentencia (282/2008) que anuló la resolución municipal de 2005 que aprobaba los proyectos de soterramiento de los diferentes tramos de la M-30. Así de contundente pero inútil, pues la obra no se ha revocado.
A pesar de los recursos interpuestos por Ecologistas en Acción antes del inicio de las obras, no se evitó la ejecución del proyecto ni que los vecinos sufrieran una larga tortura de más de dos años. Pero la M-30, ejecutada y en uso a pesar de ser ilegal, ha supuesto también una ruina económica para las arcas municipales que se prolongará durante muchas legislaturas sin que, en contra de lo que sigue pregonando el Ayuntamiento, se haya resuelto ninguno de los problemas que teóricamente la justificaban: los atascos y la contaminación persisten.
Ampliación de la carretera M-501 (conocida como carretera de los pantanos).- En 2005 el nuevo gobierno de Aguirre, surgido de un pucherazo electoral, aprueba ilegalmente la conversión en autovía de un tramo de esta carretera, y comienza las obras de una manera precipitada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón de nuevo a la denuncia formulada por Ecologistas en Acción. Pero el tribunal, en lugar de paralizar las obras para hacer cumplir su sentencia, exige a la parte denunciante una fianza de 497.567 €, cosa que no hace con la administración denunciada, a la que permite que continúe con una obra que ha sido declarada ilegal.
A pesar de la sentencia, y de que todos los contratos han sido declarados nulos, la obra se completó un un plazo breve, empleando para ello incluso una planta de asfaltado ilegal.
22 Desarrollos urbanísticos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.- Más grave aún si cabe resulta el desprecio de ambas administraciones a la sentencia que anula los planes urbanísticos de 22 desarrollos en el municipio de Madrid, que afectan a la construcción de 150.000 viviendas.
El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM-97) desclasificaba unos terrenos, situados en los límites del municipio, que el Plan General anterior de 1985 había declarado de especial protección por sus valores ecológicos y para el equilibrio medioambiental de la ciudad. El PGOUM-97 declaró urbanizables estos terrenos sin ninguna justificación, para construir en ellos los grandes desarrollos conocidos (PAUs, Valdebebas, Campamento, Sureste, etc.).
El 7 de julio de 2007, el Tribunal Supremo, atendiendo en este caso a un recurso del grupo municipal socialista, ratificaba una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 2003, por la que se declaraba nula esta desclasificación. Los tribunales no tomaron ninguna medida cautelar, y en 10 años la administración ha urbanizado y construido de manera ilegal en unos terrenos cuyos valores medioambientales han sido arrasados de forma impune.
El Ayuntamiento de Madrid, con el beneplácito de la Comunidad, se ha limitado a presentar una documentación con la que subsanar un defecto de forma. Pero el propio tribunal ya ha rechazado esta pretensión, pues el PGOUM-97 ha sido declarado nulo en lo relativo a estos desarrollos. Los vecinos madrileños y de municipios limítrofes están perdiendo unos terrenos necesarios para su salud y equilibrio medioambiental, y los que están comprando las nuevas viviendas corren el riesgo de que puedan ser demolidas en el futuro.
Actualización de la tasa de vado de los garajes de Madrid.- Las urgencias recaudatorias del equipo de gobierno municipal de Madrid provocan la elevación de las tasas en unas proporciones gigantes. Es lo que pasó con la subida de la citada tasa producida en 2006, que supuso una subida cercana, en algunos casos, al 300%.
Esta medida, adoptada tras la reforma de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización del dominio público, fue anulada en diciembre de 2007 por el TSJM debido a que en la tramitación de la ordenanza no se justificó las cuantías a cobrar. El Ayuntamiento de Madrid sigue cobrando los permisos de vados con las tarifas anuladas, como si no hubiese pasado nada.
La ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) efectuada en 2006.- De medida meramente recaudatoria fue tildada por las asociaciones de vecinos de los barrios periféricos afectados. El 1 de marzo de 2006 Gallardón ampliaba los límites del SER, con los famosos parquímetros, cubriendo su ámbito casi todo el interior de la M-30 y extendiéndose, más allá, a cuatro núcleos periféricos separados entre sí con la excusa de ser “cascos históricos”.
El decreto que regulaba la ampliación del SER fue declarado nulo 31 meses después de su puesta en funcionamiento por una sentencia (253/2008) del juzgado nº 26 de lo contencioso administrativo de Madrid, debido a las irregularidades cometidas en su aprobación. Sin embargo, los parquímetros han seguido instalados y funcionando, y los vigilantes denunciando, tanto en los barrios del interior de la M30 como en los cascos históricos de la periferia, en una muestra más del desprecio que Gallardón tiene por la justicia. Esta ampliación ha tratado de ser legalizada mediante una disposición adicional a la ordenanza que regula esta tasa para 2009, sin que el ayuntamiento se haya planteado la devolución de las cantidades cobradas indebidamente en estos 3 años de ilegalidad manifiesta.
Esta historia de desprecio por la justicia no es nueva; ya se vio con Álvarez del Manzano, y con el propio Gallardón al frente de la Comunidad. Pero los actuales están superando las cotas del pasado, como puede verse con otros casos que ilustran esta actitud y práctica que los gobernantes madrileños del Partido Popular tienen respecto de la legalidad y la justicia. La Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre acumula sentencias contra sus decisiones e iniciativas, como el Reglamento que desarrolla la Ley Antitabaco, con el que pretendía darle la batalla al gobierno central, la Ley de Medidas Urgentes, que impedía el acceso de guardas forestales a las fincas rústicas, la adjudicación de las concesiones de TDT, que resultaron caer todas en manos de grupos mediáticos afines a sus intereses, o la negativa a regular la emisión de radios libres y comunitarias, lo que muestra la coherencia de su profesado liberalismo. Todo ello ha sido desaprobado por los tribunales.
Aguirre y Gallardón, mediáticamente enfrentados por sus ambiciones de poder, están muy unidos en lo que se refiere a la defensa de las multinacionales, las privatizaciones y el desprecio de la ley y los tribunales. Ni rectifican ni asumen la responsabilidad de una política basada en el “porque lo digo yo” que está acarreando por demás nefastas consecuencias para el futuro social, económico y medioambiental de la región y la ciudad de Madrid, con la complicidad de todos aquellos que prefieren mirar para otro lado mientras ponen la mano. Con sus tretas legales tratan de ganar tiempo, y cuando estas sentencias sean firmes seguramente ellos se habrán retirado del ejercicio de la política y serán otros los que continúen con el trabajo sucio al servicio del negocio.
En esas circunstancias, ¿para qué sirve la Justicia si es incapaz de hacer cumplir sus sentencias, si contempla impasible cómo los gobernantes incumplen las leyes mientras realizan actos declarados ilegales con consecuencias irreparables? Cuando nos hablan de los peligrosos anti-sistema, ¿a quién se refieren? ¿No son ellos los auténticos anti-sistema?
REFERENCIAS:
Soterramiento M-30
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article12599
Ampliación M-501
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article11407
Desarrollos urbanísticos
Ampliación del SER
http://www.parquimetrosfuera.org/
Permisos de vados
http://www.psoemadrid.org/notas_de_prensa/view/los_vecinos_han_presentado_17_000_recursos_a_la_tasa_de_vados_el_40_de_las_matriculas_de_vados.html
TDT
http://www.publico.es/televisionygente/178727/anulado/adjudicacion/concesiones/tdt/madrid
Bancarrota y despilfarro
El Ayuntamiento está en bancarrota. El Banco de España cifra la deuda en 6.301 millones de euros, habiéndose triplicado desde que Ruiz-Gallardón llegó a la alcaldía. Superamos las deudas de Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia y Zaragoza juntas. Según la Intervención General del Estado, el déficit anual del Ayuntamiento ascendió a 1.531 millones de euros en 2007, cuando desde 2005 el Plan Económico Financiero que el Ministerio de Economía y Hacienda obligó a elaborar al Consistorio debería haber reducido progresivamente el déficit hasta eliminarlo completamente en 2008. Según la Ley de Estabilidad, el Gobierno central podría negarse a aprobar nuevas inversiones y Madrid no podrá endeudarse más.
Recortes y gastos
El Alcalde ya ha anunciado que no se construirán los equipamientos públicos previstos y prometidos en campaña electoral, con lo que pretende ahorrar 200 millones de euros. Se han paralizado ocho instalaciones deportivas, diez centros para mayores, seis escuelas infantiles y tres centros culturales. Además hay muchas instalaciones que se encuentran abandonadas o cerradas (Polideportivo de Las Cruces), o bien han sido cedidas a empresas privadas para que hagan negocio (Polideportivo Fernández Ochoa en el PAU). También se han recortado servicios sociales y asistenciales.
Sin embargo, se mantienen grandes obras que poco o ningún servicio dan a los madrileños, como las instalaciones olímpicas (sólo la Caja Mágica se llevará en 2009 220 millones de euros), la nueva sede del Ayuntamiento en Cibeles (cuyo traslado supone 440 millones de euros), o el nuevo Centro Internacional de Convenciones en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, que costará 360 millones de euros.
En 2009 los madrileños pagaremos 307 millones de euros, 841.000 euros al día, para amortizar los 5.630 millones de euros de las obras de la M-30. Y lo seguiremos pagando hasta 2040. En total 10.400 millones si contamos los intereses financieros: diez veces más de lo anunciado al aprobar el proyecto. Unas obras que además han sido declaradas ilegales por sentencia judicial por carecer de la preceptiva declaración de impacto ambiental.
No es sólo la M-30
Pero las grandes obras innecesarias no son la única causa de la quiebra. Entre 2002 y 2008 se ha triplicado el número de altos cargos y personal de libre designación, pasando de 483 a 1.336, formando un auténtico ejército de colaboradores de Ruiz-Gallardón infiltrados en la estructura municipal para ejercer su control político hasta la más pequeña decisión. El salario bruto de un alto cargo municipal es de 72.000 euros anuales (un millón de pesetas al mes), por lo que estos comisarios políticos nos cuestan 100 millones de euros al año. Casi lo mismo que se ha gastado en los últimos cuatro años para construir equipamientos básicos (escuelas infantiles, escuelas de música, centros de formación, de mayores y asistenciales).
En 2008 miles de mayores se han quedado sin servicio de ayuda a domicilio, la mayoría de los niños en edad de acceder a una escuela infantil pública no encuentran plaza, los jóvenes no tienen un centro juvenil, una cancha deportiva o una biblioteca próxima, no ha mejorado el transporte público, o el acceso a la vivienda es aún más difícil. Sin embargo Ruiz-Gallardón no soluciona los problemas del 2008 porque prefiere gastar nuestro dinero en más obras faraónicas, las de las instalaciones e infraestructuras de la candidatura olímpica de 2016, obras que no darán prácticamente ningún servicio a los madrileños y que fomentarán la especulación.
Subidas y sanciones
Menos servicios pero más impuestos, una subida media de 130 euros por ciudadano. El Ayuntamiento está tramitando la modificación de más de veinte ordenanzas municipales para subir tasas e impuestos: El IBI sube el 18,5% (acumula un 70% de subida desde 2004), se impone una nueva tasa de basuras (59 euros de media por vivienda), suben los parquímetros (5%), los aparcamientos públicos (6,5%), la grúa, los polideportivos, etc. Mención especial para la tasa de los vados, con un aumento medio del 235%, y que se aplica a pesar de haber sido declarada ilegal por sentencia judicial (como la M-30 o la extensión del SER).
Y, para seguir recaudando, nuevas multas, sancionando desproporcionadamente conductas inocuas, con un objetivo no sólo recaudatorio sino directamente represor, como en el caso de la Ordenanza de Publicidad Exterior: 750 euros por buscar en la basura (1.500 si es la basura de algún organismo público). También 750 euros por dar de comer a animales o por arrojar un papel a la vía pública. 1.500 euros por no recoger las deyecciones de animales domésticos. 3.000 euros por repartir folletos en la vía pública. 6.000 euros por realizar pintadas. Etcétera.
Desmantelar lo público para vendérselo a sus amigos
La afirmación es contundente, pero los hechos y los datos hablan por sí solos. Ruiz-Gallardón recauda todo lo que puede de los trabajadores, incluso en contra de resoluciones judiciales, y se lo da a las constructoras y grandes empresas. Privatiza servicios municipales, como bibliotecas, centros culturales, polideportivos, atención al ciudadano, etc., pese a que nos sale más caro y no se da mejor servicio. ¿Acaso hemos notado alguna mejoría en el servicio de limpieza de las vías públicas tras su privatización hace años?
Además se ha dilapidado el patrimonio municipal vendiendo edificios y suelo público, desmantelando el erario municipal o, dicho de otro modo, liquidando lo público, lo que es de todos, para pagar los caprichos del alcalde. Y lo público que pasa a manos privadas va a las manos de los de siempre, siempre buenos amigos de Ruiz-Gallardón. Y entonces surge la duda. ¿Hasta qué punto el exceso de gasto que nos ha llevado a esta situación ha sido un error de cálculo? ¿No será todo, en realidad, una maniobra cuidadosamente calculada?
Recortes y gastos
El Alcalde ya ha anunciado que no se construirán los equipamientos públicos previstos y prometidos en campaña electoral, con lo que pretende ahorrar 200 millones de euros. Se han paralizado ocho instalaciones deportivas, diez centros para mayores, seis escuelas infantiles y tres centros culturales. Además hay muchas instalaciones que se encuentran abandonadas o cerradas (Polideportivo de Las Cruces), o bien han sido cedidas a empresas privadas para que hagan negocio (Polideportivo Fernández Ochoa en el PAU). También se han recortado servicios sociales y asistenciales.
Sin embargo, se mantienen grandes obras que poco o ningún servicio dan a los madrileños, como las instalaciones olímpicas (sólo la Caja Mágica se llevará en 2009 220 millones de euros), la nueva sede del Ayuntamiento en Cibeles (cuyo traslado supone 440 millones de euros), o el nuevo Centro Internacional de Convenciones en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, que costará 360 millones de euros.
En 2009 los madrileños pagaremos 307 millones de euros, 841.000 euros al día, para amortizar los 5.630 millones de euros de las obras de la M-30. Y lo seguiremos pagando hasta 2040. En total 10.400 millones si contamos los intereses financieros: diez veces más de lo anunciado al aprobar el proyecto. Unas obras que además han sido declaradas ilegales por sentencia judicial por carecer de la preceptiva declaración de impacto ambiental.
No es sólo la M-30
Pero las grandes obras innecesarias no son la única causa de la quiebra. Entre 2002 y 2008 se ha triplicado el número de altos cargos y personal de libre designación, pasando de 483 a 1.336, formando un auténtico ejército de colaboradores de Ruiz-Gallardón infiltrados en la estructura municipal para ejercer su control político hasta la más pequeña decisión. El salario bruto de un alto cargo municipal es de 72.000 euros anuales (un millón de pesetas al mes), por lo que estos comisarios políticos nos cuestan 100 millones de euros al año. Casi lo mismo que se ha gastado en los últimos cuatro años para construir equipamientos básicos (escuelas infantiles, escuelas de música, centros de formación, de mayores y asistenciales).
En 2008 miles de mayores se han quedado sin servicio de ayuda a domicilio, la mayoría de los niños en edad de acceder a una escuela infantil pública no encuentran plaza, los jóvenes no tienen un centro juvenil, una cancha deportiva o una biblioteca próxima, no ha mejorado el transporte público, o el acceso a la vivienda es aún más difícil. Sin embargo Ruiz-Gallardón no soluciona los problemas del 2008 porque prefiere gastar nuestro dinero en más obras faraónicas, las de las instalaciones e infraestructuras de la candidatura olímpica de 2016, obras que no darán prácticamente ningún servicio a los madrileños y que fomentarán la especulación.
Subidas y sanciones
Menos servicios pero más impuestos, una subida media de 130 euros por ciudadano. El Ayuntamiento está tramitando la modificación de más de veinte ordenanzas municipales para subir tasas e impuestos: El IBI sube el 18,5% (acumula un 70% de subida desde 2004), se impone una nueva tasa de basuras (59 euros de media por vivienda), suben los parquímetros (5%), los aparcamientos públicos (6,5%), la grúa, los polideportivos, etc. Mención especial para la tasa de los vados, con un aumento medio del 235%, y que se aplica a pesar de haber sido declarada ilegal por sentencia judicial (como la M-30 o la extensión del SER).
Y, para seguir recaudando, nuevas multas, sancionando desproporcionadamente conductas inocuas, con un objetivo no sólo recaudatorio sino directamente represor, como en el caso de la Ordenanza de Publicidad Exterior: 750 euros por buscar en la basura (1.500 si es la basura de algún organismo público). También 750 euros por dar de comer a animales o por arrojar un papel a la vía pública. 1.500 euros por no recoger las deyecciones de animales domésticos. 3.000 euros por repartir folletos en la vía pública. 6.000 euros por realizar pintadas. Etcétera.
Desmantelar lo público para vendérselo a sus amigos
La afirmación es contundente, pero los hechos y los datos hablan por sí solos. Ruiz-Gallardón recauda todo lo que puede de los trabajadores, incluso en contra de resoluciones judiciales, y se lo da a las constructoras y grandes empresas. Privatiza servicios municipales, como bibliotecas, centros culturales, polideportivos, atención al ciudadano, etc., pese a que nos sale más caro y no se da mejor servicio. ¿Acaso hemos notado alguna mejoría en el servicio de limpieza de las vías públicas tras su privatización hace años?
Además se ha dilapidado el patrimonio municipal vendiendo edificios y suelo público, desmantelando el erario municipal o, dicho de otro modo, liquidando lo público, lo que es de todos, para pagar los caprichos del alcalde. Y lo público que pasa a manos privadas va a las manos de los de siempre, siempre buenos amigos de Ruiz-Gallardón. Y entonces surge la duda. ¿Hasta qué punto el exceso de gasto que nos ha llevado a esta situación ha sido un error de cálculo? ¿No será todo, en realidad, una maniobra cuidadosamente calculada?
La sanidad madrileña,... en la UCI
Desde hace unos años, venimos observando como la sanidad madrileña enferma de manera crítica, provocada por un deterioro progresivo del sistema público con el fin de poder justificar la voracidad privatizadora ante los ciudadanos. Los síntomas son más que evidentes: el gasto sanitario per cápita de la Comunidad, cifrado en 102 euros, es 36,23 euros menor que la media de las comunidades autónomas, que alcanza los 138,23 euros. Este síntoma, evidencia que el gasto sanitario público que dedica la Comunidad de Madrid per cápita es el penúltimo respecto al resto de comunidades y el último en tanto por ciento sobre el Producto Interior Bruto (PIB).
Pero hay otros síntomas que evidencian el estado enfermizo de la sanidad madrileña, como por ejemplo el número de pacientes por médico, con 1.708 tarjetas sanitarias individuales por médico, siendo la media de las comunidades de 1.461 pacientes por cada médico, lo que provoca agendas muy cargadas de citas, la reducción de tiempo dedicado a las mismas y demoras respecto a las citaciones para la atención primaria.
El germen que produjo la enfermedad fue la aprobación de la Ley 15/97 de "Nuevas formas de Gestión en la Sanidad", con los votos del PP y PSOE a favor, abriendo el camino que permitió que el sector público sanitario se convirtiera en un mercado, y por ende, en "oportunidades de negocio para las empresas", tal como rezaba en el programa que altos cargos de la consejería de Sanidad entregaron a empresarios en un encuentro mantenido en un hotel y cuya sistencia costaba 1.380 euros.
Fue la aprobación, en diciembre de 2001, de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM), la que desarrolló en el ámbito madrileño lo que la Ley 15/97 había legitimizado, pero no fue hasta el año 2005 cuando la Comunidad de Madrid aceleró el proceso privatizador de la sanidad pública, traspasando a empresas privadas la gestión y explotación, durante treinta años, de los 8 nuevos hospitales mediante el modelo de concesión. Este modelo se aplicó en Gran Bretaña por medio del gobierno de Margaret Thatcher, evidenciando grandes inconvenientes, tanto para los usuarios como para los profesionales de la salud que trabajan en ellos. Problemas incluso reconocidos por un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 2006 que concluye que "los nuevos servicios han sido en general más costosos que si se hubieran empleado los métodos tradicionales" de gestión y financiación pública.
El remate a la débil situación de la sanidad madrileña ha sido que aprovechando la Ley de acompañamiento de los presupuestos para el año 2008, el Partido Popular ha dado un paso más en esta estrategia mediante la aprobación de los mecanismos legales que permiten la conversión de los actuales centros sanitarios públicos en "entidades de derecho privado", así como la creación de 6 empresas de derecho privado destinadas a gestionar "la parte sanitaria" de los nuevos centros (aquella que, supuestamente, no se iba a privatizar nunca). Dicho sistema, que ya está aplicando el PSOE en Andalucía desde varios años, y que es similar a las Fundaciones Sanitarias creadas por el PP en Galicia, trata de eludir los controles del derecho público e incrementar la flexibilidad y precariedad laborales. Sin embargo, esta nueva forma de gestión nunca ha conseguido evidenciar una mayor eficiencia sanitaria con el paso de los años.
Esta privatización, ya no encubierta pero si ocultada por los medios de comunicación y por la administración, ha continuado con los Centros de Especialidades de Pontones y Quintana, y a no mucho tardar se ampliará con otros Centros de Especialidades y Centros de Salud , que según la nueva zonificación sanitaria pasarán a depender de los nuevos hospitales, con lo que esto significa si el centro de salud proyectado en el nuevo Bercial llega a construirse.
Se ha abierto la veda y el gran negocio de la salud ya está en marcha. Con nuestro dinero y sobre todo con nuestra salud, algunos intentan conseguir grandes beneficios económicos, y si no hacemos nada lo van a conseguir.
La protección de la salud es un derecho, y es nuestro deber defender su universalidad, equidad, y solidaridad.
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